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Análisis

Colombia, inundaciones. El modelo de desarrollo y la negligencia histórica

Autor: Juan Pablo Soler y Danilo Urrea
11 Diciembre de 2010

Luego de la cruda oleada invernal en curso en el país, alrededor (hasta el momento de escribir esta nota –noviembre 30) de 138 personas han perdido la vida, y los modos de supervivencia y bienes materiales de cerca de 300 mil familias han quedado bajo las aguas, producto del desbordamiento de ríos y deslizamientos en diversas regiones del país.

De los 32 departamentos de Colombia, 28 han registrado emergencias por inundaciones, a tal punto que se ha declarado por parte del gobierno nacional la calamidad pública2, estado que seguramente aumentará la solidaridad internacional, lo cual le da continuidad a la misma dinámica año tras año: se atienden poco menos que a medias las emergencias pero jamás las causas que las provocan. Lo dramático es que cada vez son más las personas damnificadas, y se torna imposible responder a las emergencias. Este año, de acuerdo con los reportes del Ministerio del Interior, los departamentos con más damnificados son Bolívar (264 mil), Magdalena (161 mil), Córdoba (151 mil) y Sucre (107 mil). Chocó y Antioquia también registran cifras importantes, con 88 mil y 76 mil afectados, respectivamente3.

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)4, las lluvias dejan hasta ahora 1.678.000 damnificados, cifra que crecerá con el pasar de los días, dado que el invierno se mantendrá hasta el primer trimestre del próximo año debido al fenómeno de La Niña, acontecimiento que tiene lugar desde 1903 pero del cual sus impactos y su duración son cada vez mayores. No se debe perder de vista, como lo afirma Sergio Erazo, que el clima es cada vez más variable, y los eventos meteorológicos se hacen cada vez más entremos, con más episodios de frío y calor5.

Las consecuencias de un modelo de desarrollo

Las inundaciones y los deslizamientos suelen justificarse por el aumento de las lluvias, pero realmente se tornan dramáticos por la baja capacidad de la tierra de absorber o evacuar las aguas, y en la mayor parte de las regiones donde se presenta esta baja capacidad es resultado del manejo y (mal) cuidado que se les dan a las cuencas hidrográficas (deforestación, contaminación, cambios de uso de suelo), los usos de las aguas (represas, trasvases, riego), la planificación urbana (presión sobre las cuencas para abastecimiento, desecación de humedales para construcción, canalización de caños y ríos), y/o la intensificación de prácticas agrícolas o de ganadería insustentables de gran escala, todas ellas promovidas por un modelo de desarrollo al que se arrodilla una desatinada política de gestión del agua, la energía y el territorio en Colombia.

Las partes bajas y medias de las cuencas de los ríos Cauca, Magdalena y Sinú son casualmente las zonas de mayor desastre y riesgo ante la oleada invernal, y también las que más han contando con intervención humana. En estas regiones se puede encontrar el mayor número de proyectos de riego de gran escala: represas, vertimientos, desecación de humedales, entre otros.

En el Bajo Sinú, las comunidades han vivido ancestralmente con las inundaciones, formas de vida por las que fueron denominadas culturas anfibias. Otrora, las inundaciones representaban la oportunidad de fertilizar la tierra, abastecerse de leña y aumentar la producción de pescado. Sin embargo, la intervención de la hidrodinámica de la zona, por parte de empresarios agrícolas y ganaderos y la represa Urrá I, ha provocado que las inundaciones hoy día se presenten en lugares inusuales, puesto que los conductos naturales por donde el agua corría o se depositaba han sido taponados para darle paso a la expansión de actividades ajenas a la vocación de las tierras, y de campesinos y pescadores de la región. Esta situación se constata en el testimonio de uno de los pescadores de la Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú (ASPROCIG), quien asegura que cerca de 23.000 hectáreas han sido desecadas en esta región para sembrados de gran escala y ganadería6.

Las comunidades que viven aguas abajo de la represa de Betania y el Prado, en el suroccidente y el centro de Colombia, respectivamente, hoy deben mantenerse en estado de alerta frente a posibles descargas de los embalses debido al aumento del volumen de agua por el incremento de las lluvias, según lo ha manifestado en los últimos días el IDEAM7. El nivel de alerta implica, por tanto, estar atentos frente a un desalojo repentino; los proyectos que en el momento de su construcción fueron argumentados bajo la hoy manifiesta falacia de garantizar el control de las inundaciones y la seguridad de la población frente a las mismas los mantiene hoy en riesgo de desalojo.

A pesar de que lo hechos demuestran que la solución planteada de prevención a base de represas es un fracaso, y de que las comunidades con ancestrales conocimientos –indígenas, campesinos, negros y pescadores– han advertido numerosas veces que la opción es conservar la hidrodinámica natural de las cuencas y la preservación de los humedales, madres viejas, y selvas, las instituciones de control, gobiernos de turno y empresas siguen promoviendo más represas, como el proyecto del río Sinú, más conocido como Urrá II. Al mismo tiempo, se siguen privilegiando proyectos mineros que alteran los meandros naturales de los ríos, como ha sucedido en la cuenca del Tunjuelito, en Bogotá, entre muchos otros ejemplos que se pudieran entregar, y la deforestación de selvas y desecación de humedales en diversas partes del país para la implementación de plantaciones extensivas.

Como hemos visto, mientras el modelo caracterizado por el extractivismo y la reprimerización de la economía colombiana exacerba los conflictos sociales y ambientales, y restringe las posibilidades de soberanía de los pueblos, la responsabilidad de las inundaciones y de la crisis ambiental-humanitaria se quiere atribuir a la naturaleza y desligarla de sus directos responsables –gobiernos de turno, ausentes de la construcción de políticas de prevención y de ordenamiento integral del territorio de acuerdo con las necesidades reales de las poblaciones y no de las empresas, capitales corporativos extractivistas que fragmentan y destruyen los ciclos hidrológicos y el equilibrio natural.

La enseñaza es clara. Se repite ante nuestros ojos y con las tragedias que tienen que sobrellevar miles de compatriotas año tras año: la política de gestión y ordenamiento territorial y prevención ha fallado, vidas humanas, y bienes materiales e inmateriales se han perdido y se seguirán perdiendo, mientras no se dé un cambio estructural en la formulación y la ejecución de las políticas gubernamentales que insten por el bienestar de todos los pueblos y comunidades de Colombia.

1    Los autores del artículo hacen parte de Otros Mundos Colombia y CENSAT Agua Viva-Amigos de la Tierra Colombia, respectivamente.
2    El ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, ha manifestado al diario El Universal que se está preparando un decreto que declara el estado de desastre nacional. Ver http://www.eluniversal.com/2010/11/26/int_art_colombia-decretara-e_2119144.shtml.
3    Revista Semana. Lluvias: declaran calamidad pública en 28 departamentos del país. Noviembre 18 de 2010.
4    Citado por revista Semana en Invierno en Colombia: el peor de los últimos 30 años. Noviembre 13 de 2010.
5    Citado por Agencia de Noticias EFE en La Niña y cambio climático congelan Sudamérica. Disponible en http://galayza.perublog.net/2010/07/23/cambio-clim-tico-y-la-ni-a-congelan-y-extreman-el-clima-no-solo-en-sudam-rica

 

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6    VII Seminario de Desarrollo Sostenible, Energía y Paz. Autonomía, Seguridad o soberanía energética. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Noviembre 25 y 26 de 2010.
7    IDEAM. Boletín Técnico Diario número 329. Noviembre 25 de 2010. Disponible en http://www.pronosticosyalertas.gov.co/jsp/index.jsf.

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