Las organizaciones y personas abajo firmantes manifestamos nuestra enorme preocupación por las medidas propuestas por el Gobierno nacional para dar continuidad a las audiencias públicas y trámites ambientales, pidiendo “procedimientos abreviados” para obtener licencias ambientales, transformando de esta manera los mecanismo y rutas legislativas establecidas en la constitución de Colombia. El uso de estas plataformas no es el medio idóneo para su ejercicio en una situación de emergencia nacional; y, además, el acceso al derecho quedaría limitado a aquellas comunidades que cuenten con los recursos para tal fin, cuya cifra resulta ínfima y además desconoce las formas propias de los procesos asamblearios de toma de decisiones.
Entendemos que este momento haya priorizado los procesos virtuales, como una forma de conectar y comunicar a las poblaciones en aras de controlar y mitigar la propagación del Covid-19. Sin embargo, proponer virtual izar un derecho fundamental como la participación, de antemano excluye e impide la voz de la mayoría de la población, teniendo en cuenta las condiciones sociales y de conectividad con las que cuenta el sector rural en Colombia. Afectando de esta forma normas fundamentales como el artículo 79, el cual establece que: «todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines…”.
Según datos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones “en Colombia, cerca de 21,7 millones de personas tienen el privilegio de contar con acceso a esta tecnología. Llegar a conectar a los 23,8 millones de colombianos que no cuentan con ese beneficio, es uno de los retos más grandes que tiene el país, este segmento de la población se concentra en regiones apartadas y en las ciudades en los estratos más bajos (1 y 2); además es importante tener en cuenta que en las zonas rurales los servicios son itinerantes por lo mismo la conectividad no es permanente. Adicionalmente, estas zonas apartadas son los lugares donde se ubican en su mayoría las poblaciones indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras, Room y campesinado del territorio colombiano.
Uno de los argumentos para plantear este tipo de medidas virtuales es mantener la participación mientras estamos en aislamiento preventivo; pero es claro que viola el principio constitucional y los lineamientos de la Corte Constitucional frente al tema, ya que los procesos de participación no se resumen en un trámite, es por ello que tienen el alcance de derecho de carácter fundamental, por lo que deben realizarse de forma directa con las comunidades que serán afectadas en el caso de los proyectos extractivos, garantizando condiciones de acceso a la información, socialización y toma conjunta de decisiones, aspectos que privilegian la autodeterminación de los pueblos, así pues en el caso de su propuesta estaríamos hablando de una adopción de medidas regresivas en materia de derechos humanos.
Ahora frente a la conectividad y recursos tecnológicos de las comunidades resulta irrisorio que si no se ha alcanzado las metas presentadas por las TICS desde 2018 se pueda alcanzar el 100% de participación en este momento, por lo cual nos preguntamos ¿cómo garantizar la progresividad y no la regresividad de los derechos al ambiente sano y a la participación si la virtualidad genera relaciones de exclusión? Este tipo de disposiciones desconocen la territorialidad y las realidades de las poblaciones.
Consideramos que las consultas, trámites y audiencias asociadas a los proyectos extractivos o que afectarán significativamente a las comunidades deben ser suspendidas mientras enfrentamos la crisis generada por el Covid-19, e invitamos a seguir construyendo junto a los pueblos la exigencia de reglamentar la consulta previa y la participación alrededor de los proyectos extractivos, a respetar el carácter de derecho de los pueblos étnicamente diferenciados y a quienes dicen no a este tipo de intervenciones en sus territorios.
De la misma manera, nos preocupa la insistencia de algunos sectores empresariales, que han enviado propuestas al poder ejecutivo con el fin de promover procedimientos abreviados para trámites de regalías, de consulta previa y licencias, con el objeto de acelerar la productividad en los sectores que degradan los ecosistemas del país.
En esta medida, nos genera desconcierto que el gobierno colombiano eximiera en el decreto 593 en la cuarentena actividades como la minería, aun cuando no son de primera necesidad ni son indispensables para la vida en Colombia. Empresas como la AngloGold Ashanti en municipios como Jericó, han aprovechado esta situación para seguir trabajando en sus procesos de licenciamiento en campo y no están en etapa de explotación, aun cuando el decreto plantea que pueden operar y realizar mantenimientos “de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación, exportación y suministro de minerales”. Es urgente la suspensión temporal de actividades extractivas, por considerarlas no esenciales en el marco de la pandemia, y en cambio significar un grave riesgo para la expansión de la COVID-19 en los territorios de las comunidades étnicas.
En el caso de los trámites ambientales, reconocemos que para proteger a los colombianos y colombianas se hace necesario suspender visitas y trámites presenciales, además celebramos que se privilegie mantener los trámites relacionados con las concesiones de aguas con un enfoque para consumo humano relacionado con los usos domésticos y agrícola a pequeña escala.
Por otro lado, nos preocupa que aún se mantenga las nuevas solicitudes relacionadas con trámites ambientales, y que en el caso de control y seguimiento ambiental se sostenga que este será documental si se cuenta con la información ambiental pertinente, puesto que muchas veces la información es entregada por quienes generan los impactos al ambiente, por lo cual no existe una rigurosidad en los tramites y proceso para la aprobación de estos proyectos.
Exigimos que en estos tiempos de pandemia se derogue las medidas que van en retroceso de los derechos humanos y ambientales de nuestro territorio. El planeta y quienes habitamos en él, necesitamos cambios reales que impliquen conectarnos más con la naturaleza, no medidas que fomentan modelos de desarrollo que han impactado negativamente los territorios. A razón de ello, demandamos una moratoria a los proyectos extractivos que se están en licenciamiento e iniciando trámite ambiental.
Firman:
Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra, Colombia.