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FRENTE A LA ACTUALIZACIÓN DE LA NDC
DE COLOMBIA
El Gobierno Nacional se encuentra en proceso de presentar ante el país y ante el mundo la actualización de la Contribución Nacional Determinada (NDC), es decir, sus compromisos para cumplir el Acuerdo de París y contribuir a enfrentar la crisis climática. Diversas voces de la sociedad civil, entre ellas juveniles, académicas, indígenas, afrocolombianas y de organizaciones no gubernamentales, nos unimos para analizar la propuesta gubernamental sometida a una consulta virtual y pronunciar públicamente nuestra alarma por la marginalidad, timidez e indefinición de las medidas, así como para expresar nuestra preocupación por la ausencia de voluntad política para
construir una estrategia estructural que combata las causas y las consecuencias de esta crisis con la urgencia y determinación que se requiere. Si bien reconocemos algunos avances con respecto a la NDC de 2015, consideramos que lo reflejado en el documento borrador de la NDC frente a la acción climática no será efectivo y conducente a cumplir la meta del Acuerdo de París, entre otras, por las siguientes razones:
1. Desconoce la relación de la crisis climática con la industria de combustibles fósiles. Las acciones y metas que se establecen para el sector minero-energético son ornamentales y no comprometen sus planes y proyecciones hacia el futuro, que son susceptibles de anular cualquier esfuerzo climático como, por ejemplo, la extracción de carbón, la construcción de nuevas termoeléctricas en el país y la extracción de hidrocarburos de yacimientos no convencionales y aguas ultra-profundas.
2. No da cuenta de estrategias encaminadas hacia la concreción de una transición energética justa y democrática en Colombia, y a planes de descarbonización de la economía.
3. En concordancia con lo anterior, llamamos la atención sobre la ausencia de una meta determinada de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Esta meta debe articularse con el compromiso de ser carbono neutro en 2050 (un concepto que debe problematizarse) y someterse a procesos de participación efectiva. Como ciudadanía enfatizamos en que los esfuerzos climáticos no deben enfocarse en la medición neta del carbono, sino en criterios de justicia climática, derechos humanos y biodiversidad.
4. No presenta una meta determinada sobre deforestación. Recordamos el compromiso de Colombia en la NDC de 2015 de reducir la deforestación neta a cero. La nueva propuesta no analiza las causas estructurales del fracaso en su cumplimiento y las medidas que las enfrentan.
5. Hay ausencia de un enfoque de derechos humanos y justicia climática en todo el borrador. Nos preocupa la ausencia de interés del Estado por comprender y enfrentar las inequidades y desigualdades preexistentes que conllevan a una distribución de cargas inequitativas entre poblaciones que han sido históricamente vulneradas y cuya situación se exacerba con la crisis climática. Adicionalmente, la NDC no contempla los riesgos desproporcionados sobre algunas poblaciones como mujeres, pueblos étnicos, personas con discapacidad y comunidades rurales y otros; así como la necesidad de incorporar enfoques diferenciales para facilitar su participación y definir medidas idóneas que protejan sus derechos.
6. La actualización de la NDC ignora las prácticas y cosmovisiones de cuidado y sustentabilidad que ejercen comunidades a lo largo y ancho del país. En consecuencia, no las identifica como posibles sujetos e interlocutores de acción climática efectiva sino como receptores de políticas estatales preconcebidas en narrativas y lógicas ajenas. Los sistemas de conocimiento tradicionales indígenas y locales son estrategias vitales de mitigación y adaptación y deben ser reconocidos como tales. Mucho menos se propone derribar los obstáculos que estas comunidades enfrentan para el ejercicio de sus prácticas de sustentabilidad y cuya solución está en manos del propio Estado como, por ejemplo, la
garantía de derechos territoriales, a la participación, a la soberanía alimentaria y, lamentablemente, en muchos casos, al derecho a la vida.
7. En las medidas de adaptación pasan desapercibidos los megaproyectos extractivos, de infraestructura y agroindustriales que afectan la resiliencia de los ecosistemas y las comunidades. No se determina la responsabilidad de los actores privados, como tampoco se revisa su categorización por parte del gobierno nacional como proyectos de utilidad pública e interés general.
8. La NDC desconoce la inmensa importancia y al mismo tiempo la fragilidad de los océanos y zonas costeras, así como a las comunidades que conviven con ellos y que son especialmente vulnerables a los eventos climáticos. Adicionalmente, no contiene metas certeras frente al riesgo de estrés hídrico: si bien reconoce la importancia de los ecosistemas de Alta montaña (Bosques alto andinos + Páramos), dentro de las metas de adaptación únicamente incluye medidas de protección sobre los páramos, con lo que segmenta la integralidad ecosistémica y despoja a los bosques altoandinos de dicha protección. Tampoco incluye medidas de protección certeras sobre las cuencas abastecedoras de los acueductos susceptibles al desabastecimiento, en especial frente a actividades industriales a
gran escala y de alto impacto ambiental.
9. Aunque la NDC considera los efectos de la COVID-19 en el escenario de referencia y hace mención a la alineación de los compromisos climáticos con el proceso de reactivación económica, no señala cómo esta debe ser compatible con los objetivos climáticos y sensible a las nuevas brechas de desigualdad que se abren. Nos preocupa que no exista un diálogo entre documentos que paralelamente se están construyendo como lo son la actualización de la NDC y el CONPES de reactivación económica. Esto principalmente por los esfuerzos fiscales que se llevarán a cabo en el
marco post COVID-19.
10. Finalmente, llamamos la atención sobre el derecho a la participación efectiva de la ciudadanía. No se trata solamente de que esta haga parte de procesos de gestión del cambio climático y asistencia a espacios de socialización, sino que pueda incidir de forma real en las políticas y acciones climáticas. En el caso de comunidades étnicas, debe respetarse el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, con respeto a sus autoridades propias que han garantizado, en sus propios territorios, la sustentabilidad cultural y ecosistémica de sus pueblos. Por
otro lado, las y los jóvenes en Colombia son quienes sufrirán los mayores impactos de la crisis climática; la acción climática no puede ser un asunto de gestión técnica, sino una política de Estado estratégica que las y los involucre en todos los aspectos educativos, laborales, culturales y políticos.
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