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La sed del carbón. Causas estructurales de la sequía en La Guajira
Atribuir la sequía que se vive en gran parte del país al fenómeno del Niño o a los efectos del cambio climático, y presentar los conflictos y las consecuencias por la falta de agua como producto de fenómenos naturales, resulta en principio una explicación ligera y conveniente para el gobierno colombiano e instituciones como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En el caso concreto del departamento de la Guajira, relacionar directa y únicamente la crisis de acceso al agua con los llamados fenómenos naturales, desvía la atención de las causas subyacentes que pueden haber originado el conflicto. Una breve mirada a la historia reciente de este departamento de la Costa Caribe colombiana, genera inquietudes sobre los factores que han llevado a que la situación actual se torne insostenible.
Si se tiene en cuenta la transformación territorial que ha vivido La Guajira, donde en menos de 30 años las principales fuentes de agua se han contaminado, acaparado, despojado y controlado por las industrias minera y agrícola, y por los ganaderos, las explicaciones a la crisis de agua en dicha región podrían vislumbrarse en causas diferentes a los fenómenos naturales.
Las comunidades despojadas de sus territorios, y que constituyeran más de dos siglos atrás poblados de negros y cimarrones, como Caracolí, Manatial, Oreganal, Tabaco, entre muchos otros, recuerdan la abundancia de agua en ríos, arroyos, manantiales y fuentes tanto superficiales como subterráneas, en donde sus culturas emergieron y se consolidaron en torno a los patrimonios hídricos. También así lo señalan las comunidades indígenas que hoy en Resguardos como Provincial o el Cerro de Hato Nuevo recuerdan con añoranza la herencia hídrica que la naturaleza y sus ancestros les entregasen para establecerse y pervivir como culturas originarias, y que al tiempo permitieron la producción agrícola y pecuaria con la que garantizaban la soberanía alimentaria. En los pueblos guajiros, como lo manifiestan tanto los cabildos gobernadores indígenas como los lideres y lideresas afrodescendientes, y de acuerdo a la transmisión de conocimiento de los mayores, las tierras eran fértiles y productivas, se cultivaba teniendo en cuenta la seguridad de la llegada de las lluvias y la provisión de aguas del Río Ranchería, del que incluso recuerdan sus aguas cristalinas. Otra de las actividades comunes era la pesca en los arroyos cercanos y en el Ranchería, y el pastoreo asociado a las bondades de las zonas ribereñas de los ríos y arroyos.
En coincidencia con la desaparición y contaminación paulatina de las fuentes de agua, tres décadas atrás y hasta nuestros días, se ha desarrollado en la costa norte de Colombia la minería de carbón a cielo abierto, agenciada por la multinacional El Cerrejón. No es un secreto que cualquiera de las explotaciones mineras conlleva, necesariamente, impactos a las aguas y conflictos ambientales por el agua que se expresan en la privatización de las fuentes, por factores como la apropiación de grandes cantidades del líquido para el aprovechamiento minero, y la contaminación producto de la extracción de carbón y la remoción de material “estéril”1 que al ser expuesto a condiciones atmosféricas (agua y aire) reacciona generando sustancias químicas peligrosas que ocasionan la afectación irreversible de las cuencas hídricas.
Tampoco es un secreto que la multinacional El Cerrejón utiliza cantidades exorbitantes de agua. La empresa en sus planes de manejo señala que diariamente necesita 17 millones de litros extraídos del Río Ranchería para regar las vías por las que transitan las volquetas, y con ello intenta aplacar el polvo -que de cualquier manera terminará contaminando otras fuentes de agua y el aire que respira la población-, mientras el consumo promedio de una persona al día en la alta Guajira, según datos del PNUD, es de 0,7 litros de agua no tratada. Al tener en cuenta estas cifras, es innegable que existe acaparamiento del agua por parte de El Cerrejón, y contrasta de manera dramática con las posibilidades de acceso al agua y de mantener la vida para la población guajira. Mientras la empresa en puerto cuenta con plantas desalinizadoras que garantizan agua para la explotación minera y para sus trabajadores, en la alta guajira, como se dijo, se cuenta con menos de un litro de agua al día, y en la media guajira no se alcanzan los estándares reconocidos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas, de un promedio mínimo de 50 litros de agua al día para llevar una vida digna.
Además del acaparamiento, de la apropiación del agua para el aprovechamiento minero, en los territorios guajiros se han desecado fuentes que en el pasado representaban la posibilidad de existencia y el desarrollo del acervo cultural de los pueblos. Según las comunidades indígenas y afrodescendientes de la región, los arroyos de Tabaco, Cerrejoncito, Araña e' gato, Bartolico, entre muchos otros, desaparecieron producto de la actividad minera. Algunos fueron desviados para que entregaran agua al complejo minero, otros se contaminaron por el polvillo de carbón y otros se profundizaron consecuencia de las voladuras de la minería.
En las condiciones actuales del departamento, donde las transformaciones territoriales han ido de la mano con el acaparamiento y control de las aguas por parte de las empresas multinacionales, se genera escasez de agua. Aquí también es importante desmitificar el discurso creado para legitimar la sed de La Guajira como producto de un fenómeno de escasez que se quiere presentar como natural, cuando el surgimiento de esta condición es el resultado del despojo de las fuentes y su utilización en actividades contrarias a las necesidades de la vida humana, animal y vegetal.
Por otro lado, el control del patrimonio hídrico de las y los guajiros se sirve de un componente adicional. Las comunidades han denunciado la militarización de las fuentes de agua para evitar que la población acceda a ellas. Situación que de comprobarse haría posible identificar la utilización del monopolio de las fuerzas armadas del Estado al servicio de una empresa, en un claro desdibujamiento del Estado Social de Derecho y de las funciones y deberes del Estado colombiano.
Ahora bien, retomando la inquietud sobre las causas de la sequía en La Guajira, y atendiendo a las explicaciones del gobierno nacional respecto al fenómeno del Niño, surgen otras inquietudes. Si fuese ésta la causa ¿Cuántos años se ha presentado el fenómeno del Niño en Colombia? y ¿Cómo se ha construido una política pública de agua acorde a las realidades territoriales y que busque la prevención de este tipo de eventos?
Sin lugar a dudas, la política nacional de agua se construye con la marcada ausencia del análisis de las realidades territoriales. Es decir, de espalda a las necesidades concretas de los pueblos y con énfasis en la búsqueda de ganancia para el sector empresarial, principalmente transnacional, tal y como lo demuestra la historia de las privatizaciones de la gestión del agua, iniciadas en el año 1994 coincidencialmente en la Costa Caribe del país, uno de los lugares que con mayor rigor ha sufrido hoy la sequía y la falta de acceso al agua potable.
Así, aunque el fenómeno del Niño y el trillado discurso del cambio climático parecieran funcionar más como vectores de ocultamiento de las posibles verdaderas causas de la sequía que enfrenta el país, que por la conjunción de hechos presentados este año -como los del mes de marzo en los llanos orientales (sin que adviniera aún el fenómeno del Niño) y la muerte de más de veinte mil animales- apuntan al extractivismo como causa subyacente de la sed que atraviesa Colombia, su enunciación permite desnudar la ausencia de política pública de agua adecuada a la geografía y a las características de la población y sus territorios.
De otro lado, nos preguntamos si se debe seguir buscando la fiebre en las cobijas y con esto generar estrategias desacertadas en las que las propuestas de solución pasan por comprometer a las empresas como El Cerrejón en la construcción de políticas públicas de agua en La Guajira, con la venia de carteras ministeriales como la del Interior, y premiando las acciones que han llevado a la crisis del agua con una nueva asignación de los recursos de la nación a las fundaciones de mal llamada responsabilidad social empresarial. O si, por el contrario, y en cumplimiento de los preceptos constitucionales y la garantía del derecho a la salud, a la alimentación, a gozar de un ambiente sano, entre otros, en ejercicio de la soberanía territorial y dando cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos por Colombia para garantizar el derecho humano al agua, se asume rigurosamente la protección especial de los ecosistemas esenciales que regulan el ciclo del agua, tal y como lo levantaran las justas y vigentes reivindicaciones que un sinnúmero de organizaciones, procesos y movimientos sociales presentaron en años anteriores a través de la propuesta de Referendo por el Agua, con el que se perfilaban soluciones profundas a las causas estructurales de los conflictos por el agua en Colombia. Sumado a ello, no se puede dejar de lado la necesidad imperante de diseñar una política pública de agua de acuerdo a las cosmovisiones y prácticas tradicionales de las y los colombianos en las zonas donde hoy los niños y niñas mueren por la sed y la desnutrición, y con ello se garantiza la posibilidad de vida de la población y la permanencia en los territorios, por encima de los privilegios con los que en la actualidad cuenta la industria extractiva en todas sus nefastas formas y manifestaciones.
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Autor: Danilo Urrea CENSAT Agua Viva -Amigos de la Tierra Colombia-
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