El 11 de noviembre en una audiencia pública nacional, el gobernador Carlos Julio González expondrá todos los problemas de la hidroeléctrica El Quimbo y dejará en firme que el departamento se opone a más proyectos en su territorio.
La hidroeléctrica de El Quimbo entró en funcionamiento en el 2015 y muchos antes de su inauguración ha estado rodeada de cuestionamientos y críticas. Entre ellas están: oxigenación inadecuada del agua, biomasa y material orgánico que no se retiró antes del llenado y poblaciones que no se tuvieron en cuenta en las compensaciones. (Vea: Un desastre forestal llamado Quimbo)
El próximo 11 de noviembre se realizará en Garzón (Huila) una audiencia pública ambiental en la que se discutirá a fondo el proyecto y los manejos que la empresa Emgesa le ha dado a la hidroeléctrica.
Carlos Julio González, gobernador del Huila, dijo que en esa audiencia, que podría prolongarse durante varios días, se exigirá el cumplimiento de todas las compensaciones sociales, ambientales y económicas. “Queremos dejar en claro que el Huila se opone a la construcción de más centrales hidroeléctricas. Los 37 municipios del Huila rechazan el Plan de Manejo del Río Magdalena”. El mandatario está a la espera de que el presidente firme el Compes del macizo colombiano y solicitó que se acompañe con un Compes especial para el río Magdalena.
Después de que una primera audiencia pública nacional ambiental fuera rechazada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) hace unos años, los nuevos incumplimientos fueron motivo suficiente para que esta vez sí se programara la reunión. “Exigimos las compensaciones de la licencia. Hay serios incumplimientos ambientales y de hecho ya se han dado sanciones. Se hizo un censo de afectados insuficiente. Hay más de 1.100 pescadores desempleados”, dice González.
Otro de los puntos que tiene inconforme a los diferentes mandatarios locales del Huila es que a pesar de generar energía para todo el país, la población huilense no se ha beneficiado con la reducción de tarifas de energía eléctrica. “No nos oponemos al desarrollo y a la inversión, pero sí a lo que va en contra de la sostenibilidad de nuestro territorio y nuestra gente”.
Amilkar Acosta, director de la Federación Nacional de Departamentos y exministro de Minas, también criticó el Plan de Manejo del río Magdalena, al asegurar que el interés se reduce a su cauce y navegabilidad pero no a su sostenibilidad y eso involucra a la cuenca. “En este caso hay que buscar el ahogado aguas arriba, porque el deterioro empieza en el nacimiento del río”.
Acosta aseguró que la energía hidroeléctrica no es limpia ‘per se’ y que se debe analizar la huella de carbono que deja la construcción y operación de la central. “La variable ambiental debe estar incorporada desde la etapa de diseño del proyecto y eso no ha venido ocurriendo. El Huila no está solo en esta lucha y cuenta con el respaldo de todos los departamentos de Colombia”, aseveró.
Un duro reclamo
Miller Dussan, líder de la Asociación de afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo (Asoquimbo), aseguró que en el proyecto se hizo sustracción de áreas sin tener aún la licencia ambiental y que unos estudios de la Contraloría en 2014 y 2016 muestran claramente los problemas de la hidroeléctrica. “Una de las grandes responsables es Anla porque no vigiló e incluso le trasladó el control de las compensaciones a Emgesa. En la audiencia exigiremos que el Estado pague por el desastre en que dejó a la comunidad y al Huila”, dijo.
Dussan fue más lejos al asegurar que hace unos días la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) dijo que realizaron mediciones en los puntos de muestreo del proyecto y que la oxigenación del agua está por debajo de 2,5 miligramos por litro (mg/L) e incluso fue más allá al sugerir que la empresa estaría inyectando oxígeno en los puntos de muestreo para que la oxigenación parezca ser mayor a 4 mg/L.
“Ya se inició el proceso de descomposición de 1.000 hectáreas de material orgánico, de 50.000 metros cúbicos de biomasa y ese proceso durará 8 años, tiempo durante el cual la calidad del agua no podrá mejorar naturalmente”. Según dice, hay más de 3.500 personas afectadas y se ha disminuido en 98% la pesca artesanal en el tramo que llega hasta el embalse de Betania. “Instituciones como la Anla deben desaparecer. Su única función es servirle de Notaría a las multinacionales”.
Ante los cuestionamientos Claudia Victoria González, directora de la Anla, dijo que la entidad pidió un contramuestreo de las mediciones de agua que realiza Emgesa y que los resultados, entregados por diferentes laboratorios pero ambos certificados, son muy similares y la calidad del agua alcanza a estar en los niveles mínimos. “En ningún momento la entrada al embalse de Betania baja de 4 mg/L”, afirmó.
De izquierda a derecha: Claudia González, directora de la Anla; Carlos Julio González, gobernador de Huila; Amylkar Acosta, director de la Federación Nacional de Depratamentos.
Algunos dicen que será necesario vaciar el embalse para retirar la biomasa y el material orgánico, mientras que otros aseguran que eso sería fatal para la seguridad eléctrica del país, además de que los costos de dicha operación serían supremamente elevados. El 9 de noviembre se preparan dos movilizaciones, una en Neiva y otra en Pitalito. Mientras argumentos van y vienen, la gobernación en cabeza de Carlos Julio González se opondrá rotundamente a los proyectos hidroeléctricos en el Huila en la audiencia pública ambiental del 11 de noviembre, en dicha reunión destapará cartas técnicas y ambientales con las que cree podrá ganar la batalla contra lo que considera “el terrible desastre de El Quimbo”.
Tomado de SEMANA SOSTENIBLE