La empresa Epsa Celsia del grupo Geo Argos incumple y viola permanentemente los derechos de los Consejos Comunitarios de la Toma, Meseta y Puerto

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Consejos Comunitarios de la Toma, Meseta y Puerto del municipio de Suárez, Cauca

Compartimos con ustedes el comunicado público emitido por los Consejos Comunitarios de la Toma, Meseta y Puerto del municipio de Suárez, Cauca

La central hidroeléctrica de La Salvajina (CHS), construida entre 1978 y 1985, está ubicada en el municipio de Suárez, Cauca-Colombia. Su zona de influencia incluye los municipios de Suárez y Morales, y aguas abajo todos los municipios que riega el rio Cauca. Los principales motivos, oficialmente mencionados, para su construcción fueron: evitar las inundaciones, la producción de energía y mantenimiento de un nivel bajo de contaminación en la zona de extracción de agua potable para la ciudad de Cali; pero en realidad, este proyecto se planeó para la consolidación del progreso de la agroindustria de la caña de azúcar y el desarrollo del valle geográfico del rio Cauca, en la lógica de acumulación capitalista para las elites de la región. Desde su construcción y en el ejercicio de su operación se han derivado graves afectaciones a las comunidades de los consejos comunitarios que subsistían alrededor del rio Cauca y en el transcurso de este tiempo dichas afectaciones NO han sido resueltas por la empresa responsable que opera la central, generando una crisis ambiental, social y cultural por los impactos acumulados durante 43 años.

En un principio, la CHS fue operada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y a partir de 1994 es operada por el conglomerado Celsia-Argos, compañía que sigue haciendo conejo a la población afectada, incumplimiendo los acuerdos pactados.

Recordemos los nefastos impactos para los ecosistemas naturales de la región, donde se perdieron enormes zonas afectando la flora, la fauna y la vida comunitaria, cambiando radical, abrupta y permanentemente el escenario de vida cotidiana; afectando la vida del rio Cauca y las relaciones de las comunidades con el mismo.

Desde su construcción hubo un desplazamiento de más de “6000 personas entre campesinos, indígenas y afrocolombianos de los municipios de Suárez, Morales y Buenos Aires y (…) desplazamiento de cientos de familias, que perdieron sus viviendas, fincas y minas”[1]. Estas circunstancias dieron origen a la movilización de 1986 y a la firma del Acta del 86, un “Acta de compromiso con los representantes de las comunidades [negras] campesinas e indígenas afectadas con la construcción de la represa de La Salvajina en el departamento del Cauca entre el gobierno, la CVC, los alcaldes de Buenos Aires y Morales y los delegados de las comunidades negras, campesinas e indígenas afectados directa e indirectamente con la ejecución de la obra”[2]. No obstante, este compromiso nunca se materializó.

Este sería el primero de los muchos incumplimientos hacia las comunidades, tanto del  Estado como de los privados, quienes han padecido el abandono estatal y la negligencia de las empresas que se negaron a realizar las consultas previas necesarias para formular el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el mantenimiento y la operación de la represa; solo bajo la presión de los consejos comunitarios se inicia el proceso de consulta en el año 2012, pero sin la real voluntad política de la compañía Celsia-Argos, lo que ha llevado a la dilación del proceso por más de 8 años, demorando así la reparación a las víctimas de este proyecto.

En este sentido, los consejos comunitarios de Pureto, La Meseta y La Toma con sus juntas de gobierno y la Asociación de consejos comunitarios de Suárez-ASOCOMS, reiteramos la exigencia del cumplimiento de estas deudas históricas y  denunciando que, además de los perjuicios señalados, es claro que el progreso que ha significado esta monumental obra para los agroindustriales y terratenientes de la  región no se ha  reflejado en el bienestar ni en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades afectadas por la represa, al contrario, genera condiciones de precarización continuas.

Por todo lo anterior, las comunidades negras representadas por los consejos comunitarios de La Toma, La Meseta y Pureto;

Exigimos:

  • Que el Ministerio del Interior -Dirección de Consulta Previa y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) agilice el proceso de consulta previa, a fin de concluir la etapa de protocolización antes de lo pactado entre las partes o como plazo máximo en ese término (septiembre de 2021).
  • Que el Ministerio del Interior no se confabule con Celsia-EPSA en perjuicio de las comunidades.
  • Que Celsia-Argos no dilate más el proceso de concertación de la consulta previa.  
  • Que se cumplan los acuerdos históricos que reparan a los Consejos Comunitarios y que inician con el acta del 86.
  • Que se designe por parte de la compañía Celsia-Argos a representantes plenipotenciarios que tomen decisiones en los espacios de concertación de la consulta previa libre e informada.
  • Que la compañía Celsia-Argos se haga responsable del subsidio para el suministro de energía a los Consejos Comunitarios de Suarez o en su defecto se suscriban convenios con la empresa prestadora de servicios de energía en el municipio de Suarez para lograr esta finalidad.   

Rechazamos

  • Las estrategias empleadas por CELSIA-ARGOS que buscan dividir a la Consejos Comunitarios con el fin de generar confusión y sacar ventajas para incumplir sus obligaciones sociales y económicas con la comunidad.
  • Las altas tarifas de energía que, a pesar de la cercanía de la represa, tenemos que padecer los pobladores. Por ejemplo el municipio de Suárez se paga una de las tarifas más alta de energía del país y su servicio es discontinuo.

 

PORQUE EL TERRITORIO ES LA VIDA Y LA VIDA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE…

¡!!VIVA LA LUCHA DE LAS COMUNIDADES!!!

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