Ni ciencia pura ni objetividad

El avance de las PPII ha sido mediocre pese a las exigencias que la comisión de expertos le recomendó al gobierno, y que después el Consejo de Estado convirtió en obligatorios. Hay muchos vacíos de información y una gran ausencia de capacidades institucionales. Estas son condiciones que no se han cumplido y que prometen no cumplirse.

Los PPII no son ejercicios de aprendizaje o mejoramiento institucional. Por el contrario, determinan la magnitud de los impactos ambientales y sociales y la sostenibilidad de una práctica, según la lectura del Auto del CE y el informe de la Comisión interdisciplinar de expertos.

Por lo anterior, la capacidad instalada debe existir previamente. Sin embargo, hoy no contamos con esta información. Cualquier “línea base” que se levante después de comenzar las actividades es un monitoreo, no una línea base. Y así se están desarrollando hoy los PPII.

Además, en la reglamentación sobre los PPII no se mencionan las licencias sociales. Es necesario prender las alarmas ante esta grave omisión, pues las zonas en donde se pretenden llevar a cabo los PPII son además zonas en donde históricamente ha habido conflicto armado.

El capítulo 3 del informe de la comisión de expertos, habla sobre la licencia social y la participación ciudadana, y menciona que “(…) uno de los principales riesgos que el gobierno de Colombia tiene que prevenir está asociado a [sic] la dinámica de los conflictos sociales. Para evitarlos, es necesario obtener la “licencia social” y esto exige una mayor transparencia en la manera como se adelantan las actividades, se toman las determinaciones, se invierten los excedentes y se usan los recursos destinados a beneficiar a las comunidades locales.”

Tal como se menciona en la comisión de expertos, un proceso de extracción incluyente exige una participación ciudadana efectiva, amplia, libre e informada, en condiciones de respeto por los derechos de la población local y en armonía con el territorio y las culturas existentes. Este tipo de participación no está planteada en el proyecto de Decreto.

Tan preocupante es el asunto que, según la reglamentación hoy vigente, no hay acceso a la información sobre la localización de los PPII, pues esta información se hace pública una vez sean firmados los contratos, es decir, una vez la decisión está tomada.

Respecto del mejoramiento institucional, el capítulo 9 del informe de la comisión de expertos afirma que “la legislación ambiental en Colombia es compleja y relativamente completa, pero la falta de cumplimiento de las normas ambientales en Colombia es muy elevada y está asociada a [sic] precarios niveles de supervisión, control y monitoreo”. Seguidamente explica: “con base[sic] en lo anterior, se hace necesario pasar de actos de voluntad, que se manifiestan en documentos de política ambiental y piezas legislativas, a ejecutar las políticas haciendo cumplir la legislación y las metas e indicadores con procedimientos concretos y efectivos.”

Frente al seguimiento en la etapa final de los PPII, no se contempla una revisión o evaluación de las instituciones estatales después del informe final, ni un proceso de adecuación o mejoramiento institucional, según lo recomendado por la Comisión de Expertos y el Consejo del Estado.

Así mismo, la evaluación no es vinculante, ni se contempla un proceso de cumplimiento con las recomendaciones de la evaluación final, sino que se permite celebrar contratos comerciales tan pronto se publique el informe final. Esto pone en evidencia el verdadero carácter de los reglamentos: avanzar con esta controvertida técnica que hoy está suspendida por sus altos riesgos.

Además, la evaluación final debe incluir una evaluación de los riesgos y daños acumulativos de los futuros pozos que serían necesarias para que la explotación comercial fuera rentable. También debe incluir un análisis de costo-beneficio de la explotación de hidrocarburos a través del fracking a gran escala. La reglamentación no habla de estos temas y omite las recomendaciones y obligaciones indicadas por el Consejo de Estado.

Es muy importante entender que los impactos de los pozos pueden prolongarse durante años o aparecer después de períodos largos. Es clave entonces preguntar cuáles impactos se van a evaluar en la “etapa de evaluación” porque evidentemente no serán los de la etapa de abandono.

Falta de rigor científico

Finalmente, la ciencia moderna se basa en el sistema de evaluación por pares externos, en el que personas expertas en el tema del estudio, pero independientes de sus autores, hacen una evaluación objetiva del proceso científico, sus resultados y conclusiones.

El Decreto 328 carece de rigor científico por el conflicto de intereses de tener a las mismas instituciones gubernamentales definiendo el diseño de los PPII en la fase previa a la etapa I (Condiciones Previas), tomando datos en la Etapa II (Concomitante), y evaluando los resultados en la etapa III (Evaluación).

En el ejercicio científico hay conflicto de intereses cuando el estudio es llevado a cabo con la financiación de las mismas instituciones que se benefician por los resultados de la prueba de hipótesis. Tal conflicto de intereses se suele declarar abiertamente debido al riesgo de pérdida de objetividad e imparcialidad a las conclusiones de un estudio.

Este no es un debate entre dios y el diablo, es un debate que debe ser informado y las dudas sobre los PPII deben ser oídas y tomadas en cuenta como posturas serias y legítimas. Nada ayuda más a la consolidación de una democracia sana que los disensos; dejemos de disfrazar de ciencia las posturas en favor del extractivismo. Los pilotos son la crónica de una explotación de fracking anunciada.