Rocío Silva Santisteban
INTRODUCCIÓN
Este libro tiene como objetivo hacer un análisis de las relaciones entre los conflictos ecoterritoriales y las mujeres: los impactos negativos que el modelo extractivista tiene sobre sus cuerpos, sus familias, sus territorios; así como las estrategias y resistencias de las mujeres organizadas para evitar que los conflictos repercutan nocivamente sobre ellas y sus entornos.
El primer capítulo se centra en definir el extractivismo como un proyecto biopolítico cuya finalidad es el control de los cuerpos y de la vida en su más amplia acepción (seres humanos, animales, vegetación y agua). Este control se apoya en la difusión de un sentido común extractivista organizado sobre el discurso neoliberal de los años noventa que ha calado profundamente en el Sur Global. En realidad, el extractivismo como actividad necesita despojar del territorio a los pueblos que lo han poseído históricamente.
Este tipo de capitalismo, denominado capitalismo por despojo, está en franco ascenso en el Perú y en otros países de América Latina a través de una serie de polí- ticas de apoyo a la inversión de grandes capitales en empresas extractivas y a las normativas de flexibilización de los estándares ambientales, culturales y de salud desde los primeros años de este milenio hasta la fecha. Por otro lado, el territorio, tanto como propiedad o posesión comunitaria, se halla en manos de los varones y las mujeres apenas tienen un acceso muy limitado al mismo. Es así que el vínculo entre patriarcado, capitalismo por despojo y actividad extractivista establece una relación perjudicial entre las mujeres y la soberanía alimentaria que ellas gestionan en el día a día. Los impactos de esta situación, sumados a las afectaciones ambientales y de salud por contaminación en zonas de extractivismo, perjudican específicamente a las mujeres y a sus hijos, en tanto que los varones suelen salir del territorio para trabajar en las propias empresas extractivas. Por eso urge visibilizar la función primordial de las mujeres en la gestión del agua y de los alimentos y los perjuicios de la masculinización de la propiedad del territorio.
En el segundo capítulo proponemos, siguiendo a Svampa y Hoetmer, una nueva nomenclatura para los denominados conflictos socioambientales: los llamamos ecoterritoriales porque, básicamente, surgen por disputas sobre el uso y la gestión de los territorios, imponiendo actividades que deterioran el medio ambiente. Para Hoetmer, el denominarlos socioambientales es un eufemismo que esconde uno de los más antiguos enfrentamientos humanos: por el uso y posesión de los territorios. Por eso mismo, el capítulo se inicia cuestionando la nomenclatura socioambiental y las formas como la Defensoría del Pueblo durante catorce años ha calificado este tipo de conflictos y sus esquemas de análisis, incluyendo el modelo de conflicto como una elipsis que tiene un clímax, un anticlímax y la resolución del mismo mediante el diálogo. Oponiéndonos a esta perspectiva, planteamos un modelo de análisis acompañando la propuesta del austriaco Friedrich Glasl y el esquema de proceso del conflicto de Matthias Fitzner, mucho más cercana a la realidad de un conflicto y sus implicaciones rizomáticas, tanto en efectos como en posibilidades de resolución. Desde estas perspectivas podemos entender la violencia de los conflictos ecoterritoriales en otras dimensiones y, por cierto, proponer otras formas de resolución que no se cierran en el diálogo, que se usa más bien para desconflictuar sin resolver el conflicto.
En el mismo capítulo establecemos los nexos entre las diversas violencias del conflicto armado interno peruano de 1980-2000 y las violencias de los conflictos sociales desde 2002 hasta la fecha, utilizando el término continuum de la violencia empleado dentro del ámbito del feminismo y los estudios sobre violencia de género. Este concepto feminista se puede ampliar a los diversos tipos de violencia contra la población especialmente vulnerable, como los pueblos indí- genas, los niños y las niñas, los ancianos, e insistir en usarlo como marco para comprender la violencia hacia mujeres excepcionalmente inermes como las mujeres indígenas, pobres extremas, rurales y acostumbradas a una violencia en encadenamientos sucesivos desde la familia inicial hasta la constituida, desde la desfloración por violación hasta la invisibilidad ante el Estado. Asimismo, este marco teórico del continuum de la violencia permite poner en diálogo a las mujeres que lucharon por la justicia durante el conflicto armado, como las “mamas” de la Asociación Nacional de Afectados, Secuestrados y Desaparecidos del Perú – ANFASEP y otras mujeres organizadas que requieren del saber de quienes han logrado victorias de cara al Estado y el Poder Judicial. En el Capítulo III se afina el análisis del tipo de patriarcado que opera en los entornos del extractivismo: un patriarcado dependiente al que le exigen como ofrenda los patriarcas de 15 primer orden —los blancos de la ciudad, los funcionarios de las mineras— una serie de actuaciones que instituyen una dominación marcada por la colonialidad del poder. El patriarcado dependiente se basa en “un pacto desigual entre las élites masculinas colonizadoras y los hombres de los pueblos a los que se buscaba colonizar” (De Assis Clímaco 2017:9). De este modo podemos entender las alianzas inequitativas entre los hombres de campo y los funcionarios de las empresas. El machismo es un elemento que conecta a hombres blancos, mineros, urbanos y profesionales con hombres ronderos o campesinos o apus de pueblos indígenas. Muchas conversaciones que se establecen entre ambos se plantean en esos términos: de hombre a hombre.
Frente al patriarcado dependiente, los liderazgos femeninos adquieren diferentes características que los distinguen de los usuales liderazgos masculinos, centrados, autoritarios y autosuficientes. Estos liderazgos femeninos se caracterizan por una disposición a “hacer trabajo en conjunto” con todas las mujeres de la organización, sobre todo, ayudarlas en sus cargas personales; tener una paciente persistencia en la difusión de “la lucha”; la concentración del liderazgo en espacios locales, incluso comunales, que muchas veces se ve invisibilizado en los espacios regionales o nacionales; y el alto sacrificio personal frente a las responsabilidades familiares o personales; así como mantener un discurso de defensa de los territorios como custodia de algo personal, familiar, y no solo político en sentido de la esfera pública.
En el Capítulo IV se desarrollan las tipologías de las diversas violencias contra las mujeres en contextos de conflictos ecoterritoriales: la situación de la consulta previa totalmente desfeminizada; las diferentes formas de violencia en medio del conflicto como las muertes de distintas defensoras, incluso en contextos de exacerbado racismo (caso de Petronila Coa en Puno); los golpes, heridas y situaciones de violencia sexual; las variadas formas de criminalización de la protesta para evitar la continuación en el activismo antiextractivista; las estigmatizaciones con acoso de género contra muchas mujeres tanto en las zonas como Conga, Espinar, Cocachacra, selva central, como en las mismas áreas urbanas; las hostilizaciones y sus impactos en la salud mental de las defensoras; las afectaciones al interior de las propias organizaciones de defensa de los territorios (invisibilización, ninguneo, discriminación abierta) que desfavorecen la participación de las mujeres en las mesas de diálogo o en espacios de negociación con las empresas y el Estado. El siguiente capítulo está centrado en la relación entre defensoras, derechos humanos y empresas extractivas. En él, se denuncia que las empresas adopten algunas reglas internacionales de responsabilidad social, como los Principios Voluntarios, sin asumir un compromiso serio con el respeto a los derechos fundamentales. Algunas compañías como Minera Yanacocha en Cajamarca o Xrata en Espinar participaban del grupo de Principios Voluntarios junto con algunas embajadas y dos ONG de derechos humanos, pero a su vez, tenían convenios secretos con la Policía Nacional para contratar a efectivos policiales que resguardaran los campamentos mineros. Más de una vez se han producido enfrentamientos con la población y la Policía ha defendido a quienes le pagan su sueldo; en esas reyertas han muerto personas. El caso de Elmer Campos es ejemplar para poder entender cómo desde la matriz de Newmont en Denver se dictaban las órdenes que obedecía la Policía Nacional. Este tipo de convenios y resguardo policial, así como el asesoramiento del servicio de inteligencia, se organiza de acuerdo con lo que algunos asesores interesados denominan “el boicot contra el Perú”. En realidad, se trata de la vieja estrategia de la conspiración argumentada, muchas veces, por exmarinos o exmiembros del Ejército, que hoy son asesores de las empresas de seguridad de las mineras y que llegan a calificar a los que protestan por el agua como “terroristas antimineros”. Sin duda, el continuum de la violencia se manifiesta en esta represión. Todas las violencias contra las mujeres defensoras del territorio y el agua se concentran en un caso paradigmático: el de la comunera de Sorochuco, Cajamarca, Máxima Acuña de Chaupe. Ella ha sido criminalizada por usurpación agravada y, finalmente, considerada inocente por la Corte Superior; también ha sido golpeada, hostilizada, acosada por la empresa, estigmatizada y amenazada de muerte.
A pesar de todas las campañas mediáticas que se han llevado a cabo contra su persona, tanto dentro como fuera del Perú, es apreciada como un paradigma de la resistencia antiextractivista. Precisamente, por ello recibió en el año 2016 el Premio Goldman, homologado como el Nobel medioambiental. El último capítulo expone la construcción de una propuesta para la defensa de los derechos de las mujeres en contextos de empresas extractivas, recogiendo de sus experiencias, sobre todo en relación con acciones y estrategias creativas que han venido desplegando en cada uno de los momentos de mayor tensión en los conflictos ecoterritoriales. En tanto que, por su condición de mujeres, las defensoras enfrentan mayores riesgos; la idea del capítulo es terminar planteando, desde la cultura de las mujeres latinoamericanas y peruanas, resistencias y liderazgos para disentir con una propuesta propia frente a este extractivismo colonialista y patriarcal. Finalmente se incluyen dieciocho conclusiones, una breve bibliografía de textos citados, un glosario de términos conceptuales, la lista de entrevistas realizadas y las preguntas que sirvieron para las entrevistas semi-estructuradas.
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