Foto: Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: Archivo particular
Magistrado Hugo Bastidas dictó medida cautelar hasta que se pronuncien de fondo sobre la constitucionalidad de la consulta. Alcalde de Ibagué dice que es un “baldado de agua fría”.
A menos de un día de que la Corte Constitucional le diera un espaldarazo a los alcaldes y Concejos para decidir sobre proyectos de minería en sus territorios, la consulta popular convocada en Ibagué, para este 30 de octubre, acaba de tener un frenazo en seco en el Consejo de Estado.
La alcaldía de Guillermo Alfonso Jaramillo, con aval del Concejo municipal, logró convocar a una consulta para preguntarles a los ibaguereños si están de acuerdo o no con la minería en sus territorios. La razón principal es el impacto que ocasionaría sobre los habitantes de la ciudad la extracción de oro en La Colosa, un proyecto que está en fase de exploración por parte de la Anglo Gold Ashanti y busca la extracción de 33 millones de onzas de oro.
Al alcalde le cayó la decisión como un baldado de agua fría: “Nos parece muy extraño que justamente ayer saliera una decisión de la Corte Constitucional que define cómo los municipios tenemos derecho sobre el suelo, que no es solamente facultad de la Nación, que podemos definir su uso, y al otro día paran una decisión tan importante para decidir sobre el uso de este territorio que es de vocación agrícola”.
Frente al fallo de la Corte Constitucional que autorizaba a los municipios a prohibir la minería mediante consulta, el Gobierno se había mostrado preocupado. “La minería bien hecha es importante para un equilibrio entre la conservación y el desarrollo económico y social”, dice en un comunicado. El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, había sentado posición: “Acatamos el fallo como debe ser, sin embargo, me parece que no es conveniente que se deje esta responsabilidad tan difusa, yo creo que en términos de la política minera que se ha definido, el sector ha hecho los estudios ambientales del caso”.
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Pero luego vino la decisión del Consejo de Estado, en cabeza del magistrado Hugo Bastidas, que dictó medida cautelar sobre la consulta y la suspendió hasta que se pronuncie de fondo por una tutela interpuesta por Alberto Enrique Cruz Tello. El alto tribunal deberá decidir sobre la constitucionalidad de la pregunta:
¿Está usted de acuerdo, SÍ o NO, en que en el Municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio?
Aunque el Tribunal Administrativo del Tolima ya había avalado la constitucionalidad de la pregunta, el accionante busca que el Consejo de Estado se pronuncie sobre si vulnera derechos fundamentales.
“Lo que ahora tenemos que saber es a qué obedece la tutela. Ellos argumentan el derecho al trabajo para pequeños mineros, que no son tan pequeños porque detrás está Anglo Gold. En otra consulta, la de Piedas (Tolima), había quedado claro que no limitaba el derecho al trabajo porque a lo que nos oponemos es a la minería a cielo abierto, contaminante. No estamos hablando de los que sacan arena y balastro”, dijo Jaramillo.
El alcalde atribuye esta decisión a la influencia de las grandes mineras, que no tienen en cuenta que el proyecto afecta directamente la cuenca del río Coello, la más importante para el presente y el futuro de Tolima.
“Queremos ser un departamento verde, saludable, productivo y en paz. No queremos ser Cajamarca o La Guajira, con nuestras 30.000 hectáreas arrasadas, sembradas de hambre, miseria y sed”. Indicó que sí pueden existir otros modelos de desarrollo.
Tomado de: SEMANA