Como organización ambientalista, manifestamos nuestro profundo rechazo al decreto presidencial 380 del 12 de abril de 2021, que reanuda el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida Glifosato – PECIG-, suspendido desde 2015 por el Consejo Nacional de Estupefacientes, como política de lucha contra el narcotráfico. Lo anterior desconociendo la evidencia científica, la ineficacia de la estrategia y las continuas denuncias acerca de los nefastos efectos en ecosistemas y comunidades, así como el desconocimiento del Acuerdo de Paz del 2016 que privilegia el desarrollo de los territorios y la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.
Las regulaciones que pregona dicho documento para el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea, no abordan las medidas mínimas dictaminadas por la Sentencia T-236 de la Corte Constitucional en 2017. Estas hacen referencia a una regulación independiente de las entidades encargadas de ejecutar las aspersiones, derivada de una evaluación científica continua y rigurosa acerca de los riesgos ambientales, a la salud y otros, así como a una vinculación de los procedimientos de queja a dicha evaluación del riesgo; todo lo anterior fundado en evidencia objetiva y concluyente que demuestre la inocuidad de este método para la salud humana y la naturaleza.
El decreto contempla un mecanismo de quejas a posteriori, lo que desconoce el principio de precaución, pilar de la Sentencia de la Corte Constitucional; no presenta una exclusión de territorios étnicos en las áreas a asperjar, tampoco reconoce los avances del PNIS, pues el PECIG debía ser el último recurso cuando todos los otros fallaran previo esfuerzo de desarrollo alternativo y diálogo con las comunidades. Después de audiencias informativas simuladas, el 14 de abril se aprobó la reformulación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (no se ha adelantado la formulación de un Plan de Manejo Ambiental) por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-, también requerimiento del alto tribunal.
Esta decisión da cuenta del talante del gobierno actual, desconectado de las demandas populares y de organizaciones sociales y renuente a escuchar las regiones. Distintos actores han planteado alternativas comprehensivas, participativas y sustentables para la sustitución de cultivos de uso ilícito para evitar impactos en medios de vida comunitarios asociados a la pérdida de cultivos de pancoger o la contaminación de suelos y aguas; enfermedades mentales y físicas (como distintos tipos de cáncer, defectos congénitos, linfomas, padecimientos renales, entre muchas otra)s, daños ecológicos que incluyen la muerte masiva de abejas pero que rebasan esta situación ya de por sí preocupante, y otros perjuicios de las aspersiones aéreas.
La reanudación de las aspersiones aéreas con este químico, declarado probablemente cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud -OMS- , ha sido una constante búsqueda de Iván Duque desde inicios de su mandato, que ha pasado por limitaciones a la participación social, desconocimiento de evidencias científicas y recomendaciones de organismos internacionales incluyendo 7 relatores de la ONU. Pareciera, además, que el Ejecutivo, en momentos de profunda crisis fiscal, no contempla los costos de este método, los cuales entre 2004 y 2014 fueron de 72 millones de pesos por hectárea. Ante esta determinación del gobierno central de implementar nuevas acciones lesivas en los territorios, hacemos un llamado amplio a procesos sociales, academia, medios de comunicación, y en general a quienes propenden por la justicia ambiental, a emprender acciones locales, nacionales e internacionales encaminadas a dar vuelta a la política colombiana de guerra contra las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes a nombre de una falsa lucha contra el narcotráfico.
Atentamente, Censat Agua Viva. Amigos de la Tierra Colombia.
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