Biblioteca
Red Gran Caribe: alianzas en resistencia por la vida y un mar sin combustibles fósiles
La iniciativa de la Red Gran Caribe Libre de Fósiles, una red que reúne a más de 20 organizaciones de la sociedad civil de Bahamas, Belice, Barbados, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Venezuela y República Dominicana, quienes durante el mes de agosto de 2024, llevaron a cabo un importante encuentro liderado por Quantum Leap (Costa Rica), con el apoyo la Global Gas and Oil Network, en el que se trabajó en torno a una campaña urgente: sensibilizar a la población sobre la necesidad de frenar el avance de la exploración y explotación petrolera costa afuera, para impulsar un modelo sustentable que proteja la biodiversidad y los medios de vida de las comunidades locales del Caribe.
La minería ilegal vuelve a desangrar el río Sambingo: ¿Dónde están las autoridades?
Desde Censat Agua Viva lanzamos un llamado urgente al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Minas para que ejerzan el control territorial y tomen medidas drásticas para frenar esta crisis ambiental. Las autoridades locales, como la Corporación Autónoma del Cauca y las Alcaldías Municipales, también tienen la responsabilidad de proteger el ecosistema del río Sambingo, así como el resto de las cuencas hidrográficas del Patía y el norte de Nariño. Cinco años después de la histórica consulta popular en Mercaderes, Cauca, en la que el 99.56 % de la comunidad votó en contra de la explotación minera, el río Sambingo enfrenta una nueva amenaza por ese tipo de extractivismo. A pesar de que el río fue reconocido como sujeto de derechos, imágenes recientes captadas por drones han revelado la preocupante presencia de maquinaria amarilla, utilizada para extraer minerales de manera clandestina y sin control.
Narrativas mediáticas y la falsa urgencia de expandir la frontera extractiva ante la escasez de gas y petróleo
Este documento aborda las narrativas mediáticas que sugieren que detener la exploración y explotación de petróleo y gas mediante técnicas extremas como el fracking, los yacimientos no convencionales (YNC), y la extracción offshore o costa afuera, es un desacierto y compromete en una coyuntura como la actual, la seguridad y autosuficiencia energética del país. Mediante un análisis crítico de diversos reportajes periodísticos y comunicados de asociaciones petroleras, el texto desafía estos falsos dilemas alrededor de la escasez del gas. Utilizando evidencia científica de la literatura especializada, se argumenta que el verdadero desafío no reside en continuar expandiendo la frontera extractiva, sino en garantizar servicios energéticos que no comprometan la vida y la permanencia de las comunidades en sus territorios, ni la preservación de los bienes comunes. Además, de la necesidad por promover un compromiso general hacia la reducción y austeridad ante un mundo altamente demandante de energías.
El sistema de comercio de emisiones y sus limitaciones frente a la crisis climática
El mercado de carbono cumplirá 27 años de implementación en el 2024, tiempo durante el cual los países industrializados y sus empresas debieron adoptar mejores tecnologías e innovaciones para reducir su consumo energético y, por ende, sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
En este sentido, es imperativo analizar cuál ha sido el efecto de la implementación del mercado de carbono regulado (específicamente del sistema de comercio de emisiones (SCE) o “cap and trade”) en el mundo durante estos 27 años, a partir de lo cual, se podrán tomar decisiones frente a la implementación del Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión de GEI (Pncte) por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Para tal efecto, en este documento se analiza la efectividad del SCE en la reducción de GEI, según algunos casos de referencia, incluyendo su influencia sobre los cambios tecnológicos e innovaciones y algunas problemáticas relacionadas con el precio de los derechos de emisión. Por último, se destacan algunas propuestas y/o alternativas encaminadas hacia la reducción efectiva de emisiones en Colombia.
¿Por qué insistir en un mecanismo ineficaz para afrontar la crisis climática? Reflexiones sobre la sentencia de bonos de carbono en la Amazonía colombiana
Durante los últimos dos años hemos presenciado el aumento de reportajes e investigaciones en torno al mercado de carbono, específicamente sobre los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+). Pese a que este mecanismo no es nuevo, teniendo su origen conceptual desde el Protocolo de Kioto en 1997, su implementación a nivel mundial desde 2003, y su despliegue formal en Colombia con la creación del Impuesto Nacional al Carbono (Ley 1819 de 2016) y el impulso dado al Mercado de Carbono Voluntario mediante el mecanismo de no causación de dicho impuesto (Decreto 926 de 2017), solo desde el 2022 se reconoció formalmente la necesidad de prestar atención a su implementación, teniendo en cuenta los impactos socioculturales que genera en distintos territorios del país.
Conectividad ecológica para algunas poblaciones del Gran Caribe
documento, se presenta para sensibilizar a la población sobre los riesgos de las actividades petroleras en el mar Caribe. Lo hicimos en coordinación con el Parque Nacional Natural (PNN) Corales de Profundidad y, aunque tiene un lenguaje más técnico que los anteriores, su propósito es evidenciar que si un país cualquiera de la región del Gran Caribe decide asumir los riesgos de lanzarse a actividades petroleras costa afuera, deja expuestos a los demás países, aunque ellos no hayan tenido la misma iniciativa. Así como ocurre con los fenómenos climáticos en el mundo, los ciclos biológicos y las complejas conexiones de la vida en el mar no respetan las fronteras artificiales inventadas por las sociedades humanas.
La resistencia de los pueblos permanece viva en las Consultas Populares
El próximo 9 de agosto de 2024, la comunidad del municipio de Mercaderes, en el departamento del Cauca, conmemorará el quinto aniversario de la Consulta Popular Legítima por el Agua que, con 5.128 votos a favor, logró frenar actividades de exploración y explotación de minería metálica e hidrocarburos que requerían el uso de aguas destinadas al consumo humano y ponían en riesgo las economías locales. Esta consulta no solo representó una victoria para la comunidad en términos de defensa de su territorio, sino que también marcó un precedente al reconocer al río Sambingo como sujeto de derechos.
La nueva Ley Minera en Colombia: una oportunidad para dar un debate de altura
Respondiendo a los cambios estructurales propuestos en política pública del actual Gobierno, el pasado 16 de febrero del año en curso, el Ministerio de Minas y Energía, con el respaldo de sus entidades adscritas, publicó su propuesta de nueva Ley Minera, que actualmente se encuentra en consulta previa por parte de comunidades étnicas, y que ya surtió el proceso participativo de la sociedad civil en general.
“Mujeres, territorio y biodiversidad: oportunidades desde la región andino-amazónica para la COP16” un foro para unir perspectivas en defensa de la vida
El 21 de junio de 2024, 34 mujeres y un representante de la población LGBTIQ+ de territorios y territorialidades andino-amazónicas se dieron cita en la capital colombiana para compartir sus experiencias como líderes y defensoras de la biodiversidad y construir un documento de recomendaciones que orienten el compromiso del Gobierno nacional en transversalizar el enfoque de género en las políticas, programas y medidas para proteger la biodiversidad de cara a la próxima Conferencia de las Partes (COP16) del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), que tendrá lugar en Colombia del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2024.
Colombia en la encrucijada del fracking y los yacimientos no convencionales
En un contexto donde la discusión sobre una transición energética justa es urgente, el riesgo de ampliar la frontera extractiva de combustibles fósiles en Colombia es latente. La justificación de las energías extremas bajo viejos paradigmas y promesas de “desarrollo” que siguen en deuda con los territorios persiste, lo que implicaría una profundización del extractivismo, las desigualdades y las dinámicas coloniales, donde las comunidades y la naturaleza terminan siendo las sacrificadas. El riesgo de que se haga fracking en Colombia sigue presente, pese a la fuerte oposición social y al respaldo del Gobierno a la prohibición de esta técnica. Hasta ahora, la lucha de la Alianza Colombia Libre de Fracking (ACLF) ha logrado detener los intentos de implementar esta técnica. Sin embargo, aún hoy no se cuenta con la reglamentación necesaria para su prohibición definitiva.
Conmemorando 10 años de la Resolución 26/9: un compromiso por la vida y los Derechos Humanos
El pasado 6 de junio, en Colombia, junto con organizaciones de América Latina y el Caribe, celebramos una década de un hito crucial: el décimo aniversario de la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esta resolución dio origen al Grupo de Trabajo Intergubernamental, encargado de desarrollar un Tratado Vinculante que jurídicamente regula las actividades de las empresas transnacionales (ETN) y protege los derechos humanos.
“Retornamos para caminar el mundo, retornamos en comunidad” Lolita Chávez
Nos unimos al llamado de las compañeras Feministas del Abya Yala para acompañar el retorno de Lolita Chávez a su territorio, Ixi Mulew (Guatemala), quien desde el 2017 está exiliada en México por defender su territorio de amenazas extractivistas.
Aura Lolita Chávez Ixcaquic es feminista comunitaria, indígena maya k’iche, lideresa del Consejo de Pueblos K’iche por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio – CPK de Guatemala. El CPK promueve procesos de consulta popular y acciones colectivas y pacíficas para denunciar la expansión de megaproyectos mineros, hidroeléctricos, petroleros y de agroindustria en su país, y lucha contra las empresas transnacionales y las consecuencias que ha dejado el Tratado de Libre Comercio entre América Central y Estados Unidos.