Este artículo es la primera entrega de una serie de 4 publicaciones que evidencian la problemática de cuatro comunidades afro e indígenas que fueron desarraigadas de su territorio debido a la minería de carbón a cielo abierto en el departamento de La Guajira . La problemática que se narra en estos artículos no es nueva, desde su desplazamiento estas comunidades han luchado por recuperar su modo de vida. Sin embargo, la crisis sanitaria y las restricciones impuestas en respuesta a la pandemia del Covid – 19 ha sacado ha flote las afectaciones en una mayor dimensión y ha evidenciado el alcance del impacto que el modelo extractivista está dejando en esta región del país.

 

“La situación sería diferente si nos encontráramos en nuestro antiguo territorio, el mismo territorio se encargaba de sostener a la comunidad, de brindarle soberanía alimentaria, teníamos un territorio en el que nos dedicábamos a la siembra de productos como el maíz, frijol, plátano, yuca, papaya, ajonjolí, coco para sustentar la canasta familiar y demás.”

Con estas palabras Rogelio Ustate, líder social proveniente de La Guajira, recuerda como se sostenía su comunidad antes de la llegada de la minería, antes de que todo cambiara en el 2001.  Ese año irrumpió en su comunidad el Esmad, equipado con una orden de desalojo y retroexcavadoras listas para destruir su pueblo.  La comunidad intentó resistir, pero al final fueron desalojados a la fuerza para abrir paso a la expansión de las empresas Carbocol – Intercor, quienes operaban la mina del Cerrejón en el momento.  Un año después la Corte Constitucional ordenó la reconstrucción del pueblo, pero, casi 20 años después, nadie ha dado cumplimiento a esta orden y hoy los miembros de lo que alguna vez fue una comunidad viven dispersos por diversos municipios de La Guajira. Al igual que Tabaco, 20 comunidades han sido desplazadas debido a la minería en ese departamento, solo 1 ha sido reasentada en su totalidad, 4 parcialmente y 15, al igual que Tabaco, nunca fueron reasentadas y hoy ya no existen, según cifras de un informe de la ONG Pensamiento y Acción Social.

“Arroyo Bruno” el poema de Rogelio Ustate que narra la desviación de un arroyo en La Guajira.

Tabaco era un corregimiento encalvado en la Serranía de Perijá, en el departamento de La Guajira. Allí habitaba una comunidad afro que dependía y se sostenía gracias al territorio ya que su economía se basaba en la pesca, la ganadería y la producción pecuaria. Además, debido a la amplitud de su territorio contaban con zonas especificas para realizar el pastoreo y la siembra, lo que a su vez les permitía intercambiar y comercializar productos con otras comunidades vecinas.

“Una comunidad desarraigada pierde el norte, entre más grande es la ciudad para donde se vayan las personas desplazadas, más grande es el fantasma.” – Rogelio Ustate

Hoy, a raíz del Covid-19 y las medidas tomadas por el gobierno para su contención, la gente de Tabaco se encuentra en una situación crítica. La economía campesina que ancestralmente los sustentó es prácticamente inexistente, hoy dependen en gran medida del comercio y el transporte informal, con el cual se rebuscan su día a día. Debido a la cuarentena obligatoria que se ha dictado en el país, estas actividades están paralizadas y con ello también lo están sus ingresos.

El desplazamiento y la actividad minera en la zona también significó la perdida de sus fuente hídricas. El desvío de arroyos, la contaminación de las fuentes y la privatización del acceso a ellas no solo acabó con un suministro que les permitía garantizar la sostenibilidad de su vida comunitaria, también acabó con numerosos rituales y prácticas culturales que dependían del agua para realizarse. La medicina ancestral que nacía en las orillas de estas fuentes también se ha perdido. Según las comunidades y ONG que trabajan en la región, La Guajira ha perdido más de 17 arroyos esenciales para el suministro de agua debido a la minería.

La sumatoria de estas afectaciones hoy ha dejado una comunidad dispersa que lucha por sostenerse y hoy depende de donaciones y ayudas gubernamentales para subsistir, cuando en otro tiempo habría contado con las herramientas para gestionar de manera independiente su sostenibilidad, aún en situaciones de crisis tan graves como las que vive el país. Incluso, reflexionan sus habitantes, habrían podido ser un un pilar de producción de alimentos y de apoyo para el funcionamiento de la región en esta época.

Ante esta situación, la petición de la comunidad de Tabaco es que el gobierno nacional no acepte ni permita el desarraigo de las comunidades de su territorio ancestral; además, piden que el gobierno reconozca que sobre los intereses individuales de las multinacionales y transnacionales debe prevalecer la vida y la preservación de las comunidades.

¡Agua para los pueblos! Multinacionales respeten nuestros derechos!

 

Ver: https://aguaparalospueblos.org/tabaco-la-lucha-por-subsistir/