La situación que han padecido durante décadas los indígenas wayúu demuestra que es falso que los proyectos extractivos generen prosperidad para las comunidades que habitan los territorios donde se llevan a cabo. La Guajira está sobrellevando una de las crisis humanitarias más graves del país, a pocos kilómetros de una de las minas más rentables de su historia: el Cerrejón.
La controversia más reciente tiene que ver con el uso que la mina hace de las aguas del río Ranchería, que según imágenes satelitales, tiene un caudal que se seca luego de pasar por el Cerrejón, mina que emplea en total 35 millones de litros de agua al día, lo suficiente para abastecer a 3 millones de personas.
Según ha demostrado el periodista Gonzalo Guillén mediante la grabación de un documental en la zona de La Guajira, la situación de abastecimiento de agua es crítica para la población indígena. Si bien el lugar donde habitan siempre ha sido desértico, las escasas fuentes de agua de las que dependen las comunidades ahora están completamente secas. La pregunta es: ¿a dónde se fue el agua de un momento a otro?
En una de las escenas más perturbadoras del documental, titulado El río que se robaron, una líder indígena es llevada a la represa de El Cercado, a la que, según han dicho los indígenas, les impiden entrar a hablar con la administración sin una orden firmada por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Desde un monte cercano, la mujer indígena, devastada por la indignación, observa el agua acumulada en la represa, mientras repite: «yo no sabía que aquí estaba el agua, aquí está toda mientras nuestros animales mueren».
Los expertos consultados por el documental coinciden en decir que esta represa, que se utiliza para irrigar cultivos agroindustriales de arroz, así como la mina del Cerrejón, que acapara el poco caudal restante, son responsables por esta catástrofe ambiental y humanitaria.
El resultado ha sido que, según un informe de la Defensoría del Pueblo, «un número significativo de niños y niñas, en su mayor parte del pueblo Wayúu, ha muerto en el departamento de la Guajira durante los últimos meses «.
Los representantes del Cerrejón consultados afirman, por supuesto, que las acusaciones no son ciertas. Dicen que el Cerrejón escasamente utiliza agua del río Ranchería, y que la poca que emplea no afecta el caudal; que sus proyectos de apoyo a las comunidades indígenas son muchos y muy exitosos, y que su presencia ha traído enormes beneficios a las comunidades y al departamento de La Guajira; que el problema de La Guajira es la corrupción, no el proyecto de extracción minera; y que los únicos daños ambientales que ha ocasionado la mina son al aire, aunque estos son mínimos y pronto serán solucionados. Añade, a manera de explicación, que toda actividad humana afecta el medio ambiente.
Carolina Sáchica Moreno, del consultorio jurídico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, ha apoyado al representante de la Asociación Shipia Wayúu, Javier Rojas Uriana, en la elaboración de una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Si la CIDH falla a favor de las comunidades Wayúu, como debe hacerlo, según los antecedentes de medidas cautelares similares otorgadas a los indígenas de la cuenca del río Xingú, contra el proyecto hidroeléctrico de Belo Monte, en Brasil, el Cerrejón debería suspender su uso del agua del río Ranchería, y el agua de la represa El Cercado debería liberarse. Esto hasta que expertos determinen cuánta agua pueden usar los proyectos agroindustriales y mineros sin que las comunidades indígenas mueran de sed.
Es lamentable, aunque predecible, que las instancias nacionales hayan sido incapaces de proteger los derechos fundamentales de las comunidades frente a la codicia de grandes agricultores y la mina de carbón más influyente del país.
Twitter: @santiagovillach
De: Elespectador.com
Por. Santiago Villa