Por: Ynske Boersma

El sol está saliendo en la reserva indígena Provincial, en el sur de La Guajira. El silencio matutino se rompe con un sonido fuerte a lo lejos, donde las columnas de humo se elevan desde el cráter del pozo minero más cercano, a solo unos cientos de metros de la comunidad. “Ese ruido continúa día y noche”, dice una habitante wayú, mientras muele maíz para las arepas del desayuno. El aire está cargado de polvo y huele vagamente a azufre y a carbón ardiente. “Y cuando hacen su explosión diaria de carbón, nuestras casas vibran como teléfonos móviles”.

Bordeando las comunidades indígenas protegidas se encuentra El Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. La empresa extrae alrededor de cien toneladas de carbón al día, con una participación del 3,9 por ciento en el mercado internacional durante 2016. Desde que la mina comenzó a operar en 1986, El Cerrejón ha explotado unas 13.000 hectáreas, de las 69.000 que la compañía tiene en concesión. Alrededor de cien comunidades se ven afectadas por las actividades mineras. La mayoría de esas comunidades son indígenas wayú y una parte más pequeña es afrodescendiente.

Pero la compañía, copropiedad de los gigantes mineros Glencore, Anglo-American y Billiton-BHP, no opera tan responsablemente como le gusta presentarse a través de sus programas de desarrollo sostenible, una postura casi cínica frente a la dura realidad del daño ambiental, la contaminación tóxica y las comunidades desplazadas y enfermas sin medios para subsistir.

En 31 años, la gente de Provincial ha visto la mina acercarse tanto, que literalmente tienen una gran vista de la mina ahora. Demasiado cerca, según los habitantes, que afirman sufrir problemas respiratorios y enfermedades en la piel debido a la contaminación causada por la operación minera.

Las explosiones diarias de carbón liberan nubes gigantes de partículas tóxicas de polvo, que contaminan el aire, el agua y las plantas de las comunidades cercanas. Otro problema es la ignición espontánea del carbón por el sol fuerte, liberando metales pesados tóxicos en el ambiente.

Muchos niños en las cercanías de la mina padecen problemas respiratorios. Un ejemplo de ello es Moisés, de tres años, hijo de Luz Ángela Uriana. “Los problemas comenzaron cuando Moisés tenía ocho meses”, me dijo Uriana. “Tenía fiebre alta y tosió como si se estuviera ahogando”. Ahora tiene tres años y todavía lucha por su vida. Él no puede correr, ni gritar, y tose por la noche “.

En el hospital local no hay nada que puedan hacer por el niño. “El pediatra dice que Moisés solo mejorará si nos mudamos a otro lugar, pero ¿a dónde deberíamos ir? Pertenecemos a este territorio “, dice Uriana, llorando.

El médico coordinador Ricardo José Romero del Hospital Local de Barrancas, confirma que ha visto un aumento de las enfermedades relacionadas con el trabajo de la mina. Un asombroso 48 por ciento de sus pacientes, en un área de 34.000 habitantes, llegan al hospital con problemas respiratorios agudos. El hospital incluso tiene un área de emergencia especial para enfermedades respiratorias, donde durante nuestra visita, cinco niños esperaban el tratamiento.

“Las enfermedades que diagnosticamos más en este hospital son los problemas respiratorios agudos, el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc). Estos síntomas ocurren con las personas que viven cerca de la mina y con los empleados de El Cerrejón”, dice Romero. “Además, vemos muchos pacientes con problemas de piel y cáncer”.

“Pero como es un hospital pequeño sin fondos suficientes, no hay mucho que podamos hacer aquí”, continúa Romero. “El gobierno permite que esta multinacional explote nuestro medio ambiente, pero no se preocupa por las consecuencias para sus habitantes. En más de treinta años que la mina ha estado aquí, no se ha realizado ni un solo estudio sobre los impactos en la salud de las personas afectadas por su operación”.

Pero según la propia compañía, su trabajo no es responsable del aumento de enfermedades respiratorias en las inmediaciones de su operación. “Es todo una cuestión de percepción”, dice Víctor Garrido, gerente de Asuntos Sociales de El Cerrejón. “Los habitantes piensan que tienen un problema real, pero lo consideramos un problema imaginario”.

Garrido luego se refiere a los estándares ambientales colombianos que la compañía dice cumplir. “La calidad del aire alrededor de la mina no es peor que en Bogotá”.

Lo que no menciona Garrido es que no se puede comparar la calidad del aire de una ciudad de ocho millones de habitantes con un área escasamente poblada como La Guajira, y que los estándares ambientales colombianos para las compañías mineras están por debajo de la normatividad internacional para un ambiente saludable.

Otro impacto severo es el daño a los recursos hídricos de la región causado por la extracción de carbón. El área minera es atravesada por el río más importante de la provincia, el río Ranchería. Aproximadamente 55.000 personas dependen del río como único suministro de agua, en una provincia tan seca que no llueve más de dos meses al año, y algunos años no llueve, debido a eventos climáticos como el fenómeno El Niño.

Pero después de 31 años de extracción de carbón, el río se ha convertido en una corriente fangosa y contaminada. Durante la sequía extrema causada por El Niño entre 2012 y 2015, el Ranchería incluso se secó por completo en algunas partes, causando una grave escasez de alimentos entre la población local de la zona, cuyos animales y cultivos murieron por la falta de agua.

Esta realidad, al menos, hace lucir aún más inaceptable el hecho de que El Cerrejón utilice al menos 34 millones de litros de agua por día para su operación, de acuerdo con los propios cálculos de la compañía. El agua se extrae de fuentes de agua superficiales y subterráneas del Ranchería y sus afluentes. Además, las aguas residuales tóxicas de la mina, contaminadas con metales pesados y residuos de combustible, finalmente se descargan en el mismo río y sus afluentes.

El Cerrejón niega las acusaciones de que su operación está contaminando los recursos hídricos. Pero estudios recientes de la ong Indepaz de Bogotá muestran que las concentraciones de metales volátiles –como zinc, plomo, magnesio y bario– en los ríos comienzan a subir al inicio del área minera, y continúan haciéndolo en los puntos donde El Cerrejón descarga aguas residuales en los ríos y arroyos.

Además, en muestras tomadas de los pozos de diferentes comunidades cerca de la mina, Indepaz también encontró altas concentraciones de metales no aptos para el consumo humano. En el agua del pozo de Provincial incluso halló valores de arsenico y manganeso muy por arriba de los limites permitidos –con un valor de arsenico a 0,026 mg/litro en Agosto 2016. El valor permitido de este metal es 0,01 mg/litro.

Estos metales, por naturaleza presentes en la roca y el carbon, se dispersan en el ambiente por las actividades mineras, contaminando el aire, los suelos y los aguas.

“El Cerrejón no puede decir que no están contaminando el medio ambiente”, dice Golda Fuentes, investigadora de Indepaz. “Encontramos que estas concentraciones son incompatibles incluso con los estándares colombianos para un ambiente saludable. El problema es que las leyes colombianas que se aplican a las compañías mineras permiten esta contaminación.

Además, un estimado de quince afluentes del Ranchería han desaparecido debido a la extracción de carbón y proyectos de desviación. Las personas que solían depender de estas fuentes de agua ahora deben tomarla de pozos contaminados.

“El Ranchería nunca solía verse así”, dice Carmen, habitante wayú de Provincial. Señala las aguas turbias del río, donde dos wayú se están bañando, en frente del pozo minero. Para muchos habitantes, el río contaminado sigue siendo su única fuente de agua, que utilizan para lavar, cocinar o incluso beber, con problemas en la piel y el intestino como consecuencia.

Un plan para desviar también una sección de 26 kilómetros del río Ranchería, para extraer unos 500 millones de toneladas de carbón debajo de él, fue suspendido en 2012 debido a las crecientes protestas sociales. Pero eso no impidió que la empresa, en 2016, desviara otra corriente, el Arroyo Bruno, uno de los afluentes más importantes del río Ranchería. Durante los años de sequía, el Bruno era incluso el único recurso de agua que quedaba en el área.

En respuesta al plan, los habitantes de las comunidades cercanas al arroyo interpusieron varias tutelas para exigir su suspensión, ya que la empresa no los había consultado sobre el proyecto. En agosto pasado, la Corte Constitucional finalmente cumplió con su demanda y suspendió los planes de expansión que afectaban al Bruno hasta que se llevaran a cabo estas consultas. Además, ordenó al Instituto Colombiano de Geología revisar los estudios ambientales con base en los cuales la compañía obtuvo su licencia para desviar el flujo.

Sin embargo, estos estudios omiten información importante sobre los efectos de la desviación en los cuerpos de agua subterránea, afirma el geólogo Julio Fierro Morales de Terrae. “Considerando que estos cuerpos de agua son cruciales para la supervivencia de la corriente”.

“En el momento en que El Cerrejón comience a extraer carbón de debajo del lecho original del río, los acuíferos subterráneos que almacenan agua serán destruidos, secando la corriente”, dice Fierro Morales. “Además, la compañía debería haber consultado a las comunidades sobre el proyecto. Pero las autoridades colombianas son tan débiles y corruptas, que Cerrejón se sale con la suya en todo”.

De vuelta en la comunidad indígena de Provincial, Luis Segundo Bouriayu asegura: “Antes podíamos cultivar nuestra propia comida y comer pescado del río. Pero como la mina está aquí, ya no crecerá nada debido a la contaminación del río y los suelos. El agua que bebemos debemos comprarla, aún sin tener el dinero para pagarla”. Su conclusión:“Estamos jodidos por todos lados”.

*La traducción de este artículo estuvo a cargo de Oneys de Arco Canoles.

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