Tomado de: DesdeAbajo
La Misión de Observación: salud, ambiente y minería en La Guajira, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, publicó un informe resultado del trabajo etnográfico realizado por distintos investigadores y periodistas, entre el 29 de septiembre y 1 de octubre de 2017. La crisis humanitaria que sufre el departamento producto de la desaforada explotación minera es motivo de alerta para propios y extraños; con las fotografías y testimonios consolidados en el informe se avanza en acciones para detener la actividad de Cerrejón Limited.
Entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2017, un grupo de 12 personas, integrado por profesionales en los derechos de la niñez, periodistas, activistas e investigadores; visitaron el sur del departamento de La Guajira para conocer de cerca las problemáticas que enfrentan las distintas comunidades indígenas y afro en las zonas vecinas a los tajos y botaderos de desechos tóxicos de la multinacional Cerrejón Limited, quien lleva alrededor de tres décadas y media en este territorio.
El desplazamiento forzado, la privatización del agua, la muerte de niños, jóvenes y ancianos, la contaminación por material particulado, la pérdida de tejido social y el total abandono estatal, son algunos de los puntos más importantes que vivenció la Misión de Observación, por lo que cada uno cuenta con capítulos especiales dentro del informe. Las cifras y estadísticas frente a la cantidad de muertes y la falta de atención y protección que reciben las comunidades por parte del Estado son dolorosas, sobre todo en un país que se plantea una transición hacia la paz, y cuya clase dominante busca a toda costa el ingreso del país a la Ocde, organización que supuestamente respeta y exige respeto de los derechos humanos.
La contradicción existente entre desarrollo y vida digna es crudamente real en La Guajira, los testimonios de las comunidades evidencian que no solo es el Estado quien se hace el de los oídos sordos, sino también los sectores dominantes de la sociedad que a pesar de las evidencias continúan impulsando y aprobando políticas que contradicen el bienestar de la Madre Tierra, asi como de quienes la habitan; en medio de ello también resalta la indiferencia de las mayorías sociales ante el drama padecido por los hermanos wayúu desde hace más de 30 años.
¿Cuáles son las exigencias del informe?
1. Aplicar el principio de precaución tanto por parte de la multinacional Cerrejón, como por el Estado colombiano: se debe frenar la actividad minera hasta que no se compruebe que realmente no afecta la salud y la vida de todos los seres vivos y que no genera graves afectaciones para el medio ambiente. Al no existir esta certificación científica en La Guajira y, por el contrario, contar con todas las pruebas que evidencian los graves daños generados por la actividad de Cerrejón, el principio de precaución debe ser aplicado.
2. Estudios, caracterización y monitoreo tripartito: Garantizar transparencia en la inspección, vigilancia y control ambiental de la producción de carbón, donde exista un compromiso de todas las instituciones estatales e independientes. También es urgente la creación de sistemas de control y medición de contaminación para uso de las comunidades.
3. Responsabilidad de los países importadores: comprometer a cada uno de los países importadores del carbón explotado por Cerrejón, a que reconozcan la crisis humanitaria generada en La Guajira por su consumo y, de esta manera, efectuar acciones para que esto no siga sucediendo.
4. Desarrollo de políticas públicas de atención integral a la crisis ambiental, humanitaria y social de La Guajira como consecuencia de la minería: realizar un censo que permita identificar realmente cuánta es la población del departamento y permita saber cómo está constituida, de manera que las soluciones sean integrales y equitativas.
5. Fortalecimiento del Estado e institucionalidad en La Guajira: garantizar transparencia y participación política a las comunidades, para que puedan tomar decisiones frente a su territorio.
6. Garantizar los derechos de la niñez y garantizar la aplicación del principio del interés superior del niño: cumplir con la implementación de la Convención Internacional de Derechos del Niño de manera integral y concordante con los compromisos adquiridos ante los nacionales y la comunidad internacional.
7. Respeto por la cultura y autonomía del pueblo wayúu: reconocer la crisis humanitaria que sufre el pueblo wayúu en sus dimensiones sociales y culturales, garantizando autonomía soberanía.
8. Visibilizar y sensibilizar a la sociedad colombiana. Rol de los medios de comunicación: Crear estrategias y campañas comunicativas que denuncien la grave situación que vive La Guajira, las cuales provoquen pronunciamientos de colectividades e individuos que unifiquen esfuerzos para respaldar a la población wayúu. A su vez, esto puede fortalecer la solidaridad entre distintos pueblos indígenas, campesinos y afrocolombianos afectados por el fenómeno del extractivismo en tiempos recientes. Para esto es necesario apoyarse en medios alternativos e independientes, que presenten información clara y contundente acerca de las comunidades afectadas.
El informe será presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dejando testimonios claros y contundente de la crisis que padece La Guajira producto de un desarrollo que es para unos cuantos, modelo que sintetiza la ausencia de una vida digna para muchos.
