En Colombia, una revolución energética se está gestando. Lejos de las tradicionales torres de perforación petrolera del siglo XIX, y los vastos campos de paneles solares o de turbinas eólicas que dominan el paisaje de la energía renovable, las comunidades en diversos territorios del país están escribiendo su propio capítulo en la historia de la transición energética. Un cambio impulsado por la necesidad de un enfoque sustentable y justo de la transición energética, que encuentra su voz en la construcción de Energías Comunitarias (EC), que se perfilan como un modelo para el futuro energético del país.
Las Energías Comunitarias (EC) en Colombia pueden articular la acción interministerial para la implementación de la transición energética justa situando al país como un referente internacional en la lucha contra la crisis climática, la construcción de paz con enfoque territorial y la disminución de brechas de desigualdad social. Además, han sido desarrolladas durante décadas por organizaciones sociales y comunitarias que actúan para proteger el ambiente, garantizar la autonomía alimentaria y energética, así como para aumentar la productividad, mejorar la calidad de vida y la sustentabilidad de procesos de agricultura campesina, familiar, étnica y comunitarias.
¿Qué es la MEC?
La MEC, emerge del interés de organizaciones que desde hace al menos una década han procurado su propia provisión de energía, buscando crear un marco normativo que proteja a las energías comunitarias. En un trabajo conjunto, se han articulado Censat Agua Viva, Comunidades Setaa, la Fundación para la producción Agropecuaria Tropical Sostenible (UTA), la Red Colombiana de Energía de la Biomasa (Red Biocol), la Corporación Grupo Semillas, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN / Sxhab Wala Kiwe), y la Cooperativa Multiactiva Coosaviunidos, para llevar a cabo un ejercicio dialógico con el Ministerio de Minas y Energía (MME). Allí no solo buscan integrar estas formas de energía en el sistema nacional, sino también asegurar que sean reconocidas como un elemento esencial en la transición hacia fuentes sustentables que se ajusten a las particularidades de los diversos territorios colombianos. Su conformación fue motivada por la evidencia de que las energías comunitarias no solo son viables, sino necesarias, lo cual fue visible en audiencias públicas que destacaron su rol en la defensa del territorio, la transformación cultural y la preservación ambiental, gracias al autoabastecimiento energético con Fuentes No Convencionales de Energías Renovables (Fncer).
La conformación de la MEC es resultado de una serie de esfuerzos convergentes: la apertura gubernamental hacia una transición energética justa, la voluntad de las organizaciones sociales de participar en el diálogo, y una propuesta concreta para el diseño de políticas públicas. Estos esfuerzos colectivos muestran una verdad fundamental: las energías comunitarias principalmente requieren de un escenario especial de protección que respete y garantice los procesos organizativos autónomos de gestión comunitaria de la energía. A través de la MEC, las comunidades buscan incidir en la creación de políticas públicas que reconozcan y fomenten su rol en la transformación energética del país.
El memorando de entendimiento: un puente hacia el futuro
Luego de lograr armonizar las apuestas que llevan las comunidades a la Mesa, con las propuestas del Gobierno nacional, en diciembre de 2023 se logra la firma de un memorando de entendimiento que se configura como un hito crucial. Este acuerdo no solo simboliza un compromiso con la promoción de las energías comunitarias, sino que también establece un diálogo continuo con los tomadores de decisiones. La esperanza es que este diálogo resulte en el apoyo concreto para la implementación de las energías comunitarias a nivel nacional, a través de recursos económicos y marcos normativos que faciliten su fortalecimiento, protección y expansión.
Desde la firma del memorando se han logrado avances significativos, aunque no sin enfrentar los retos burocráticos habituales. La expectativa más grande se centra en la creación de un decreto que establezca las bases para una política pública de implementación de las energías comunitarias y una línea de financiamiento específica para éstas, permitiendo que cualquier organización comunitaria del país pueda acceder a fondos destinados para promover estas iniciativas en sus territorios.