Por: Juliana Gomez Garcia, Profesional del Área de Energía y Justicia climática.
En medio del auge del debate sobre transición energética, persisten visiones en tensión, una que reduce el reto a cambiar tecnologías y diversificar la matriz, y otra que exige transformar las formas de producción, distribución y consumo que sostienen la crisis climática y ambiental. A partir de discusiones institucionales y empresariales sobre el “futuro energético”, este texto cuestiona qué se está nombrando como transición, a quién beneficia esa narrativa, y por qué una transición verdaderamente justa necesita participación social, salida planificada de los combustibles fósiles y el fortalecimiento de alternativas como las energías comunitarias y la gestión público comunitaria.
Aunque la necesidad de la transición energética viene posicionándose con fuerza en los últimos años en el país, este es un debate que presenta diversas aristas y posicionamientos, incluso opuestos. Por un lado, existe una postura que considera la transición como un problema meramente tecnológico en el que se presenta la diversificación de la matriz energética como el eje central. Por el otro, nos encontramos quienes cuestionamos las formas de producción, distribución y consumo en un modo de producción capitalista como la causa central de la crisis ambiental y energética. En ese sentido, aprovechamos nuestra asistencia al II Congreso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, realizado el pasado 15 y 16 de octubre en Cartagena, para preguntarnos ¿qué entiende la ANH por transición energética? y ¿cómo se acerca o se distancia ese posicionamiento de lo que proponemos como transición energética justa?.
El encuentro de la ANH, fue un espacio para analizar y debatir sobre el futuro energético del país, entre empresas del sector de hidrocarburos, financiadores, académicos y entidades del Estado. Aunque vale la pena mencionar la ausencia del movimiento social entre los participantes en el debate, la discusión apuntó a los esfuerzos por ampliar la perspectiva de la agencia y dar pasos en la consolidación de un proyecto en el que la agencia salga del sector de los hidrocarburos para ser pensada como la agencia de energía, en términos más amplios. Se dio espacio para pensar la intersección entre el sector hidrocarburífero y los energéticos entendidos como renovables: la energía solar, la eólica continental y offshore, la geotermia, etc. Es importante establecer que en el escenario institucional no hay duda sobre la necesidad de la transformación de la industria hidrocarburífera para responder a una inminente transición energética, pero, ¿qué se está entendiendo desde estos actores como transición energética? Y ¿cómo se está avanzando en un escenario de evidente declive de los yacimientos fósiles?.
En medio de un contexto geopolítico en el que la fluctuación de los precios de los hidrocarburos generan conflictos armados, incertidumbre y dependencia, es necesario y urgente transitar a las energías renovables para ampliar y diversificar la matriz energética del país, pero, sobre todo, para transformar un modelo que nos permita preguntarnos ¿energía cómo, para qué y para quién? Desde este entendimiento, teniendo como horizonte el bienestar de comunidades, trabajadoras/es y la armonía entre la vida humana y no humana, la construcción de alianzas regionales es decisiva para dar pasos en los reajustes de las cadenas de producción, en la generación de nuevas rutas y formas de comercio y en la construcción de marcos regulatorios que nos permitan encontrar el camino a una transición climática y ambientalmente justa. No obstante, durante el debate construido en el Congreso, la ANH y el sector empresarial han sido insistentes en dar un parte de seguridad al sector inversionista, proponiendo el plan de transición como una ampliación o diversificación de la matriz y manteniendo la promesa de rentabilidad sobre las proyecciones vigentes en la extracción de combustible fósil. En otras palabras, mantener las formas de producción y consumo que ocasionaron la crisis, pero desde una matriz energética diferente, sin cuestionar ni responder a esa misma crisis.
Por un lado tenemos, entonces, un sector empresarial coludido históricamente con el Estado y con un interés económico en los posibles beneficios de diversificar y ampliar la matriz para garantizar una seguridad energética, pensada en términos de crecimiento económico y en función de una distribución de los recursos al servicio de los intereses del gran capital. De otra parte, el movimiento social fue un gran ausente en el debate propuesto como escenario para pensar el futuro de la energía en el país. En ese sentido, vale la pena preguntarse si en este escenario de crisis geológica, la narrativa que se construye desde el concepto de transición funciona como un eufemismo para pensar la seguridad energética, respondiendo a las necesidades del capital, y no necesariamente una transición justa que contemple los límites del planeta y la condición de interdependencia entre lo humano y no humano. Pensar en una transición energética ambiental y socialmente justa, implica, en primer lugar, generar estrategias para una salida planeada de los combustibles fósiles. Esto requiere transitar a un decrecimiento del consumo energético y por lo tanto pensar en la ampliación y reestructuración de cadenas productivas que permitan a los trabajadores y a los territorios encontrar alternativas para descarbonizar la vida. Desde este escenario, consideramos que es fundamental invitar al movimiento social, no solo al diálogo sino a la toma de decisiones que contemplen las formas de pensar y producir energías comunitarias, formas de gestión público-comunitarias, la reconversión productiva y laboral a partir de nuevas cadenas productivas, propuestas de soberanìa alimentaria, economías feministas, agroecológicas y eco tecnológicas, que tienen raíz en lugares concretos y que dan la posibilidad de construir escenarios regionales más fuertes.