Por: María José Guichay Álvarez, Profesional del Área de Energía y Justicia climática.
Entre la crisis climática y el endeudamiento, la región vive una disputa de fondo: quién paga las “soluciones” y quién se beneficia. A partir de la Cumbre de los Pueblos hacia la COP30 y del caso ecuatoriano, esta nota conecta violencia, austeridad y extractivismo para proponer un internacionalismo popular que mire lo glocal, cuestione la financiarización del clima y ponga la solidaridad entre pueblos en el centro de la justicia social, ambiental y económica.
La solidaridad parte del reconocimiento de que el destino del otro está ligado al propio. Desde esta comprensión, el internacionalismo popular propone una mirada glocal: actuar desde lo local sin perder de vista las dinámicas globales que moldean nuestras condiciones de vida. En un contexto donde la crisis climática se entrelaza con otras emergencias y abre disputas sobre cómo se financian las respuestas y quiénes se benefician de ellas, la declaración final de la Cumbre de los Pueblos[1], leída en relación con la situación del Ecuador y de América Latina, evidencia que los conflictos actuales no son coyunturas nacionales aisladas, sino expresiones de una misma trama regional y global de endeudamiento y despojo.
La Cumbre de los Pueblos se realizó en Belém do Pará, en la Amazonía brasileña, del 12 al 16 de noviembre de 2025, de manera paralela a la COP30[2]. Su declaración parte de la premisa de que la crisis climática tiene raíces estructurales en el modo de producción capitalista y que sus impactos recaen de forma desproporcionada sobre comunidades periféricas, empobrecidas y racializadas, en particular mujeres y juventudes, sin acceso efectivo a justicia ni reparación. El documento identifica a las industrias minera, energética, agroindustrial, armamentística y tecnológica como actores centrales de la catástrofe climática, y cuestiona las falsas soluciones de mercado, la financiarización del clima y una transición energética corporativa que privatiza y mercantiliza los bienes comunes, incluso a través de la supuesta “compensación” que subordina e instrumentaliza a los Estados-nación para los intereses del capital.
En este marco, este proceso que reunió a más de 70 mil personas que integran movimientos locales, nacionales e internacionales, plantea, entre otros puntos, el siguiente:
Punto 13: “Exigimos que la financiación climática internacional no pase por instituciones que profundizan la desigualdad entre el Norte y el Sur, como el FMI y el Banco Mundial. Debe estructurarse de manera justa, transparente y democrática. No son los pueblos y países del Sur global los que deben seguir pagando las deudas a las potencias dominantes”
Pero, ¿qué base tiene esta propuesta? ¿Cómo se gestiona hoy el dinero para mitigar y adaptarse al cambio climático? Aunque en cada COP se exige aumentar los recursos disponibles, el financiamiento climático existente reproduce, en muchos casos, lógicas de endeudamiento que profundizan el despojo. Esta dinámica se expresa con claridad en el caso ecuatoriano.
Ecuador atraviesa una profunda crisis marcada por inestabilidad política, despojo territorial y un nivel de violencia sin precedentes. Según el Índice Global de Crimen Organizado (2025)[3], el país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, debido a la presencia de redes vinculadas al narcotráfico, la extorsión, el tráfico de armas y la minería ilegal. De acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (2025)[4], entre el primer semestre de 2024 y el de 2025, los homicidios de niñas, niños y adolescentes entre 10 y 19 años aumentaron en un 68%, un dato que pone en evidencia la deuda estructural del Estado con la vida digna, la protección y el futuro de las infancias y adolescencias en el Ecuador.
La respuesta del actual gobierno frente a este escenario ha sido la declaración de conflicto armado interno, la militarización de calles y cárceles, la ampliación de los estados de excepción y el endurecimiento del marco legal en materia penal y de seguridad[5]. Estas medidas se han desplegado de manera paralela al fortalecimiento de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de 5 mil millones de dólares hasta 2028. Así, el gobierno de Daniel Noboa se comprometió a implementar ajustes fiscales y reformas estructurales bajo el discurso de estabilizar la economía y garantizar la gobernabilidad en un contexto de violencia creciente.
Sin embargo, estos compromisos con el FMI no se limitan al ámbito macroeconómico, sino que condicionan directamente las prioridades del gasto público y el modelo de gestión. En la práctica, se ha traducido en el aumento del IVA, eliminación de subsidios, la profundización del modelo extractivista mediante la apertura al capital minero y petrolero, y una fuerte reducción de la inversión estatal en educación, salud, empleo público e institucionalidad. Diversos analistas han denominado este proceso como un “austericidio”[6], una forma de austeridad que debilita las capacidades públicas y que, de manera paradójica, se asocia al agravamiento de las condiciones de violencia que dice combatir.
Una lectura crítica del reporte oficial del FMI (2025)[7] muestra que el 28% de los compromisos asumidos por el gobierno, es decir, 7 de los 25, están directamente vinculados a la minería, el petróleo y el sector eléctrico. Lo que refuerza la dependencia del país al extractivismo y la privatización, profundizando la presión sobre territorios ya afectados por la crisis climática, sanitaria y de seguridad.
El resultado es un escenario en el que el ajuste fiscal, la reducción del gasto social y la expansión del extractivismo se combinan para sostener el pago de la deuda, mientras la vida de las mayorías queda cada vez más expuesta a las corporaciones trasnacionales y la violencia de economías ilícitas. El caso de Colombia debería ser una viva muestra de que en este panorama no basta con atender los síntomas inmediatos de la violencia, es indispensable enfrentar los factores estructurales que permiten el control criminal, lo que implica invertir de manera sostenida en salud, educación y cultura, y no únicamente en militarización, represión y encarcelamiento[8].
Los compromisos promovidos por el FMI no responden a una lógica de solidaridad o cooperación, sino a mecanismos de endeudamiento que priorizan los intereses de los países acreedores, con Estados Unidos como principal actor. Esta forma de financiamiento reproduce ciclos de deuda, dependencia, impactos socioambientales y control político-económico del Sur global. Así, mientras el FMI interviene sobre las políticas macroeconómicas y fiscales, el Banco Mundial financia proyectos sectoriales bajo esos mismos marcos de reforma.
Esto es preocupante porque en los últimos años, ambas instituciones han incorporado “el clima” a sus líneas de acción, principalmente a través de préstamos. Según la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (2023)[9], entre 2016 y 2020 América Latina y el Caribe recibió en promedio solo el 17% de la financiación climática internacional, y el 81% de esos recursos fueron otorgados como préstamos, lo que intensificó la crisis de deuda regional. La CEPAL (2023)[10] señala que solo en 2020 se movilizaron 22,9 mil millones de dólares, de los cuales casi el 90% provino de bancos multilaterales y bonos verdes. Entonces ¿Quién se beneficia realmente del endeudamiento climático? Si las crisis sanitarias y de seguridad han sido usadas para profundizar el extractivismo ¿por qué las deudas climáticas no lo harían?
Hoy, Ecuador es el cuarto país más endeudado con el FMI[11], una deuda que sirve como mecanismo de condicionalidad para reformas que refuerzan su inserción subordinada en el mercado global. Frente a este panorama, la pregunta es inevitable, ¿qué lugar seguimos ocupando en la división internacional del trabajo? ¿Qué otros mecanismos nos mantienen atrapados en estas posiciones? Incluso organismos como las Naciones Unidas[12] han reconocido la necesidad de avanzar hacia una financiación justa, lo que implica reformar la arquitectura financiera internacional, con estos organismos como principales obstáculos. Entonces, ¿estamos comprendiendo el verdadero entramado de las dependencias globales? ¿Cómo transformar la dependencia en interdependencia entre naciones?
La crisis climática, la crisis económica y la crisis de seguridad son dimensiones de un mismo colapso, y su superación no vendrá de los mercados ni de los organismos financieros internacionales porque son estos mismos sistemas los que lo afianzan al mercantilizar y usufructuar de las crisis. La propuesta de la Cumbre de los Pueblos se enmarca en el internacionalismo popular, mismo que da un llamado a la organización colectiva internacional, la defensa de los territorios más allá de las fronteras, la soberanía de los pueblos desde sus autonomías interdependientes y la justicia social, ambiental y económica desde el diálogo de luchas.
Así, el caso del Ecuador, pionero en hitos como los derechos de la naturaleza y la defensa de su Constitución plurinacional (como la que se vió en la consulta popular del 16 de noviembre 2025[13]), permite observar con claridad el conflicto estructural presente en América Latina. En este escenario, el caso colombiano tampoco puede leerse de manera aislada y debe hacer eco de la propuesta de la Cumbre de los Pueblos. El respiro político que hoy vive el país, producto de una movilización social histórica que logró posicionar la justicia ambiental y la disputa frente al extractivismo en la agenda pública, convive con fuertes amenazas como la derechización regional, las presiones geopolíticas de intereses trasnacionales y una economía aún dependiente de los combustibles fósiles y la deuda. Por eso, de cara a las próximas elecciones, la disputa no es solo nacional, sino profundamente internacional, de la mano de resistencias como las que se evidencian en Ecuador y otras latitudes.
El debate sobre la transición en América Latina no puede reducirse a cómo se financia, sino quién sigue pagando los costos y quién se beneficia de la transacción de nuestro futuro. Mientras la deuda continúe operando como mecanismo de dependencia y control, la solidaridad entre pueblos es la base para disputar un horizonte distinto, por fuera de los intereses corporativos transnacionales. El primer paso es informarnos, mirar más allá de nuestras fronteras y comprender que lo que ocurre hoy en países de la región también define nuestro propio futuro.
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[1] Cumbre de los Pueblos. (2025). Declaración de la Cumbre de los Pueblos hacia la COP30. Emmaus International.
[2] Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
[3] Georgia Institute of Technology & INDESIG. (2025). Índice Global de Crimen Organizado.
[4] Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO). (2025). Boletín semestral de homicidios: Primer semestre de 2025. PADF.
[5] International Crisis Group. (2025). Paradise lost: Ecuador’s battle with organised crime (Report No. 109).
[6] Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. (2025). Ecuador contra el FMI y el Banco Mundial. Pachamamita Ecuador.
[7] Fondo Monetario Internacional. (2025). Ecuador: First review under the extended fund facility arrangement (IMF Country Report No. 25/001).
[8] Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2025). Impact of debt on the full enjoyment of human rights (A/HRC/55/23).
[9] Latindadd – Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social. (2024). Climate crisis, debt and recovery in a context of multiple crises.
[10] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2023). Financiamiento climático en América Latina y el Caribe.
[11] Primicias. (2025, 6 de febrero). Ecuador es el cuarto país del mundo más endeudado con el FMI.
[12] Naciones Unidas. (s. f.). Financiación climática.
[13] Mongabay Latam. (2025, diciembre). Balance ambiental en Ecuador: persecución a defensores y economías ilegales.