El Intercambio Internacional de Energías Comunitarias 2025 reunió a organizaciones sociales y procesos territoriales de Colombia y Perú para reflexionar sobre la transición energética justa desde una perspectiva comunitaria. A partir de experiencias en agroecología y energías comunitarias, este artículo analiza cómo las articulaciones territoriales aportan a una transición energética justa y popular, anclada en la defensa del territorio, la autonomía y el cuidado de la vida.
Escrito por: Linda González y Mateo Talero
El concepto de Transición Energética Justa (TEJ) integra cada vez más los discursos, agendas y acciones de diversos actores en la esfera internacional, nacional y local, principalmente de aquellos responsables por diseñar políticas que viabilicen este proceso. Por ejemplo, a nivel internacional la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático – Cmnucc desde el 2021 llama la atención a la necesidad de efectuar una rápida transición energética, situada específicamente en la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por medio de las energías renovables, conforme se orienta en el Acuerdo de París, aterrizandose en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC por sus siglas en inglés).
A nivel nacional esta definición se amplía mucho más. Por ejemplo, el Ministerio de Minas y Energía define a la TEJ en el “Diagnóstico base para la TEJ 2024” desde una visión más amplia, teniendo en cuenta que debería partir de un enfoque de justicia social, ambiental y energética, más allá de transformar los sistemas energéticos actuales basados en la quema de combustibles fósiles. Incorpora, además, el reconocimiento y la reparación de los impactos generados por proyectos minero-energéticos, así como la necesidad de superar el modelo económico extractivista mediante la creación de alternativas laborales y económicas.
De igual forma, en escalas locales-territoriales la TEJ incorpora, elementos de la cotidianidad, teniendo en cuenta que demanda transformaciones culturales, sociales, económicas y políticas profundas, trascendiendo cambios tecnológicos y/o productivos, e incorporando componentes que abordan la producción y reproducción de la vida y los cuidados. Esta perspectiva resulta ser un componente fundamental de propuestas enmarcadas en las energías comunitarias, que además de lograr aportar a la mitigación de la crisis climática mediante el desarrollo de conocimientos, prácticas y procesos de cambio en la producción y consumo de energías y alimentos, viabilizan la reconstrucción del tejido social de comunidades que han sido fuertemente impactadas por el extractivismo.
En este contexto multiescalar del trabajo por una transición energética justa se dio el Intercambio internacional de Energías Comunitarias realizado en el suroeste antioqueño entre el 15 y el 17 de septiembre de 2025, en el que representantes de 6 organizaciones sociales procedentes de los departamentos de Cesar, Santander, Caldas, Meta, Cauca, Nariño y Putumayo; un representante de la Universidad Nacional de Colombia e integrantes de Censat Agua Viva intercambiaron conocimientos y experiencias sobre alternativas energéticas y agroecológicas que han sido desarrolladas en sus territorios. Además, el encuentro contó con la participación de la organización peruana Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), quienes apoyaron con la participación de dos organizaciones territoriales con experiencias de la región amazónica peruana y el relato de distintas prácticas de transición energética incorporadas a circuitos de economía solidaria.
Foto: Intercambio internacional de Energías Comunitarias 2025
Consideramos que este intercambio nos dejó insumos, reflexiones y cuestionamientos a la forma en que se territorializan las políticas internacionales y nacionales de transición energética, aportando a estas desde una perspectiva eminentemente comunitaria y considerando transformaciones en las formas de organizar la producción en el campo.
El intercambio inició con la discusión alrededor del concepto de energía, para muchas de estas organizaciones la energía trasciende el abordaje desplegado frecuentemente desde esferas institucionales y corporativas. Si bien el uso de este concepto remite a la generación, distribución y acceso de la energía eléctrica; la energía es alimento, pero además es la fuerza para trabajar la tierra, y la movilización para defender derechos. Por tanto, la energía es vida, y es la que garantiza la existencia.
Durante la agenda del intercambio fue posible conocer con detalle los aciertos, dificultades y sentires de la consolidación de las Escuelas Campesinas Agroecológicas (ECAs), las organizaciones que nos recibieron en el suroeste antioqueño. Un proceso organizativo de más de siete años en el que coinciden diferentes colectivos, que a través del convite y el compartir entre familias de los municipios de Santa Bárbara, Caramanta, Támesis y Valparaíso han trabajado para hacer frente a la expansión de la megaminería y la agroindustria, mediante la construcción de una alternativa productiva basada en la agroecología.
Al visitar algunas fincas de los municipios de Santa Bárbara y Caramanta, vinculadas al proceso de las ECAs, nos aproximamos a algunos de los saberes que han sido gestados principalmente desde la experimentación colectiva, como las biofábricas, los viveros e invernaderos comunitarios con especies diversas de maderables y frutales (guayacán, guamo, guayabo de leche), el guardianaje y la investigación local en torno a la conservación de semillas nativas y criollas, los secadores, los biodigestores, los pozos para la cría de peces, el cuidado de especies menores para el autoconsumo cárnico, entre otros.
Foto: Biodigestor de la ECA (Escuela Campesina Agroalimentaria) en Caramanta
Una de las tecnologías más vistas en las fincas fueron los biodigestores, que posibilita el aprovechamiento de residuos orgánicos y los descompone para generar biogás, el cual puede ser utilizado para la cocción de alimentos. La importancia de su uso ha radicado en que aborda dos problemáticas comunes: la primera, la gestión de los residuos orgánicos, ya que estos suelen ser quemados o llevados a botaderos de basura con el resto de los residuos, generando vectores contaminantes, daños ambientales y generando zonas de sacrificio; el segundo beneficio es el aprovisionamiento de gas para la cocción de alimentos. En una de las fincas visitadas en Caramanta, por ejemplo, el biodigestor ha logrado satisfacer gran parte de las necesidades de cuatro personas junto a sus procesos productivos. Estas experiencias nos muestran que los intercambios y las escuelas campesinas permiten que los procesos sociales apropien tecnologías, construyan conocimientos que les fortalezcan y así combatir la crisis climática en una dimensión local.
Muchas de estas técnicas y conocimientos han sido desarrollados para garantizar la soberanía alimentaria y autonomía económica, para fortalecer los vínculos y la juntanza entre la familia y los vecinos, o inclusive para desarrollar una contranarrativa esperanzadora en el escenario de la disputa territorial.
Ese es el caso de la Asociación Agropecuaria de Caramanta (ASAP), una de las organizaciones participantes de las ECAs, que si bien emergió hace aproximadamente treinta años por una iniciativa de terratenientes alineados con el impulso de la “revolución verde” en el suroeste antioqueño, trás un declive de la organización, los pequeños campesinos que estaban vinculados decidieron dirigirla y reorientarla hacia la agroecología para superar el sistema de cultivo cafetero que imperaba en la región. Para ello, durante estos años ASAP ha avanzado en el desarrollo de tecnologías adecuadas y viables para las familias vinculadas, y para los territorios donde se ubican; lo anterior ha viabilizado cambios en la propia estructura de las fincas, que han pasado de ser cafeteras, con pocos sistemas productivos y altamente dependientes de agroquímicos y mercados externos a la diversificación de cultivos que garantizan a largo plazo la soberanía alimentaria de las familias, y propicia la comercialización en circuitos cortos que no dependen del mercado convencional, promoviendo mercados campesinos solidarios y justos.
El intercambio también permitió conversar acerca de algunos desafíos que han experimentado las familias vinculadas a las ECAs, así como de las otras organizaciones participantes que han impulsado iniciativas similares en otros territorios. Los principales aspectos resaltados estuvieron fuertemente relacionados con la composición familiar, teniendo en cuenta que para varios procesos organizativos la familia corresponde al núcleo productivo. Es decir, desde las familias se organizan las unidades productivas que a su vez conversan con el ámbito comunitario.
En una de las unidades productivas de Santa Bárbara, por ejemplo, fue mencionada la sensación de soledad en la ruralidad, siendo que la mayoría de la gente ya no siembra y, al estar recayendo esta acción principalmente en pequeños grupos de mujeres adultas, las labores que requieren más fuerza no pueden ser realizadas en su totalidad. Lo anterior ha generado afectaciones en algunas especies de árboles que deben ser sembradas en tiempos específicos, así como en el guardianaje de semillas criollas. Aún en una de las fincas visitadas en Caramanta, donde es percibida una mayor unión comunitaria, se reconoce que las familias son menos numerosas, y que ahora hay menos gente que pueda participar en las actividades o que se haga cargo de algunas de las tareas, lo que ha debilitado algunos procesos organizativos. También fue mencionada con preocupación la salida constante de jóvenes del campo hacia la ciudad, ya que se asocia con la desintegración de la família, el aumento de la discriminación hacia el campesino, y el desinterés por el trabajo en la ruralidad.
Esta experiencia relatada corresponde a los desafíos que ya se han reconocido en el país frente a la composición y funcionamiento de la familia rural como principal unidad de trabajo en el campo, consecuencia de la pérdida de exclusividad de la actividad agropecuaria, las estrategias adoptadas para la diversificación de ingresos económicos, la salida de la mujer del espacio doméstico y su vinculación al mercado laboral, entre otros aspectos que se generan ante la persistencia de la desigualdad, inseguridad y falta de oportunidades de la población en las zonas rurales.
Si bien ante este panorama los y las campesinas han desarrollado diferentes estrategias, como el establecimiento de nuevas relaciones sociales y personales que resignifiquen el universo familiar, o que inclusive lo trasciendan, es fundamental incorporar esta lectura en el diseño de políticas públicas, inclusive en las políticas climáticas que demandan acciones locales de mitigación y adaptación al cambio climático. Justamente, durante el intercambio fue posible conocer experiencias de familias y colectivos que se están reconfigurando en su propia composición, y que han posibilitado dicha transformación a través de la implementación de técnicas y tecnologías asociadas a las energías comunitarias. La construcción y puesta en marcha de un biodigestor, por ejemplo, convoca a familias extensas, pero también a amigos/as, vecinos/as, aliados de la academia, de otras organizaciones, e inclusive de otros territorios, para experimentar e intercambiar conocimientos sobre su disposición y uso. Las huertas comunitarias convocan a diferentes actores alrededor de las mingas, donde además de materializarse la mano cambiada se logran consolidar afectos en colectivo (no necesariamente familiar), siendo la base de otra estructura social del trabajo.
Partiendo de compartir ideas novedosas sobre tecnologías y técnicas para la generación, distribución y uso de energía en la escala comunitaria, por medio del intercambio se logró que fueran socializadas historias, aprendizajes y desafíos que surgen de la vida y el hacer político en comunidad. La experiencia de lo cotidiano resulta ser significativa, pues se comparte el camino recorrido con relación a nuevas formas para estar en la casa común, como resaltaron dos participantes provenientes de la experiencia de la Finca Amazónica en Caquetá. Al tiempo que es un espejo de la construcción de una transición energética justa en las esferas nacionales e internacionales.
De acuerdo con este logro y parafraseando a Kolya Abramsky (citado en Bertinat, Chemes y Forero, 2020) puede que la cuestión más apremiante para una transición energética justa no pase por cuáles serían las características exactas de una futura utopía tecnológica- energética, sino, más bien, cómo podemos construir poder y organización colectiva a partir de prácticas en torno a la energía. En ese sentido, organizaciones comunitarias, como las participantes del intercambio internacional, que persiguen una transición energética basada en la justicia socioambiental, participativa y cooperativa, con una narrativa anticapitalista y de transición socioecológica, construyen lo que consideramos una transición energética justa y popular (Ibidem); donde la generación de energía, más que un fin en sí mismo es una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas en un marco de derechos congruente con los derechos de la naturaleza.
Para finalizar, es usual que después de cada encuentro permanezca la pregunta ¿Cuáles son las tareas que nos quedan a partir de este intercambio? Seguramente, uno de los pasos a seguir será identificar si en las políticas públicas de TEJ nacional e internacional se están o no abordando los desafíos identificados durante el intercambio, y cualquiera sea la respuesta, buscar cómo se podrían fortalecer estas transformaciones de la organización social y productiva del campo contemporáneo. Un campo, además, que persigue una transición energética basada en la justicia socioambiental.