Camellones del Sinú – Córdoba. La ingeniería ancestral para convivir con inundaciones y sequías sin controlar el río.
A propósito del Día Mundial del Ambiente, el caso de Urrá permite abrir una discusión sobre los ríos intervenidos, los daños acumulados, la memoria de las comunidades afectadas y las falsas promesas de un desarrollo que concentra el agua, la energía y la decisión sobre los territorios. Todo esto enmarcado en una conversación sobre el riesgo en el marco de una transición socioecológica.
¿Y si lo que hoy nombramos como “riesgos” o “desastres” fuera, en realidad, el resultado de decisiones que desplazaron saberes y concentraron el control del agua? ¿Qué ocurre cuando esos conocimientos se convierten en memoria, símbolos o billetes, pero no en guía para gestionar y habitar el territorio? Tal vez el riesgo no nace de la fuerza del río o de las lluvias, sino de intervenirlo sin escuchar a quienes han aprendido históricamente a convivir con él.
La gestión del riesgo se enfoca en anticipar el futuro y decidir cómo y quiénes asumen las consecuencias de los posibles peligros para reducir daños. Pero, debemos interiorizar algo enfáticamente, muchos de los riesgos actuales se producen dentro de modelos económicos y tecnológicos que benefician a ciertos actores, aunque se presenten como circunstancias “naturales”.
La crisis climática, que intensifica y desestabiliza los patrones de sequías e inundaciones históricamente observados, es provocada por intereses transnacionales del norte global, que concentran más emisiones y ganancias que todos los países de Latinoamérica y África juntos. Sin un enfoque de justicia, la gestión del riesgo termina revictimizando territorios históricamente saqueados por su agua, su tierra, su energía y su soberanía.
El riesgo es, por tanto, una categoría política que revela cómo se distribuyen responsabilidades, exposiciones y desigualdades, aunque el debate público lo reduzca a cifras de pérdidas económicas y materiales. Pensar una transición socioecológica justa exige abordar la relación entre justicia y riesgo, porque callar los riesgos para evitar alarma es tan grave como hacerlo para desdibujar responsabilidades.
En el Día Mundial del Ambiente, el caso Urrá repasa la pregunta sobre ¿qué entendemos por ambiente cuando los ríos intervenidos, las comunidades afectadas, los daños acumulados y las deudas de reparación quedan por fuera de las celebraciones oficiales? En un día dedicado al ambiente, hablar de Urrá es hablar de justicia ambiental, memoria, democracia y defensa del agua como bien común.
El desastre socioambiental registrado en febrero en Córdoba, en torno a la Central Hidroeléctrica Urrá I, evidencia que los daños no se distribuyen de forma neutral. Desde los siete discursos señalados por León & Roa (2023), que permiten entender cómo los grandes proyectos hidroeléctricos son falsas soluciones ante la crisis climática, el caso de Urrá ejemplifica la relación entre riesgo y justicia como clave para una transición socioecológica justa, donde la gestión y el manejo comunitario de los territorios son innegociables. Esta mirada orienta hacia un horizonte de justicia ambiental, climática, hídrica y energética, más allá de la prevención o el conteo de daños.
Primero, las hidroeléctricas se legitiman bajo un discurso de transición energética “limpia, renovable y sostenible”. Sin embargo, según datos del Plan Nacional de Energía 2022-2052, la matriz eléctrica colombiana es fuertemente dependiente de las hidroeléctricas, con el 67.1 % de la generación, misma que está sujeta a condiciones de variabilidad climática u otras contingencias. Así, entre marzo y abril de 2024, con la fuerte sequía y la crisis de los embalses, Colombia debió generar el 47 % de su electricidad con centrales termoeléctricas. En el caso contrario, en épocas de altas precipitaciones, los riesgos de inundaciones y rebosamientos de los embalses se acentúan, provocando graves afectaciones a las zonas aledañas. Esa situación se expresó en Córdoba con Urrá I.
Estos datos revelan las complejidades de los proyectos hidroeléctricos, ya que mantienen la dependencia de los combustibles fósiles y representan riesgos adicionales en los territorios afectados por la crisis climática. También cabe mencionar que los embalses generan metano, gas de efecto invernadero 28 veces más potente que el dióxido de carbono para retener el calor en la atmósfera. Todo ello lleva a cuestionar la idea de transición energética cuando persisten la dependencia de los combustibles fósiles, el modelo de acumulación por desposesión y concentración, y profundos impactos socioambientales.
Segundo, aparece el discurso de la insuficiencia energética. La “escasez” no siempre corresponde a un contexto de desabastecimiento, pues muchas veces responde a intenciones de mercado. Las represas se imponen como decisión gubernamental, justificada desde una visión del interés general o de utilidad pública, apelando a las necesidades energéticas de todo el país, aun si esto significa una amenaza para las poblaciones del área de influencia (León & Roa, 2023)
En el caso de Urrá I, este proyecto hacía parte del Plan de Expansión Eléctrico de Mínimo Costo, con el cual se pretendía atender los requerimientos de energía eléctrica hasta 1997. Aquí es importante destacar que, para la fecha en que Urrá I entró en operación, el país contaba con un 35 % de excedente en el sistema de interconexión eléctrica. Por ese entonces eran comunes las justificaciones de abaratar los costos de la energía en el norte del país, reemplazando termoeléctricas por hidroeléctricas. A la vez, existían contradicciones, mientras se promovía la hidroeléctrica, también se promovía la ampliación de las termoeléctricas. Con la histórica desigualdad tarifaria de la región Caribe, vale la pena preguntarse por el éxito de dicha apuesta justificada en escasez.
También es de resaltar que Colombia ha tenido un papel activo en planes energéticos de comercio internacional como el Proyecto Mesoamérica, anteriormente Plan Puebla Panamá, y el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, Cosiplan, anteriormente IIRSA, por lo que parte de la energía producida es para exportación y no para consumo interno. Durante enero de 2020, el consumo de energía en el país fue de 6.048.242 MW, mientras que la energía exportada a Ecuador y Venezuela en ese mismo mes fue de 6.468.155 MW (XM, 2020 citado en León & Roa, 2023).
Tercero, el discurso de la eficiencia energética puede ser cuestionado frente a un sector hidroeléctrico que concentra grandes volúmenes de agua concesionada sin criterios claros de proporcionalidad o eficiencia energética. Esto, frente a los impactos socioambientales, deja abierta la posibilidad de cuestionar las decisiones en la asignación del agua (León & Roa, 2023), bajo una discusión de justicia hídrica y energética.
León & Roa (2023) señalan que el 60 % de las concesiones de agua en el país las concentra el sector hidroeléctrico, con volúmenes superiores a los 150 millones m3/año. En el caso de Urrá I, consta de cuatro bocatomas con un caudal de diseño por cada una de ellas de 175 m3/s. La hidroeléctrica cuenta con una generación de 340 MW de energía por medio de cuatro unidades de 85 MW cada una. Esta producción energética corresponde al 3 % del total nacional.
En contraste, desde hace más de 20 años, las comunidades han denunciado la afectación de la calidad del agua y el descenso de los niveles del río Sinú. También hay fuertes afectaciones a la soberanía alimentaria a raíz de la disminución de peces, lo que responde a la desecación de humedales clave como el de Góngora Grande de Lorica y otros humedales del Alto Sinú. Se trata de un caso de profunda injusticia hídrica y energética, mientras se acaparan grandes volúmenes de agua y energía, se han secado o contaminado fuentes hídricas.
Cuarto, el discurso de abundancia hídrica y topografía favorable también ha sido usado para legitimar los proyectos hidroeléctricos. Ello ha profundizado desigualdades en la relación entre sectores urbanos y rurales, donde los últimos se ponen en función de abastecer a los primeros, afectando e invisibilizando los modos de vida de las comunidades que habitan dichos territorios (León & Roa, 2023).
En el caso de Urrá, la definición del proyecto fue bastante ambigua. Algunas veces se planteó como un proyecto de regulación de aguas y adecuación de tierras, otras como una hidroeléctrica o como proyecto multipropósito. De esta forma, al ser Córdoba un territorio de inundación, Urrá se planteó también como un proyecto de regulación de las aguas que, en últimas, permitió el secamiento de tierras para ganadería extensiva y proyectos agroindustriales como el monocultivo de palma aceitera. Ello significó superponer un modelo de acaparamiento a otras formas de relacionarse con los ríos y las ciénagas, desconociendo sistemas de manejo hidráulico propios de las comunidades. De esta forma se legitimó un proyecto como interés nacional que, más que generación eléctrica, ha significado despojo y control de aguas y tierras.
Lo anterior conduce al quinto discurso centrado en el control de inundaciones y abastecimiento de agua. Las represas no se orientan a la justicia hídrica; por el contrario, pueden aumentar vulnerabilidades y despojar fuentes de agua en favor de intereses particulares. El estudio de Roa-García y Brown (2015) encontró que las concesiones de agua otorgadas a hidroeléctricas son muy pocas, apenas el 1 % del total de concesiones en el país, pero estas mismas concentran una gran parte del volumen total de agua asignada, el 21 %. Es decir, la desigualdad no está en cuántos permisos existen, sino en cuánta agua controla el sector energético.
De hecho, la investigación de las autoras demuestra que las concesiones registradas tienen un coeficiente de Gini, instrumento para medir la desigualdad, del 0.92, donde los valores más cercanos a 1 representan desigualdad absoluta. Este valor es incluso más alto que el de la propiedad de la tierra, que es 0.86 para Colombia. Así, presentar las represas como soluciones para el abastecimiento resulta engañoso, más que garantizar acceso, acaparan el agua para fines distantes al uso comunitario y a la regeneración ecosistémica. Este patrón de concentración revela que los discursos que las legitiman responden principalmente a lógicas corporativas y comerciales, más que como derecho o bien común.
Finalmente, los discursos sexto y séptimo remiten a la promesa de desarrollo territorial y modernidad, junto con la idea de una gobernanza técnica que presenta los proyectos como decisiones neutrales. En el caso de Urrá, estas narrativas estuvieron atravesadas por inconsistencias en la consulta previa, que no fue previa, libre, ni informada, ya que se realizó cuando el proyecto estaba avanzado, con información fragmentada y sin garantizar traducción intercultural suficiente, en un contexto de fuerte presencia paramilitar que condicionó la deliberación, la denuncia y la defensa del territorio.
El 2 de junio de 2026 se cumplieron 25 años de la desaparición del líder indígena Embera Katío del Alto Sinú, Kimy Pernía Domicó. Antes de su desaparición forzada, él señaló públicamente en su último discurso que el proyecto avanzaba sin garantías ambientales suficientes, sin Plan de Manejo Ambiental y con un estudio de impactos que reconocía más de cien afectaciones y apenas cinco beneficios. Su discurso señalaba que para ellos el desarrollo representaba la muerte del río, de los pescados, de sus costumbres, de sus sitios sagrados y de ellos mismos. A él le costó la vida, como a los otros 112 Embera Katío que entre 1998 y 2008 fueron asesinados en el marco de la defensa de su territorio.
En este contexto, resulta urgente preguntarnos por otras formas de gestión del riesgo, que permitan una mayor toma de decisiones por parte de las comunidades sobre sus territorios y que aporten a la construcción de una justicia ambiental, climática, hídrica, energética y agraria en los procesos de transición socioecológica.
Para ello, es relevante acercarnos a la experiencia del Movimiento Laderas en Medellín, que ha consolidado una experiencia de gestión comunitaria del riesgo en un contexto barrial atravesado por lo que significa un entorno periférico y de ladera. La propuesta ha consistido en espacios construidos desde la educación popular, que a su vez derivaron en la construcción de un plan de gestión comunitaria del riesgo y prevención de desastres, teniendo en cuenta la identificación de amenazas, medidas de reducción de riesgo y un componente programático.
Así, habitantes del barrio El Pacífico construyeron una rueda Pelton aprovechando el agua de una de las quebradas que atraviesa el barrio. La energía producida alimenta el salón comunal, es parte del abastecimiento de electricidad para algunos hogares y tenían proyectado que también nutriera un sistema de sensores en la parte alta de la montaña, los cuales serían parte de un sistema de alerta temprana en caso de movimientos en masa.
De igual forma, han consolidado un proceso de participación y diálogo activo en espacios de decisión en torno al ordenamiento territorial, disputando su propio derecho a la ciudad. Esta experiencia invita a pensar las posibilidades de que la gestión comunitaria del riesgo, en interacción con sectores como la academia, organizaciones sociales e instituciones gubernamentales, pueda reducir las brechas de las desigualdades socioambientales y aportar a la construcción de justicia.
Si algo dejan el caso de Urrá y el Movimiento Laderas en Medellín es que el riesgo es el resultado de decisiones presentes sobre quién decide, quiénes se benefician y quiénes quedan expuestos y no es una amenaza futura aislada. Frente a ello, la gestión comunitaria del riesgo es una alternativa y una práctica política que posiciona la capacidad de decidir y reabre la pregunta por cómo habitar los territorios en tiempos de crisis climática. Reconocer estas experiencias implica desplazar la idea de que la seguridad se construye únicamente desde la gran infraestructura y aceptar que la transición socioecológica justa dependerá, en gran medida, de devolver a las comunidades el control sobre el agua, la energía y el territorio, y de materializar la justicia.
Si despojas a la gente del agua, la despojas de su fuerza colectiva y de su territorio. Pero, cuando su agencia es reconocida en las decisiones sobre el territorio y el agua que sostienen la vida, y no apenas en un billete o en la memoria institucional, las incertidumbres dejan de ser fatalidades y se convierten en horizontes de acción política y colectiva.