El Fenómeno de El Niño es un evento de variación meteorológica que consiste en el calentamiento inusual de las superficies y sub superficies del Océano Pacífico, que provocan la alteración de las dinámicas atmosféricas en todo el planeta, generando anomalías en las precipitaciones. Es decir, que mientras en un lugar del globo disminuyen las lluvias, en otro aumentan. Para el caso concreto de la ubicación geográfica del país en el pacífico tropical, El Niño implica una disminución significativa de la precipitación y un aumento importante de las temperaturas y la sensación térmica. Un problema que suele ser presentado solamente como consecuencia de procesos naturales, pero cuya agudización guarda una estrecha relación con un modelo energético fósil-dependiente.
Nos enfrentamos a la amenaza de intensificación de este patrón climático como una consecuencia directa de la actividad humana y del sostenimiento de un modelo económico capitalista voraz, que hoy ha acelerado todos los indicadores del calentamiento global. Este fenómeno nombrado por varias agencias meteorológicas nacionales e internacionales como el “Super Niño”, advierte que la temperatura de las aguas del Pacífico no han dejado de elevarse desde abril y esto permite asegurar que habrá un cambió importante en el comportamiento del fenómeno. En ese sentido, vale la pena preguntarse, cómo puede reaccionar un país en el que la generación eléctrica depende de fuentes hídricas, y cuya respuesta frente a esa vulnerabilidad continúa descansando en la expansión de fuentes fósiles y no en la construcción de medidas de adaptación que posibiliten la construcción de rutas para el desescalamiento de las termo y las hidroeléctricas como los principales generadores.
Las afectaciones de un fenómeno como el que tenemos ad portas, tiene consecuencias como las que hemos podido registrar en años anteriores. Entre noviembre de 2023 y julio de 2024, Colombia tuvo que enfrentar una serie de derrumbes, incendios forestales masivos, dificultades para garantizar la seguridad alimentaria, desabastecimiento de agua potable, aumento en las tarifas, pérdida en la capacidad adquisitiva, afectaciones de salud e incluso la reducción de los embalses en un 70 y 80 % que restringió el consumo del agua, y avivó el viejo fantasma del apagón (Rativa, 2026), alimentando el miedo en la población para justificar políticas de seguridad energética que profundizan la actividad extractivista, en lugar de consolidar la transición energética justa y considerar políticas de gestión y reducción de la demanda energética.
En ese sentido, la crisis del sistema energético conduce el discurso hegemónico a perpetuar la extracción de combustible fósil como la única forma de sostener el sistema, a pesar del estado actual de declive de los yacimientos fósiles. La perpetuación de un sistema fósil, incluso como algunos apuntan, con una extracción más agresiva de los últimos recursos como con la técnica del fracking, nos conduce al agotamiento del último recurso por una productividad de un corto periodo de tiempo a costa de unos daños socioambientales irreversibles, que amenazan con acabar las condiciones vitales para la reproducción de la vida y nos mantiene en un ciclo de producción de altas emisiones de metano que impactan profundamente, entre otras cosas, en el aumento del calentamiento global, que precisamente hoy nos tiene frente a la intensificación de los fenómenos climáticos.
Ante un escenario como este, es importante preguntarse, no solamente qué ha pasado con la transición energética justa que el gobierno nacional actual ha promovido, sino cuál es el panorama que nos espera en los próximos años si seguimos intensificando la extracción de combustibles fósiles como lo ha prometido el candidato electo, en medio de unos escenarios de variabilidad climática de tanta incertidumbre, que son, además ampliamente intensificados por el modelo extractivista en mención.
Reemplazar la matriz energética por energías renovables no convencionales y robustecer las energías comunitarias como base tecnológica de los sistemas agroalimentarios en los territorios, podría ser la opción más rentable y segura para el país. Como lo demuestra el estudio reciente elaborado por Polen Transiciones Justas, Colombia podría reducir hasta a la mitad su demanda de gas para generación eléctrica, e incluso prescindir del carbón, si incorpora capacidad solar y eólica con planeación adecuada entre 2025 y 2038. Es más, el estudio muestra que al incorporar renovables y operar el sistema aprovechando la complementariedad entre fuentes, los costos que pagan los usuarios se reducirían cerca de un 19 %, sin instalar una sola planta térmica nueva.
De esta manera, quedan sobre la mesa preguntas como ¿cuáles son las estrategias para una salida planificada de los combustibles fósiles?, ¿qué papel tienen las energías comunitarias como estrategias para la disminución de los riesgos en fenómenos de variabilidad climática?, ¿por qué no hablamos abiertamente de una disminución de la demanda energética y eléctrica, incluso ante una amenaza en la matriz energética como El Niño?, ¿cuál es el destino de la generación energética que producimos? y ¿por qué, aunque el consumo energético doméstico en las ruralidades es el más bajo, son quienes más sufren las afectaciones?
Bibliografía:
https://drive.google.com/file/d/1sUppOfBWOa4wJqFENvOzYTVoyTz3HEGy/view
https://www.bbc.com/mundo/resources/idt-54f4e985-a7fb-48b2-8246-f3be0d699402
https://drive.google.com/file/d/12NTyN2mHFwbfgJw3xnHk5H6L6undN8pG/view
Rativa, Sandra. 2026. Ecología Política de la Energía. Relaciones socioecológicas de la electrificación en Colombia. Manuscrito sin publicar.