Por Julián Barrientos, equipo de comunicaciones Censat Agua Viva.
El Suroeste antioqueño continúa enfrentando una creciente tensión bajo la presión de una maquinaria corporativa e institucional que busca redefinir el futuro de la región. Desde que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivó en 2021 la licencia para el megaproyecto minero Quebradona, impulsado por la multinacional AngloGold Ashanti, la dinámica del conflicto dio un giro drástico; ante la inviabilidad de avanzar por la vía ambiental, la estrategia se trasladó hacia la judicialización de la movilización social, generando un paulatino desgaste en el tejido comunitario.
Esta embestida jurídica pasó del ámbito administrativo e inspectorial —donde aún reposan dos querellas sin resolver contra más de 70 personas— al terreno punitivo del derecho penal. El reflejo más evidente de esta instrumentalización es el proceso judicial contra 11 campesinos y defensores del territorio en Jericó. A estos líderes se les pretende criminalizar por nueve hechos ocurridos entre 2022 y 2025, los cuales corresponden a actos de protesta pacífica promovidos por la ciudadanía en defensa de su entorno.
Sin embargo, para la multinacional y el ente acusador, el ejercicio de la manifestación pública ha sido calificado con delitos de extrema gravedad. En la práctica, la Fiscalía ha enfocado sus esfuerzos en garantizar las condiciones para que la minera ingrese a las veredas a continuar sus estudios, dejando en segundo plano el contexto socioambiental y el estatus de especial protección que ampara al campesinado colombiano.
En mayo de 2025, la Defensoría del Pueblo rechazó públicamente la estigmatización y judicialización de estos manifestantes. Esta persecución contraría compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú —ratificado por Colombia—, cuyo Noveno Artículo exige al Estado garantizar un entorno seguro para que las personas defensoras del ambiente ejerzan su labor libres de intimidaciones o restricciones.
Asimismo, la investigación académica respalda la preocupación comunitaria: análisis del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional advierten que el área de influencia del proyecto alberga más de trescientas especies de fauna y casi setecientas de flora, además de un sistema de recarga hídrica subterránea que alimenta directamente a fuentes locales como las quebradas La Mica, La Virgen y Yarumala.
Aunque el 16 de junio de 2025 un juez local negó la solicitud de detención domiciliaria promovida contra los 11 defensores, permitiéndoles afrontar el proceso en libertad, la disputa judicial dista de haber terminado. Recientemente, el juzgado reprogramó el ciclo de audiencias —que inicialmente estaba previsto para los primeros días de agosto de este año—, posponiéndolo hasta marzo de 2027.
Este dilatado horizonte procesal confirma la prolongación del desgaste: someter a las comunidades a años de incertidumbre jurídica, audiencias y costos emocionales por el hecho de defender la vocación territorial.
Frente a este escenario, la movilización comunitaria mantiene su curso. Este lunes 3 de agosto se llevará a cabo la jornada denominada “Juntanza por la vida y la justicia”, un espacio de respaldo colectivo a los 11 campesinos procesados que busca reafirmar que la protección del agua y del territorio constituye un ejercicio legítimo de derechos.
Lavado de imagen verde y resistencia juvenil
La disputa territorial no solo se libra en los tribunales, sino también en el terreno narrativo. La reciente firma de un memorando de entendimiento entre Corantioquia y la empresa minera encendió las alarmas de las organizaciones locales, que interpretan la maniobra como una estrategia de lavado de imagen (greenwashing) destinada a legitimar a una compañía sin licencia ambiental vigente.
Frente a este discurso corporativo, los movimientos juveniles y sociales han cuestionado los argumentos de la minería a gran escala. Como señala María José Cano, integrante del colectivo Imagina Jericó:
“Para la crisis climática no nos va a salvar el cobre; necesitamos preservar el agua por encima de muchos intereses económicos. El cobre que pretenden extraer de estas montañas no se usará prioritariamente para la transición energética ni para paneles solares, sino para alimentar la cadena de consumo de dispositivos y vehículos que sostienen esta misma crisis”. (Ver entrevista completa)
Vocación agraria y reformas de fondo
Jericó, junto con municipios como Támesis y Fredonia, comparte una vocación ligada históricamente a la agricultura desde la agroecología y el patrimonio cultural. La región forma parte de un corredor de ecosistemas sensibles como el bosque seco tropical y áreas protegidas bajo figuras de reserva temporal, dispuestas para que la institucionalidad determine con certeza técnica lo que las comunidades ya han señalado años atrás: la vulnerabilidad de sus acuíferos.
Las nuevas generaciones de la zona han crecido en medio de este conflicto socioecológico, debatiéndose entre la continuidad de sus arraigos o la imposición de un modelo extractivo proyectado a más de tres décadas. Por ello, las exigencias comunitarias apuntan a que AngloGold Ashanti se retire definitivamente del territorio una vez venza su periodo de exploración, y a que la ANLA mantenga la rigurosidad técnica e independiente frente a eventuales estudios de impacto ambiental.
No obstante, las organizaciones sociales comprenden que la eventual salida de una multinacional no resuelve el problema de fondo, ya que el territorio sigue expuesto a nuevas pretensiones extractivas. Por esta razón, el movimiento social orienta hoy sus demandas hacia transformaciones estructurales, desde el reconocimiento y la legitimidad de los ordenamientos territoriales propios y autónomos, priorizando la protección de los bienes comunes y los derechos de las comunidades rurales por encima de los intereses transnacionales.