Transición energética en La Guajira: Glencore, Cerrejón y justicia ambiental
¿Puede una corporación cuya rentabilidad sigue vinculada a la extracción y comercialización de carbón presentarse al mismo tiempo como protagonista de la transición energética? Esta pregunta atraviesa el debate sobre el futuro de La Guajira y permite analizar las contradicciones entre los compromisos climáticos de las grandes empresas mineras y los impactos acumulados en los territorios donde operan.
¿Qué implica la transición energética en La Guajira?
Arquitectura climática e impunidad corporativa: el caso de la política climática de Glencore en La Guajira analiza esta contradicción a partir de la relación entre la política climática de Glencore y la realidad territorial de Carbones del Cerrejón. La investigación examina las metas de reducción de emisiones de la compañía, sus compromisos frente al cambio climático y su objetivo de alcanzar el cero neto, contrastándolos con más de cuatro décadas de actividad minera en La Guajira.
Glencore plantea una estrategia de descarbonización que contempla reducciones de sus emisiones industriales y una ambición de alcanzar emisiones netas cero para 2050, sujeta a determinadas condiciones de política pública. La empresa también afirma que busca reducir progresivamente su exposición al carbón y fortalecer su participación en materias primas consideradas necesarias para la transición.
Sin embargo, la transición energética en La Guajira plantea preguntas que van más allá de las métricas de carbono. La reducción de emisiones es fundamental para enfrentar el cambio climático, pero no necesariamente refleja la totalidad de los impactos sociales, ambientales y territoriales asociados con la minería.
Glencore, Cerrejón y los impactos territoriales
En La Guajira, la discusión sobre la transición energética también involucra el agua, los ecosistemas, la salud, los medios de vida y las relaciones culturales y espirituales de comunidades Wayúu y afrodescendientes. Por ello, analizar el futuro energético del departamento requiere considerar la historia del territorio y los efectos acumulados de la actividad extractiva.
La investigación cuestiona una visión de la acción climática corporativa centrada exclusivamente en indicadores de emisiones. Desde esta perspectiva, existe el riesgo de que una crisis territorial compleja sea convertida en un problema de carbono, mientras otras dimensiones de la deuda ambiental y social permanecen en segundo plano.
El propio debate institucional reciente muestra que el cierre de la operación minera y el futuro económico de La Guajira requieren participación territorial. En 2026, el Ministerio de Minas y Energía llamó a Glencore a participar en conversaciones sobre empleo, reconversión laboral e inversiones para el futuro del departamento.
Justicia ambiental y transición energética justa
Hablar de transición energética justa significa preguntarse quiénes asumen los costos de abandonar los combustibles fósiles y quiénes reciben los beneficios de las nuevas economías. El IPCC señala que una transición justa debe evitar que trabajadores, comunidades y regiones afectadas queden atrás. También reconoce la importancia de procesos participativos, equitativos e inclusivos.
En este sentido, la transición energética en La Guajira no debería limitarse a sustituir una fuente de energía por otra. También debe abordar la justicia hídrica, la reparación integral, la protección de los ecosistemas, la autonomía territorial y las garantías de no repetición.
El Plan Integral de Cambio Climático de La Guajira constituye además un referente institucional para comprender los desafíos de adaptación y mitigación del departamento.
¿Qué ocurrirá con La Guajira después del cierre de Cerrejón?
El cierre anunciado de las operaciones de Cerrejón para 2034 abre otra pregunta fundamental: ¿qué sucederá con los pasivos ambientales y sociales cuando termine la extracción de carbón?
El cierre de una mina no significa necesariamente el fin de sus impactos. La restauración ambiental, la recuperación de los ecosistemas, la gestión del agua, la generación de alternativas económicas y la reparación de los daños acumulados son asuntos que requieren planificación y responsabilidades claras. El Ministerio de Ambiente ha señalado recientemente que el cierre y la restauración de los proyectos mineros deben comenzar durante la operación y no esperar hasta el momento final.
Por ello, el futuro de La Guajira debe discutirse antes del cierre definitivo de Cerrejón. La pregunta no es únicamente cómo cerrar una mina, sino cómo garantizar que las comunidades puedan construir un futuro con mayor autonomía económica, ambiental y territorial.
Hacia una transición energética justa en La Guajira
A partir del análisis documental y del diálogo con líderes y lideresas de La Guajira, esta investigación propone repensar la transición energética en La Guajira desde una perspectiva de justicia ambiental y territorial.
Esto implica reconocer la deuda territorial acumulada, garantizar la participación efectiva de las comunidades y establecer responsabilidades concretas frente a la reparación de los impactos ocasionados por décadas de actividad minera.
Una transición verdaderamente justa no puede medirse únicamente por la cantidad de emisiones reducidas. También debe preguntarse qué ocurre con el agua, los territorios, los ecosistemas y las comunidades que han soportado los costos de la extracción de carbón.
El caso de Glencore y Cerrejón permite, así, abrir una discusión más amplia sobre los límites de la acción climática corporativa y sobre las condiciones necesarias para construir un futuro energético que no reproduzca las desigualdades del modelo extractivo. En La Guajira, la transición energética solo podrá considerarse justa si coloca en el centro la vida, el territorio, la participación comunitaria y las garantías de no repetición.