Por: Gloria Holguín Reyes* – columnista invitada**
La explotación de carbón a cielo abierto en el país ha conllevado a décadas de conflictos socioambientales, como es el caso de La Guajira con más de 40 años de actividad extractiva en el territorio. A pesar del reconocimiento del Banco Mundial, sobre los impactos de la minería sobre el agua, la empresa Carbones de Cerrejón niega dichas afectaciones en su operación.
En los meses de julio, agosto y septiembre, La Guajira, la empresa Carbones de Cerrejón Limited y el presidente Gustavo Petro han sido protagonistas en los medios de comunicación. Luego de su visita a ese departamento a principios de julio, cuando se declaró la Emergencia Económica, Social y Ecológica a través del Decreto 1085, y los posteriores decretos para atenderla, surge el debate sobre el carbón en La Guajira. El hecho de que este sea el territorio con uno de los mayores yacimientos mundiales de carbón y con la explotación a cielo abierto más grande de América Latina obliga a poner la lupa sobre el mismo. Los impactos sobre las fuentes hídricas y la proyección de cierre después de cuatro décadas de explotación son algunos de los ejes del debate alrededor de La Guajira. De cara a la operación de la empresa Carbones del Cerrejón surge la disputa entre: agua vs. carbón, en un contexto donde la empresa tiene proyectado el cierre de operaciones en 2034 y en el que a pesar de las fuertes críticas y denuncias de las comunidades afectadas por la operación minera, esta continúa ganando premios. Mientras tanto, Gustavo Petro luego de declarar la emergencia sostiene conversaciones con su par de Suiza, Alain Berset, acerca de una “salida concertada” de Glencore, actual dueño de la totalidad de la operación de Cerrejón.
Pero, ¿qué significa que Cerrejón tenga una proyección de cierre a 2034? ¿Por qué Petro habla de salidas concertadas?
La realidad es que los impactos de la operación de Cerrejón por más de cuarenta años no se terminan de dimensionar a pesar de la crisis económica, social y ecológica que vive el departamento. De acuerdo con el asesor científico de AIDA, Andrés Ángel Huertas, en su estudio “Impactos a perpetuidad: el legado de la minería”, extraer minerales conlleva a remover coberturas vegetales y suelos, así como la destrucción de la estructura geológica local de la zona explotada; impactos que son irreversibles a escala de tiempo humana, dado que los procesos para su restauración se producen a escala de tiempo geológica (decenas de miles a millones de años).
Además el país y el departamento no están preparados para dejar de recibir los recursos que se reciben por regalías sin una verdadera planificación responsable del cierre de mina. Si bien para algunos la dependencia presupuestal que tenemos de las regalías del Cerrejón es indiscutible, también es cierto que las exuberantes cifras disminuyen cuando se tiene en cuenta la reducción de impuestos de la que goza esta actividad minera, además de las evasiones contables. Además, es indiscutible la necesidad de salir de una economía de enclave minero que solo ha traído empobrecimiento a los pueblos. Superar la dependencia en una economía de enclave minero implica la reconversión económica de la región, la recuperación del territorio y sus fuentes hídricas y la reparación del tejido social y cultural para reconstruir medios de vida dignos y con garantías de derechos. Dejar de percibir esos ingresos sin un plan o medidas para una reconversión económica resulta problemático. Sin embargo, esta no debería ser la excusa para mantener esa economía de enclave dependiente. Por el contrario, es necesario planear y proyectar el cierre minero, la reconversión productiva y la reparación del territorio.
De acuerdo con Cerrejón, en 2022 se giraron $3,7 billones de impuestos y regalías. A pesar de esto, el desarrollo prometido hace cuatro décadas continúa sin verse. Por el contrario en la zona de operación de la empresa existen múltiples conflictos socioambientales alrededor del acaparamiento, apropiación y contaminación del agua. Indicios de un reconocimiento gubernamental que los impactos de la actividad minera tengan alguna relación con la crisis actual del departamento se plasman con el Decreto Presidencial 1277 donde se adoptan medidas en materia ambiental y desarrollo sostenible, entre ellas la prohibición de expansiones, o nuevos frentes de explotación de los proyectos de minería de carbón existentes; desviaciones del río Ranchería o de sus afluentes y el desarrollo de nuevas actividades de exploración o explotación de minería de carbón sobre zonas de recarga de acuíferos o que impliquen la remoción de capas de acuíferos.
En efecto, la explotación de carbón a cielo abierto en el país ha conllevado a décadas de conflictos socioambientales, como es el caso de La Guajira con los más de 40 años que lleva la actividad extractiva en este territorio. A pesar de este reconocimiento del Banco Mundial, sobre las afectaciones de la minería sobre el agua, la empresa Carbones de Cerrejón niega dichas afectaciones en su operación.
Según información suministrada por Cerrejón a la ANLA, en área del proyecto minero se han realizado treinta y ocho (38) intervenciones de fuentes de agua superficiales en el marco de la operación del Cerrejón. De igual forma y según información suministrada por Corpoguajira, entre 2018 y 2023 se han iniciado once (11) procesos sancionatorios en contra de Cerrejón, la mayoría de ellos por incumplimiento en permisos de vertimientos de aguas. Sobre intervención en aguas subterráneas aún no se tiene una respuesta formal de las autoridades ambientales frente a derechos de petición presentados por Censat Agua Viva. Mientras tanto, Carbones del Cerrejón niega los impactos sobre los efectos del cambio del ciclo del agua por la remoción de decenas de millones de acuíferos aluviales en zonas mineras y no reconoce su responsabilidad en los conflictos socioambientales alrededor de la minería.
Mientras Cerrejón niegue los pasivos ambientales y los impactos a perpetuidad (o impactos irreversibles), la consecuencia será la omisión de medidas frente a los mismos dentro del Plan de Cierre de la operación minera. Al respecto, la ANLA explica que, en la actualidad, no se cuenta con un estudio relacionado con impactos irreversibles ocasionados por la operación minera de Cerrejón. Además, aclara que el concepto de “irreversibilidad” no se concibe como tal en el marco de identificación de impactos, ya que se debe manejar la jerarquía de la mitigación donde si un impacto no puede ser corregido, mitigado o prevenido, debe ser compensado. Ahora bien, para llegar al establecimiento de una compensación por un impacto irreversible, es necesario llegar al cierre de la mina, haber identificado impactos no previstos y realizar la verificación de efectividad de las medidas ambientales adicionales por impactos no previstos. Solo ahí, según la ANLA, se podrá empezar la identificación de impactos irreversibles, para proceder a la imposición de medidas compensatorias.
El plan de cierre preliminar de Cerrejón, previa actualización en abril de 2023 establecía un periodo de cinco (5) años para el post-cierre. El Plan de cierre borrador actualizado establece que los indicadores de éxito son los parámetros para medir el nivel de eficacia de las medidas de cierre y por tanto son la base para determinar los programas de monitoreo a incluir en el post-cierre. Al respecto surgen varias dudas: ¿Por qué los indicadores de éxito propuestos por la empresa en el componente socioeconómico solo se enfocan en brindar información y en socializaciones? ¿Por qué no se contemplan indicadores de éxito relacionados con la posibilidad de contar con medios de vida sostenibles a largo plazo luego del cierre de la mina? ¿Cuál debe ser un periodo de tiempo razonable para realizar el proceso descrito por la ANLA – de cara una posible identificación de impactos a perpetuidad? Lo anterior atendiendo que la empresa lleva desconociendo este tipo de impactos por cuatro décadas a pesar de toda la investigación científica que desde hace algunos años empieza a demostrar la existencia de pasivos ambientales e impactos a perpetuidad como la destrucción de acuíferos y la desviación de ríos.
Dada la magnitud de los impactos a perpetuidad, poner el foco en los impactos sobre las fuentes hídricas, la disminución de la calidad del agua y el entorno sociocultural que las rodean es fundamental para entender los conflictos socioambientales que se generan en los territorios en ocasión de la operación minera de la empresa Carbones del Cerrejón.
Foto: Censat, Agua Viva
En un contexto de crisis climática, urge anticipar, actualizar y reconfigurar los planes de cierre de la mina para que estos contemplen medidas de atención adecuada de los pasivos ambientales y un camino hacia la reparación integral sobre los derechos territoriales y de los pueblos. Esto debe implicar primero el reconocimiento de estos impactos, su magnitud y por tanto contemplar un presupuesto que permita dar una respuesta estructural a la situación. Esto debe ser parte de la agenda del presidente Gustavo Petro con su par de Suiza, Alain Berset para la salida concertada de Glencore.
Es necesario que dentro de la transición energética y económica se contemplen mecanismos de reparación frente a los daños causados sobre los derechos humanos y las vulnerabilidades ambientales generadas. Muchas de las afectaciones denunciadas por las comunidades afectadas por Cerrejón también son corroboradas en el Decreto 1085 de 2023 cada vez que describe la situación de crisis económica, social y ecológica que vive el departamento.
En la propuesta de Petro, la deuda en derechos humanos sigue siendo tema ignorado al hablar de transición, descarbonización y cambio climático. Lo anterior a pesar de las numerosas sentencias de Cortes en Colombia que corroboran numerosas violaciones a derechos humanos y daños ambientales de comunidades indígenas y afrodescendientes asociadas a las operaciones de la mina en Colombia.
La expansión minera y el acaparamiento de tierras para el desarrollo de la explotación minera ha implicado la restricción del acceso a bienes de los cuales la población wayuu, pero también la población afrodescendiente y campesina, depende para el desarrollo de actividades de subsistencia y la satisfacción de necesidades básicas. También implicó la negación de los espacios de encuentro, recreación y construcción de identidades, ya que el cercamiento de áreas que solían ser de libre circulación, restringieron el paso a antiguas áreas de pastoreo —actividad productiva, ancestral y cultural de las comunidades wayuu— y bosques donde las comunidades tenían disponibilidad de plantas y árboles importantes para la medicina tradicional, la obtención de materiales para la construcción de las viviendas, la recolección de frutos y la caza de animales. Finalmente implicó la restricción del acceso a diferentes fuentes hídricas, como ríos, arroyos, quebradas, molinos, jagüeyes y pozos, que además de la satisfacción de las necesidades de consumo doméstico, actividades productivas y soberanía alimentaria en general, tienen un importante significado cultural al ser lugares sagrados de encuentro, de esparcimiento, de socialización y de recreación, de los cuales depende la significación social de la naturaleza y el sostenimiento de la vida y la cultura.
En mayo de 2023 el 29,2 % de los inversionistas de Glencore votaron a favor de una resolución en la que se le pide a la empresa una mayor transparencia sobre cómo se alinea la cartera del carbón térmico con la contribución para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C. Dentro del compromiso con la descarbonización de su propia huella operativa, Glencore anunció el cierre seguro de las minas Calenturitas y La Jagua en Cesar, Colombia, y Lagisa, Sudáfrica, como tres cierres de minas planificados a corto plazo. Sin embargo, la salida intempestiva de Glencore, con su filial Prodeco en el mismo departamento del Cesar, no se está haciendo cargo de los impactos acumulativos ocasionados por décadas de actividad como los graves daños a la salud, los impactos ambientales y la deuda con la población que debía ser reasentada.
Por ello, asumir un compromiso con el cumplimiento del Acuerdo de París no se reduce a una mera promesa de reducción de emisiones de carbono. La política climática de las corporaciones de carbón, como Glencore en el Cerrejón, debe responder no solo por las emisiones de gases de efecto invernadero, sino por los impactos y vulneraciones de derechos humanos y ambientales en los territorios donde han operado sus proyectos mineros.
Es hora de que la sociedad colombiana, los políticos y tomadores de decisiones reflexionen sobre los riesgos de que Glencore abandone la mina de Cerrejón, como lo hizo en el Cesar, que también contaba con un plan de cierre preliminar actualizado en 2016 y que en 2021 optó por aplicar la figura del abandono.
* Gloria Holguín Reyes, defensora de derechos humanos y de los pueblos, trabaja junto a comunidades campesinas e indígenas en la defensa de sus territorios en contextos de operación de empresas multinacionales y conflictos socioambientales por más de 10 años. Con estudios en desarrollo, relaciones internacionales y maestría en derechos humanos y democratización.
** El presente artículo hace parte del trabajo de investigación realizado por Censat Agua Viva, en asocio con el Cinep y con el auspicio de Oxfam, para la construcción de un informe sobre el accionar de Glencore en Colombia, el cual será publicado a finales de 2023.
