
Por: Linda González, Johana Peña y Daniela Mendoza – Área de Selvas y Biodiversidad
La realización de la COP16 de Biodiversidad en Colombia marca un hito crucial en la agenda ambiental del país, posicionándose como un escenario central para abordar los desafíos globales en materia de biodiversidad, llevando a la definición y evaluación de estrategias y planes de acción que garanticen su protección.
Este encuentro internacional no solo representa una oportunidad para poner sobre la mesa preocupaciones y propuestas ante la crisis ambiental, sino que también ofrece una plataforma única para que Colombia, como anfitrión, demuestre su compromiso con la protección de la naturaleza, desde el reconocimiento de prácticas y saberes de los territorios donde comunidades étnicas y campesinas han jugado un rol importante para ello. En esa medida, es menester empezar a establecer las bases sobre las cuales este espacio debería desarrollarse para lograr acuerdos y compromisos que, coherentes con la realidad del país y del mundo, dialoguen con la necesidad de lograr “la paz con la naturaleza”, como lo ha anunciado el presidente Gustavo Petro.
Evaluación de políticas y orientaciones adoptadas
La COP16 se proyecta como un escenario para evaluar los avances de la implementación del nuevo Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica, acordado en 2022 durante la COP15, teniendo en cuenta que el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi no fueron alcanzadas en metas medibles, y no hubo una efectiva protección de la biodiversidad. El Informe de la Evaluación Mundial sobre la Diversidad Biológica y los Servicios de los Ecosistemas, elaborado por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), ya indicaba en 2019 que no se lograrían los objetivos proyectados, ya que el “rápido declive de la diversidad biológica” sólo podría ser detenido mediante “cambios transformadores en las esferas económica, social, política y tecnológica” (p.15).
La insuficiencia de la efectividad de directrices y acciones internacionales también se ha evidenciado en el ámbito climático, teniendo como referencia el Acuerdo de París que dio continuidad al Protocolo de Kioto en 2015, donde se asumió el compromiso global de limitar a 1.5°C el aumento de la temperatura global. Esta directriz se sustenta en mecanismos de mercado que, en lugar de posibilitar la reducción efectiva de emisiones, le permite a las empresas contaminantes seguir contaminando. En el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) se demostró que, por el contrario, ha habido un aumento constante de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), significando que “El ritmo y la escala de las medidas adoptadas hasta el momento, así como de los planes actuales, son insuficientes para hacer frente al cambio climático”.
Por ende, es crucial reflexionar sobre la efectividad de las políticas, estrategias y orientaciones adoptadas para detener la pérdida de biodiversidad, pues a pesar de los esfuerzos realizados durante los últimos 30 años, la pérdida de biodiversidad sigue en aumento, buscando garantizar la división equitativa de beneficios y el reconocimiento de los sistemas de conocimiento tradicional para el cuidado de los territorios.
Garantizar la protección de todos los ecosistemas
Si bien se ha puesto énfasis en la protección del 30% de las áreas de especial importancia ecológica como una estrategia para conservar la biodiversidad al año 2030, es esencial reconocer la importancia de todos los ecosistemas, y principalmente de la conectividad ecológica entre ellos. Esto quiere decir que la protección del 30% de las zonas terrestres, de aguas continentales, costeras y marinas no debe relegar al 70% restante como «ecosistemas de sacrificio». La conciencia sobre la conectividad de ecosistemas, permite entender entonces que, biomas como la Amazonía, no existirían sin los Andes, el Caribe o la Orinoquía y, en esa medida, todos deben recibir atención y protección de forma equitativa. Lo anterior, teniendo en cuenta que este principio de conectividad de la Andinoamazonía, fue una consigna preparada por el Gobierno Colombiano durante la Reunión Técnico-Científica de la Amazonía en Leticia, y presentada en la Cumbre de Presidentes en el 2023, celebrada en Belém do Pará.
Reconocimiento del papel de las comunidades locales
Considerando que los pueblos indígenas y comunidades locales han protegido el 80% de la biodiversidad mundial, es fundamental reconocer que las prácticas de gestión colectivas no solo permiten mantener una diversidad importante de especies animales y vegetales en el planeta, sino que también mantienen viva la herencia cultural, espiritual e histórica de los pueblos. Por ende, para hacer efectiva la afirmación del presidente en el anuncio de la sede de la COP16 (“tenemos dos enormes potencias que tenemos que saber articular: la potencia de la biodiversidad cultural humana y la potencia de la biodiversidad natural”) es clave reivindicar el papel de las comunidades locales, sus conocimientos y prácticas ancestrales en la continuidad de la vida.
El compromiso de Colombia en esta COP, además de señalar los valores intrínsecos de los territorios, debe destacar el rol activo que han desempeñado las comunidades en la preservación de la vida a pesar de las condiciones desfavorables. En el caso colombiano, es importante considerar el contexto histórico, político, social y económico que ha marcado al país y sus habitantes, especialmente en la ruralidad. En el 2023 se reconoció al campesinado como sujeto de especial protección, lo que demanda garantías de derechos humanos, y de acceso y uso de la tierra, la biodiversidad y los bienes comunes. En ese sentido, la COP16 debería propiciar un escenario de participación amplia y efectiva, en donde se visibilice el rol que poblaciones en la ruralidad han tenido en el cuidado de la vida, desde pueblos indígenas, comunidades campesinas, afrocolombianas, entre otras.
Promoción de la participación comunitaria efectiva
De acuerdo a las lecciones aprendidas de Censat Agua Viva junto a otras organizaciones sociales y de base en la participación en la cumbre y pre-cumbre de presidentes en el 2023, la necesidad más evidente fue la de promover una participación efectiva y no accesoria de las comunidades locales. En ese sentido, la COP16 debe ser más que una reunión de altas esferas de toma de decisión, proyectándose como un espacio donde diversas comunidades tengan voz y voto. Además, se debe garantizar no solo el reconocimiento de estas, sus saberes y prácticas de cuidado territorial en ese tipo de escenarios, sino también la financiación que permita contar con una participación diversa.
Es crucial desarrollar metodologías participativas que permitan una verdadera inclusión y empoderamiento de las comunidades en las decisiones que afectan sus vidas y entornos. Es importante que en ese escenario, efectivamente, se permita que las propias comunidades locales sean quienes hablen sobre sus visiones del mundo, con énfasis en lo rural, pero también desde lo urbano, más si se presenta a Cali como sede de la COP16, por la necesidad de “reivindicar una ciudad que padeció recientemente la violencia extrema y que necesita ser reivindicada desde el punto de vista social”.
Llamado a la urgencia y coherencia en las acciones. Anteponer la vida, por encima de intereses financieros
Se esperaría una mayor coherencia por parte del Gobierno Nacional que ha liderado a nivel internacional una posición más contundente frente a la crisis climática y ambiental. Ha promovido el reconocimiento de las responsabilidades compartidas, pero diferenciadas de la crisis y sus efectos, intentando vincular propuestas que surgen desde los territorios, y que finalmente ponen a la vida en en el centro y no el dinero que representa. Todo esto, al menos, desde un plano discursivo.
La COP16 es un escenario susceptible de alojar ejercicios de presión para que las decisiones que se tomen contemplen necesidades del sector empresarial, que cada vez más se está viendo abocado a rendir cuentas sobre sus emisiones o acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo acciones para evitar la pérdida de biodiversidad.
En esa dinámica, se ha observado en las diversas COP, intereses de los empresarios en mostrarse como actores que buscan la “ganancia neta”, que promueven la “naturaleza positiva” (en donde se han impuesto modelos de valoración monetaria de las funciones ecológicas, que ignoran funciones poco visibles y dinámicas de interdependencia, y se promocionan acciones de compensación permitiendo la destrucción con promesas de restauración) o las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN), y para ello buscan estrategias de cabildeo que permiten influenciar agendas y procesos en materia de biodiversidad.
Fuente: La naturaleza de los negocios: La influencia empresarial en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Marco Mundial de la Diversidad Biológica. https://www.foei.org/wp-content/uploads/2022/12/La-naturaleza-de-los-negocios-informe-ATI.pdf
Con ese panorama, hay un llamado de alerta frente a la propuesta del gobierno colombiano por promover un “canje de deuda” , que presupone el reconocimiento de una deuda ilegítima adquirida con países del norte global, y la posibilidad de liberar este recurso para el desarrollo de acciones climáticas de mitigación y adaptación, que viabilizan que un sector empresarial e industrial pueda seguir contaminando. Lo anterior, es un contrasentido para la conservación ya que, así como otras propuestas basadas en la lógica de la compensación como los bonos de carbono o los proyectos REDD+, no han representado la reducción real de emisiones de GEI, ni tampoco la mejora de condiciones económicas o sociales de países y comunidades “beneficiadas”. Así mismo, en materia de biodiversidad, la promoción de áreas protegidas, como medida de conservación, ha viabilizado la restricción y criminalización de comunidades locales y sus prácticas, evidenciado con mayor fuerza en nuestro contexto social y político nacional.
En resúmen, la COP16 es un escenario que hace un llamado urgente a la acción, reconociendo la insuficiencia de los marcos existentes, y la necesidad de impulsar medidas concretas y contextualizadas. Es crucial que el gobierno colombiano, como anfitrión de la COP16, demuestre coherencia entre su discurso, que apela a la “justicia ambiental”, y sus acciones, y promueva soluciones que pongan la vida en el centro, en lugar de priorizar intereses económicos que han promovido la destrucción. Esto implica reconocer y apoyar las iniciativas locales que han garantizado la conservación de la naturaleza y sus funciones. Partir de que la solución ante la crisis se encuentra en los territorios y en sus formas de manejo, inclusive porque se ha sabido y se ha reconocido que las áreas más conservadas y biodiversas en el mundo se encuentran hoy en día donde comunidades locales habitan.
Entonces ¿por qué no reconocer y apoyar este papel, y por qué seguir creyendo que la soluciones vienen de fuera y de esferas económicas?