Por: Isabel Preciado Ochoa, profesional del Área de Energía y Justicia Climática de Censat Agua Viva, organización perteneciente a la Alianza Colombia Libre de Fracking (ACLF). Artículo publicado por: Periferia Comunicación Popular
Aprobar el proyecto de ley 413 del 2023 para frenar el fracking y los yacimientos no convencionales (YNC) es esencial, si se quiere promover la transición energética en el país.
En un contexto donde la discusión sobre una transición energética justa es urgente, el riesgo de ampliar la frontera extractiva de combustibles fósiles en Colombia es latente. La justificación de las energías extremas bajo viejos paradigmas y promesas de “desarrollo” que siguen en deuda con los territorios persiste, lo que implicaría una profundización del extractivismo, las desigualdades y las dinámicas coloniales, donde las comunidades y la naturaleza terminan siendo las sacrificadas. El riesgo de que se haga fracking en Colombia sigue presente, pese a la fuerte oposición social y al respaldo del Gobierno a la prohibición de esta técnica. Hasta ahora, la lucha de la Alianza Colombia Libre de Fracking (ACLF) ha logrado detener los intentos de implementar esta técnica. Sin embargo, aún hoy no se cuenta con la reglamentación necesaria para su prohibición definitiva.
Las llamadas energías extremas buscan la ampliación de la frontera extractiva en donde la explotación de gas, petróleo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales. Además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales (Oilwatch, 2018).
De igual manera, las instituciones financieras globales como el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones vienen desestimulando la inversión en combustibles fósiles, las califican como obsoletas, y subrayan la necesidad de cumplir con el Acuerdo de París firmado en 2015. Este acuerdo advierte que si no se reduce la quema de combustibles fósiles a nivel mundial, las emisiones de gases de efecto invernadero aumentarán la temperatura global por encima de 1.5 °C.
A pesar de que Colombia emite bajos niveles de gases de efecto invernadero (GEI) en comparación con otros países, esto no justifica mantener ni expandir la extracción de combustibles fósiles, tal y como el sector lo viene argumentando.
¿Qué son el fracking y los YNC?
El fracking es una técnica de extracción de petróleo y gas natural que implica inyectar una mezcla de agua, arena y productos químicos altamente contaminantes y con fuerte presión para fracturar las rocas en el subsuelo y liberar los hidrocarburos. Esta técnica se utiliza en yacimientos no convencionales, que son acumulaciones de petróleo y gas que requieren métodos especiales para su extracción. En Colombia se emplean varias técnicas según nuestro marco regulatorio:
Hidratos de metano: estos depósitos se encuentran principalmente debajo del mar y su extracción requiere tecnología especializada, hoy las técnicas de experimentación no son confiables.
Petróleo y gas en lutitas (fracking): este método implica la perforación de pozos horizontales y el uso de fracturamiento hidráulico en múltiples etapas para liberar los hidrocarburos.
Arenas bituminosas: estas acumulaciones pueden extraerse mediante minería a cielo abierto. Aquellas que se encuentran en profundidades, requieren inyección de vapor a temperaturas superiores a 500 °C. Sin embargo, más del 90% del agua utilizada en este proceso termina como desechos contaminantes que contienen sustancias cancerígenas como el cianuro.
Gas en mantos de carbón: esta técnica se realiza en conjunto con la explotación de carbón y utiliza fracturamiento hidráulico en pozos verticales u horizontales. Requiere una gran extracción de agua de acuíferos superficiales.
¿Cuáles son los impactos del fracking y los YNC?
Para Colombia, estas técnicas requerirán enormes cantidades de agua, agravando la situación en regiones que ya enfrentan problemas de abastecimiento hídrico. Cada pozo puede necesitar entre 9 y 29 millones de litros de agua, lo que amenaza el suministro para comunidades y ecosistemas, especialmente en áreas con sequías prolongadas. En el Magdalena Medio, se plantea perforar entre 13.000 y 19.000 pozos, contaminando hasta 48 millones de litros de agua por pozo. Adicionalmente, se contaminan las fuentes de agua con sustancias tóxicas, comprometiendo el suministro de agua limpia.
Las fallas técnicas son más frecuentes, lo que aumenta el riesgo de accidentes y derrames. Además, genera un mayor gasto energético en comparación con los yacimientos convencionales, lo que incrementa su impacto ambiental. Económicamente, los yacimientos no convencionales son riesgosos y poco rentables debido a los altos costos de extracción y la rápida declinación de los pozos.
El fracking y la explotación de yacimientos no convencionales generan conflictos entre la población local y las empresas extractivas, especialmente por la industrialización de territorios con vocación agrícola. Lo que despoja a las comunidades de sus medios de vida tradicionales, afectando su soberanía alimentaria y volviendo a gran parte de la población dependiente de empleos formales, en el menor de los casos, y en su mayoría precarios o informales. A su vez, la contaminación del aire y del agua causada por estas actividades deteriora la salud pública en las comunidades cercanas. Los estudios han demostrado un aumento en enfermedades respiratorias, cáncer y otros problemas de salud graves en las poblaciones afectadas.
Además, la fracturación hidráulica puede inducir actividad sísmica, incrementando el riesgo de terremotos. Este fenómeno pone en peligro las infraestructuras locales y la integridad de los mismos pozos.
¿Qué es el proyecto de ley 413/2023?
El proyecto de Ley 413/2023 es una iniciativa legislativa que busca prohibir en el territorio nacional la exploración y producción de algunos yacimientos no convencionales y la utilización de la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa en secciones horizontales, conocida como fracking, para extraer gas y petróleo.
En el año 2022, por cuarta vez, la ACLF presentó este proyecto de ley, respaldado por argumentos técnicos sólidos y evidencias de sus graves consecuencias. Sin embargo, y a pesar de haber avanzado en dos de los cuatro debates necesarios para convertirse en ley, el proyecto puede hundirse y ser archivado por la falta de agendamiento y debate en la Comisión V de la Cámara de Representantes del Congreso de la República.
Actualmente, existe una viabilidad jurídica para los Proyectos Pilotos Integrales de Investigación (PPII) que pretenden implementar y legitimar la técnica del fracking, lo que también nos pone en alerta.
¿Qué son los PPII y los CEPI para realizar los pilotos?
Los Proyectos Piloto de Investigación (PPII) son programas diseñados para evaluar la viabilidad y los efectos de nuevas tecnologías o prácticas en un entorno controlado antes de su implementación a gran escala. En Colombia, se utilizan para estudiar la viabilidad técnica y ambiental del fracking en yacimientos no convencionales.
El Contrato Especial del Proyecto de Investigación (CEPI) es un acuerdo formal entre Ecopetrol, ExxonMobil y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que establece las condiciones específicas para la ejecución de los PPII. Este contrato define objetivos, responsabilidades, plazos y otros aspectos relevantes para la realización de estos proyectos. Así, los PPII y el CEPI permiten a empresas como Ecopetrol y ExxonMobil realizar estudios sobre la viabilidad y los efectos del fracking en Colombia, con el objetivo de tomar decisiones informadas sobre su implementación a gran escala.
En 2019, el gobierno colombiano abrió la puerta a los PPII y la ANH adjudicó a Ecopetrol, en asociación con ExxonMobil, el CEPI para realizar dos pilotos mediante la Resolución 0802 del 25 de noviembre de 2020: Kalé y Platero en Puerto Wilches, municipio de Santander. El 19 de julio de 2022, la sección tercera del Consejo de Estado resolvió la demanda de nulidad interpuesta contra el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución N.° 90.341 de 2014, negando las pretensiones de los accionantes y levantando las medidas cautelares. En 2022, se otorgó la licencia ambiental para el PPII Kalé, mientras que Platero sigue en trámite.
El proyecto piloto Kalé incluye la perforación de un pozo horizontal, un pozo inyector y un pozo caracterizador de acuíferos profundos, con el objetivo de aplicar el fracking usando tecnologías que, según Ecopetrol, son de “mínimo impacto” y cuentan con la participación activa de la comunidad en el monitoreo y seguimiento del proyecto. Sin embargo, persisten serios cuestionamientos sobre los posibles efectos a corto, mediano y largo plazo. En 2019, una comisión de expertos señaló que Colombia aún no contaba con suficiente información para tomar decisiones sobre biodiversidad, aguas subterráneas y sismicidad para evaluar los impactos del fracking. Además, la falta de diligencia o licencia social de las comunidades afectadas sigue siendo una de las mayores dificultades para la implementación de estos proyectos.
El tecnooptimismo, sus contradicciones y el principio de precaución
Técnicas como el fracking o los yacimientos no convencionales hacen parte de la idea del tecnooptimismo, una fe ciega en la ciencia que considera que con la producción de grandes desarrollos tecnológicos podremos solucionar cualquier problema, por ejemplo, la disminución de las reservas de gas y petróleo. Sin embargo, esto tiene una contradicción en sí misma, pues desconoce y desafía las leyes fundamentales de la física, como la termodinámica, que establecen límites en la energía y el trabajo que pueden realizarse en un sistema dado. Estas leyes nos hablan de la imposibilidad de crecer de manera infinita en un planeta que es finito y tiene límites que nos restringen el crecimiento y el uso desmedido de energía y bienes comunes.
A su vez, deja de lado el principio de precaución, con el cual se pretende adoptar medidas para prevenir un daño grave e irreversible, incluso cuando la certeza sobre su ocurrencia es incierta pero posible. Se aplica especialmente para bienes comunes como el agua, la calidad de los suelos o el aire, la biodiversidad y asuntos de interés general como la salud pública. Esta adopción de medidas no requiere certeza absoluta, sino que se basa en indicios científicos de la posible ocurrencia de un daño. En otras palabras, cuando cierta decisión puede generar consecuencias altamente negativas, se debe optar por abstenerse de tomar esa decisión.
El papel de la Alianza Colombia Libre de Fracking
La Alianza Colombia Libre de Fracking (ACLF) ha desempeñado un papel crucial en la lucha contra el fracking y la explotación de YNC en Colombia. Su gestación empezó a partir de una campaña nacional denominada “No al fracking”, la cual se extendió a la región de San Martín, municipio del Cesar, con la colaboración de diversas organizaciones en 2016. La ACLF, junto con el Movimiento Nacional Ambiental (MNA), se formó con el propósito de unir esfuerzos para resistir a esta amenaza corporativa y extractivista.
La Alianza, compuesta actualmente por 66 organizaciones socioambientales y de derechos humanos, se ha enfocado en promover transiciones justas y populares que garanticen la vida y limiten la extracción de combustibles fósiles como el gas y el petróleo. Ha llevado a cabo importantes movilizaciones y acciones legales para oponerse a los PPII y la explotación mediante fracking, como puede suceder en Puerto Wilches.
Por medio de la investigación científica y territorial, campañas de comunicación y movilizaciones, la ACLF ha destacado los riesgos ambientales y de salud pública asociados al fracking y los YNC; y ha reivindicado los saberes locales como otra forma de conocimiento que tiene que ser escuchado y respetado.
A pesar de los esfuerzos ingentes para que se discutiera el proyecto de Ley 413 del 2023, fue engavetado por cuarta vez. Esta decisión representa un significativo retroceso en la lucha por una transición energética justa en nuestro país. Sin embargo, queremos reiterar nuestro firme compromiso con la lucha y resistencia por territorios libres de proyectos extractivos. Es tiempo de dejar el petróleo, el carbón y el gas en el subsuelo y apostar por un futuro donde las comunidades y la naturaleza no sean sacrificadas en nombre del desarrollo.
Seguiremos trabajando incansablemente para promover acciones que prioricen la vida, la justicia ambiental, climática, y el respeto a los derechos de las comunidades afectadas por la explotación de recursos fósiles. Este es un llamado a todos los aliados y defensores de la vida para que se unan a nosotros en esta crucial misión.
