Las organizaciones abajo firmantes, ambientalistas, feministas, de derechos humanos, promotoras de una vida digna y sustentable, rechazamos tajantemente las agresiones contra campesinado y pueblos indígenas en el marco de la Operación Artemisa, lanzada en 2018, cuyo más reciente episodio se dio en el cabildo indígena La Esperanza en la vereda El Triunfo, San Vicente del Caguán, Caquetá, el pasado sábado 05 de marzo de 2022, con la quema de viviendas de los pobladores, así como la detención de cinco personas y el asesinato de una más, según denunció el gobernador indígena.
La estrategia enmarcada en la Operación Artemisa, tiene un énfasis militar y punitivo, por lo que en ella participan 23.000 soldados y policías, así como Fiscalía General de la Nación, con el fin de judicializar a quienes hacen parte de lo que el presidente Iván Duque denominó la cultura deforestadora. El abordaje militar del cuidado ecológico, que ha acarreado graves violaciones a Derechos Humanos para el campesinado, comenzó a evidenciarse en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 con la definición del agua, los bosques y la biodiversidad como activos estratégicos de la Nación, así como con la creación de la fuerza Integral de Protección Ambiental y la expedición de la Política Ambiental del sector defensa, en donde Fuerzas militares y Policía se comprometen a unir esfuerzos en “ciencia y defensa” para apoyar al Sistema Nacional Ambiental, SINA. Este enfoque se ha consolidado mediante la estrategia Artemisa y normativa asociada, como la Ley 2111 de 2021, o Ley de delitos ambientales.
La preocupación al respecto se genera por varios aspectos, como el hecho de que se ponga en la mira a los campesinos y comunidades vulnerables, responsabilizándolos de unos niveles de deforestación que incluso superan, por mucho, sus capacidades económicas. Como señala la Fundación Ideas para la paz, “el costo de una hectárea deforestada se encuentra entre $500.000 y un millón de pesos, lo que excede, claramente, las posibilidades de personas de escasos recursos cuando se realiza sobre cientos o miles de hectáreas”. Pese a las evidencias, el gobierno insiste en hablar de una hemorragia deforestadora y persigue a la población local con operativos militares y judiciales, mientras que, con un irrebatible doble rasero, facilita la sustracción de Zonas de Reserva forestal para actividades mineras y de generación eléctrica, con medidas como la Resolución 110 del 28 de enero de 2022.
La gravedad de la situación ha sido ampliamente denunciada por organizaciones sociales, campesinas y algunos congresistas, quienes en septiembre de 2021 convocaron una audiencia pública en el municipio de La Macarena para discutir violaciones a Derechos Humanos y proponer alternativas del campesinado para el cuidado ecológico, muchas de ellas acordadas en el marco del Paro Nacional del mismo año, en los denominados Acuerdos de Altamira y que incluyen la Zonificación Ambiental Participativa para garantizar parques con campesinos. Sin embargo, un día después de celebrada la audiencia, se realizó un operativo en la vereda El Triunfo (San Vicente del Caguán), en la zona del cabildo indígena nasa La Esperanza y Filo 15, que resultó en la destrucción de varias viviendas y la judicialización del gobernador indígena.
Las tensiones y la violencia han venido en aumento y, justamente en esa zona, la Fuerza de tarea Conjunta Omega, implementó la fase 14 de la operación Artemisa el pasado 5 de marzo, usando explosivos contra viviendas campesinas e indígenas, bombardeando infraestructura social y recurriendo a las armas para amedrentar la población. Las comunidades de la zona denuncian la desaparición de 4 personas y la muerte de otra más, mientras que un soldado fue retenido.
Esta no es la primera vez que son asesinados campesinos en el desarrollo de la Operación Artemisa: en febrero de 2020, durante protestas realizadas en la zona de Manejo Especial de La Macarena en Caquetá y Meta, resultaron muertas dos personas, varias heridas y 20 fueron capturadas, entre ellas menores de edad. Se les acusó por el delito de “invasión a zonas de importancia ecológica”, pero una misión de verificación comprobó que los predios no estaban dentro de la zona protegida cuando las familias se instalaron allí.
El nivel de riesgo en que se ha puesto a los pobladores de las selvas colombianas al criminalizar sus formas de vida no puede ser soslayado por las autoridades, responsables del escalamiento de una violencia que deja a las comunidades en un triste estado de abandono e indefensión.
Quienes abajo firmamos ratificamos nuestro compromiso con la defensa y cuidado de todas las formas de vida, e instamos al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares, a la Fiscalía y al gobierno nacional de Colombia, a replantear las estrategias de lucha contra la deforestación, así como a tener en cuenta la complejidad de la problemática, que implica desarrollar estrategias mucho más integrales, incluyendo el desincentivar actividades ganaderas y agroindustriales a gran escala en zonas previamente deforestadas, revisar los beneficiarios finales de las zonas deforestadas y reconocer y respetar las propuestas construidas por organizaciones campesinas, que han ratificado en distintos escenarios su voluntad y compromiso para el cuidado ecológico.
Atentamente,
Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia.
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