NUESTRA POSICIÓN FRENTE A LA DEMANDA DE NULIDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA A CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED
Tal como conoce la opinión pública, el Consejo de Estado admitió una demanda que pretende la nulidad de la licencia ambiental otorgada a la empresa multinacional Carbones del Cerrejón, con la que opera la mina del mismo nombre en el Departamento de La Guajira. La demanda fue presentada por comunidades potencialmente afectadas por la explotación minera, organizaciones de defensa de los derechos humanos y
tres congresistas.
La acción de nulidad se refiere a una resolución expedida en 1983 por el entonces INDERENA y que, según la demanda, ha sido objeto de más de 60 modificaciones desde entonces, incluida una de 1995 que habría sido hecha sin el debido estudio de impacto ambiental. Las organizaciones demandantes han pedido como medida cautelar la suspensión de cualquier trámite de modificación de la licencia en curso, es decir, cualquier expansión de la explotación de carbón, hasta que no exista un plan de manejo ambiental legal y eficaz. No han solicitado en ningún momento paralizar la producción.
Nuestra organización apoya las causas salubristas/ambientalistas y ha participado en diversas campañas y acciones judiciales con ese propósito. Y aunque no hemos participado de esta demanda en especial, si hemos apoyado a las poblaciones de los territorios aledaños a la mina, en sus esfuerzos por proteger las escasas fuentes hídricas de proyectos de alto riesgo como el desvío (suspendido) del río Ranchería.
No es la primera vez que Cerrejón es llamado a dar explicaciones ante las autoridades judiciales debido a su actividad minera. Es claro, y Cerrejón lo sabe, que es imposible ejecutar la minería sin impactar el ambiente, por lo que simplemente se le ha exigido cumplimiento de la ley, licencia social, minimización del impacto y compensación. Es lo mínimo que puede hacer y es claro que sigue en deuda con el medio ambiente y con diversas poblaciones. Eso es lo que han venido exigiendo los demandantes.
Por esta razón exigimos de Cerrejón el cumplimiento de las decisiones judiciales y evitar actitudes displicentes del pasado, como con la sentencia SU-698-17 de la Corte Constitucional, que solo le ordena la creación de una mesa interinstitucional, integrada por el gobierno nacional y regional, la empresa y órganos de control para que escucharan a las comunidades afectadas por el desvío del arroyo Bruno.
Nos preocupa que el ruido excesivo alrededor de esta acción de nulidad, sobre todo por parte de la empresa, no ayude a resolver el conflicto jurídico y enrarezca aún más el contexto económico de la industria. Primero, porque debe respetarse el derecho constitucional que tienen todos aquellos presuntamente afectados por la minería a presentar recursos judiciales para expresar sus diferencias con el manejo ambiental que Cerrejón le da a su operación. Y segundo los colectivos, organizaciones y líderes políticos no deben ser estigmatizados por ejercer sus derechos, así como no es aceptable que se realicen presiones mediáticas a los jueces encargados de resolver esta demanda. Cerrejón siempre ha dicho que cumple con sus obligaciones legales, incluidas las ambientales, por lo tanto, nadie debería temer –incluida la empresa y nosotros los trabajadores−, que sometan a revisión judicial su cumplimiento.
Nuestra organización sindical no solo lucha por los intereses de los trabajadores afiliados, sino por 12 mil familias que dependen directamente de la minería a gran escala y por la vida de toda la población de la Guajira que depende de regalías e impuestos que paga la empresa y también los trabajadores.
El llamado a nuestros compañeros es a estar dispuestos a defender el derecho al trabajo, pero también a respetar el derecho de las comunidades a buscar la protección de garantías constitucionales mínimas. No hay razones para mirarlos como enemigos, porque estén acudiendo a herramientas civilizadas y legales para zanjar sus diferencias con Cerrejón. El llamado también es a respetar las decisiones judiciales, como principio de un estado de derecho. Nosotros también deseamos que le vaya bien a la multinacional, como fuente de nuestros empleos, pero si los jueces consideran que hay oportunidades legales y ambientales por corregir, deben hacerse.
Riohacha, 24 de agosto del 2019
Sintracarbón
Junta Directiva Nacional
Mayor información:
Igor Díaz López, Presidente. Celular 3175179935
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