Cada año, desde 1993, el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, reconocimiento pese al cual cada día se observa cómo aumentan las amenazas alrededor de los territorios del agua. De hecho, en el marco de esa conmemoración, del 21 al 26 de marzo de este año tendrá lugar el 9º Foro Mundial del Agua en Dakar, Senegal, escenario adverso para los derechos de los pueblos y espacio ilegítimo que promueve diversas formas de contratos y negocios alrededor de las fuentes de agua, mediante la entrega de lineamientos internacionales de política pública para que sean aplicadas por los Estados. En este contexto, el presente documento es un esfuerzo por entregar una reflexión sobre las amenazas que se ciernen sobre las aguas en Colombia y una disertación sobre algunos desafíos que consideramos fundamentales.
A pesar de la importancia que tiene el agua para la vida, esta se encuentra sistemáticamente subordinada a los procesos económicos y políticos que configuran y dinamizan nuestra sociedad, y que están estructurados alrededor de dinámicas de acumulación y apropiación del modelo neoliberal. Así, mecanismos de privatización, mercantilización y financiarización del agua surgidos con la expansión del capitalismo, son promovidos por agentes corporativos transnacionales, instituciones financieras y organismos internacionales de la mano del gobiernos nacionales. A su vez, estos mecanismos son productos de una abstracción, en tanto proceso que separa los elementos de la naturaleza e intenta convertirlos en mercancía, en contratos dentro del sector financiero, o en falsos derechos de propiedad que niegan el líquido vital a comunidades y a la propia naturaleza.
Uno de los procesos de privatización del agua en Colombia corresponde a fenómenos de despojo y acumulación, que priorizan su control y uso para actividades extractivas, pues la extracción de petróleo (más aún el fracking), la megaminería, los monocultivos, entre otras, son “industrias” sumamente sedientas y su implementación compite con el acceso para la agricultura, el consumo humano y el mantenimiento de los ciclos hídricos. Es que en realidad, el modelo extractivista requiere de procesos de privatización de los bienes comunes, tanto por dinámicas de apropiación como por contaminación (pues esta, de facto, evita el acceso al agua), para así lograr monopolizar y gestionar el agua en torno a intereses corporativistas.
Estas dinámicas implican controles territoriales que afectan el acceso al agua como un derecho fundamental, generando una escasez inducida como retórica que facilita la privatización. En este sentido, el discurso de la escasez es utilizado como una estrategia para promover la regulación por parte de los mercados con el objetivo, supuestamente, de controlar la carencia. Sin embargo, como ha sido insistentemente demostrado, las causas de la escasez no se deben sólo a elementos físicos y/o ecológicos de los territorios, sino a una inequitativa distribución, normas de acceso injustas, tecnologías monopolizadas y que desconocen otros saberes populares, prácticas y discursos que niegan el accesos a otras comunidades y a la naturaleza. De aquí, que las crisis hídricas son socialmente producidas por un proyecto de crecimiento económico donde la abundancia se transforma en escasez.
En este marco, la gobernanza del agua es propuesta por algunos sectores como un mecanismo de participación para la administración de recursos hídricos, que da cabida a nuevos sectores para tomar decisiones políticas al respecto. Este modelo, muchas veces enmarcado en la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) planteada por el Consejo Mundial del Agua y el Foro Mundial del Agua (FMA), instruyen a los gobiernos locales a abrirle campo a sectores más “eficientes” que las comunidades, para que den solución a los problemas asociados a la gestión del líquido, mientras que los Estados deben tener menos protagonismo, profundizando así la privatización del agua. Durante el 8º FMA se planteó que en la GIRH, además de involucrar a socios comerciales, debe adaptarse y responder a las demandas de otros sectores como la agricultura y la energía, apuesta que seguro será profundizada durante el actual 9º FMA.
Así, bajo la lógica de apropiación y mercantilización que convierte al agua en mercancía, esta no solo se prioriza para el extractivismo minero, sino también para apuestas del capitalismo verde, incluyendo la de presentar los proyectos hidroeléctricos como ejes del progreso y el desarrollo, ecológica y ambientalmente amigables gracias a las nuevas tecnologías que emplean. Sin embargo, estos no solo son perjudiciales para la ecología de los ríos al afectar los ciclos hidrológicos y generar altos niveles de contaminación, sino que implican fuertes problemáticas sociales. En Colombia la implantación de represas y, más recientemente, de pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH), se da mediante las transformaciones de los flujos materiales, en detrimento de los diversos significados del agua y relaciones y prácticas locales, lo que genera procesos de desplazamiento, descampesinización y ruptura del tejido social y de las economías locales, como lo han denunciado las comunidades afectadas por ellas en el país.
El discurso mercantilizador va de la mano de modelos de privatización de la gestión del agua, principalmente en las zonas urbanas en Colombia, transformando la vida cotidiana de las comunidades, tanto en su relación con las aguas como con los paisajes hídricos. En particular, la figura de Asociaciones Público Privadas para la gestión del agua, que nacen de reformas políticas orientadas por los mercados en nombre de una supuesta eficiencia derivada de la competencia, resultaron en monopolios inoperantes para una prestación justa del servicio del agua, sin un enfoque de derechos. Además, han establecido operaciones tecnológicas obsoletas con inversiones ineficientes y mantenimientos deplorables, así como con gestiones burocráticas y corruptas.
Los conflictos alrededor de la gestión corporativa del agua y el extractivismo minero y energético están atravesados por disputas en torno a la participación directa de las poblaciones en las decisiones sobre sus territorios. Cada vez son más evidentes los esfuerzos del Gobierno por bloquear los mecanismos de participación ciudadana, mediante los cuáles las comunidades han intentado tomar decisiones legítimas y vinculantes sobre las determinaciones que afectan las fuentes de agua, los territorios y la vida digna. El discurso en torno a la propiedad estatal del subsuelo y la utilidad pública de los proyectos extractivos, ha sido la base para justificar medidas legislativas, políticas, jurídicas, e incluso policiales y militares, que impiden ejercicios de democracia ambiental en los territorios, en los que la ciudadanía sigue expresando un no rotundo a la explotación y contaminación de sus aguas.
Estas disputas por el agua generan conflictos ecológico-distributivos que se evidencian en el deterioro de la calidad y cantidad de agua disponible para la vida, en el aumento de la desigualdad, la injusticia y la exclusión en el acceso, en la destrucción de fuentes hídricas y en el despojo de territorios y naturaleza para la acumulación, así como en rupturas de los sentidos culturales y simbólicos que las comunidades le dan al agua como espacio de recreación, encuentro comunitario, reproducción de la cultura local, entre otros.
En este escenario de conflictividad, el Estado ha tenido respuestas violentas en connivencia con empresas trasnacionales y otros actores del poder político y económico, aumentando las amenazas que enfrentan defensores del agua y de la naturaleza en general. En Colombia, según cifras de Indepaz, han sido asesinadas 611 personas líderes y defensores del medio ambiente desde la firma del acuerdo de paz en 2016 hasta septiembre de 2021, lo que pone en evidencia que la represión y el asesinato sistemático se han consolidado como componentes integrales del avance del modelo extractivista de acumulación por despojo en el país.
En este contexto, los desafíos para la defensa de los territorios del agua son múltiples. Uno de los principales retos consiste en el reconocimiento del derecho fundamental al agua, pero no con una mirada reduccionista desde el enfoque occidental y de la concepción del Estado moderno, que desconoce los múltiples conocimientos, sentidos y emociones que inspiran y se construyen alrededor de las aguas. Los territorios no son el decorado que contienen las aguas, por el contrario deben ser comprendidos como entidades producidas socio-naturalmente, que conjugan elementos físicos, ecológicos, infraestructurales, simbólicos, sagrados, políticos, administrativos y culturales, dentro de un entramado complejo de relaciones de poder. Lo anterior, plantea una lucha frontal por recuperar su sentido frente a la cooptación de los embates de las corporaciones, quienes se presentan a sí mismas como garantes de ese derecho.
En este marco, el derecho fundamental al agua no puede quedar supeditado al mero acceso y uso por parte de los seres humanos, sino que implica la protección y cuidado de los ciclos de la naturaleza y de los territorios del agua, que posibilitan la permanencia y dignificación de la vida. Partamos de la idea que el agua no se manifiesta en lo abstracto, sino que se materializa en los ríos, lagos, lagunas y aguas subterráneas, en extensiones de humedales, territorios de alta montaña, en extensas sabanas y selvas húmedas, entre muchos otros.
Es por eso que, por ejemplo, se ha reivindicado a los ríos, eje central en diversas luchas ambientales, como sujetos de derechos que deben poder fluir libremente, exigiendo que no sea interrumpido o desviado su cauce por proyectos que amenacen su caudal ecológico mínimo. También tienen el derecho a mantener sus capacidades, dinámicas y ciclos ecosistémicos esenciales como la conectividad, las fases de inundación, el depósito de sedimentos, la recarga de las aguas subterráneas y la provisión de un hábitat adecuado para la flora y la fauna nativas.
Por tanto, las aguas no pueden desligarse de las cuencas por dónde fluyen, de las fuentes de las que se alimentan o de las tierras que nutren. En particular, para la defensa de territorios de agua como los páramos, es necesario acaar con una lógica fragmentaria que intenta dividir la integralidad de la montaña andina y superar el imaginario que los considera como «fabricas de agua». Las altas montañas son territorios de vida y son un todo: son páramos, ríos, selvas altoandinas, osos de anteojos, cóndores, pero al mismo tiempo son pueblos que han pervivido desde la diversidad y la complejidad. Uno de sus retos es construir una propuesta de permanencia digna y cuidadora de la montaña andina, con mecanismos vinculantes y democráticos que permitan una deliberación amplia de los y las habitantes de estas altas montañas sobre estos territorios del agua.
Las luchas por la defensa del agua se encuentran íntimamente ligadas por los derechos a participar y decidir soberana y autónomamente sobre las formas de vivir dignamente en los territorios, estando esencialmente conectadas con la lucha por la democratización de la sociedad. Uno de los retos frente al deficiente acceso a la información sobre la situación de las aguas en el territorio nacional, es la construcción de conocimientos públicos y compartidos sobre su estado y el impacto de las intervenciones sobre ellas. Sin embargo, debe superar el control corporativo que siempre intenta financiar y orientar la investigación y las políticas científicas por sobre las valoraciones y construcción de conocimiento del agua de las culturas étnicas y populares. De aquí que esta información tenga que ser confiable, oportuna y relevante, pero en particular debe ser construida con los conocimientos locales y tener en cuenta otras diversas formas de comprender, conocer y relacionarse con el agua y lo territorial, con el fin de distribuir el conocimiento.
Frente a la ausencia de mecanismos vinculantes en la toma de resoluciones justas alrededor de las aguas, la participación y el derecho a ser consultadas que tienen las comunidades, deben ser genuinas y no meramente formales. A ellas se les deben garantizar oportunidades reales para influir en los procesos de proyección y planificación de los proyectos que tengan impactos sobre las fuentes hídricas, con la posibilidad de que sean cancelados si fuese la voluntad general, como se plantea el Movimiento Nacional Ambiental en el proyecto de ley de democracia ambiental que se encuentra en curso en el Congreso de la República. Estos mecanismos de participación tienen que ser oportunos y estar precedidos de una plena divulgación de la información relevante. Además, no pueden ser diseñados de cualquier modo, sino ser el resultado, tanto en su elaboración como puesta en práctica, de la participación de las comunidades involucradas.
En estas perspectivas del debate, sigue siendo un reto integrar las reivindicaciones relacionadas con la soberanía y autonomía de los pueblos para decidir el uso y el manejo de sus aguas y territorios bajo aspectos consuetudinarios, históricos, culturales, espirituales y medicinales. Al respecto, la gestión comunitaria de las aguas, realizada principalmente por acueductos comunitarios, se ha convertido en la guardiana de las aguas en los territorios y representa alternativas que construyen relaciones de cuidado, solidaridad, democracia radical, tecnologías apropiadas y reciprocidad, reivindicando el agua como bien común, como lo expresan los acuerdos de los espacios organizativos que gestionan las fuentes hídricas en los territorios.
Por último, es un desafío reivindicar la gestión público-comunitaria como eje estructurante de la reconstrucción social alrededor de las aguas. La resignificación de lo público permite reconstruir una gestión en donde todos y todas tienen diferentes niveles de responsabilidad en el cuidado y protección de las aguas, y permite ubicar nuevamente en los deberes del Estado dar solución a los problemas de asequibilidad y equidad, y brindar los derechos fundamentales que se encuentran en conexidad con el agua como la vida y un ambiente sano.
A pesar de que los territorios del agua y su gestión han sido cada día más objeto de modelos neoliberales que niegan y privan a comunidades y a la naturaleza misma de sus dones, siguen naciendo resistencias que reivindican su concepción como bien común y público, y que exigen justicia ambiental para la vida digna en todas sus expresiones.
¡Aguas libres, territorios soberanos!
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