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Naciones Unidas definió hace un par de años como ‘defensores ambientales’ a los individuos, organizaciones o comunidades que defienden sus derechos al medio ambiente.
Un reciente artículo en la revista Global Environmental Change (GEC, vol. 63, julio 2020) del equipo EnvJustice (financiado por un ERC Advanced Grant para el Institut de Ciencia y Tecnología Ambiental, Icta, de la Universidad Autónoma de Barcelona) concluye que los activistas que protestan ante las injusticias ambientales que tienen lugar en todo el mundo son víctimas de altas tasas de criminalización, violencia y asesinatos. Eso es así sobre todo entre las poblaciones indígenas del planeta y en los conflictos relacionados con la minería y el uso de la tierra.
Los investigadores del proyecto EnvJustice (Justicia Ambiental) trabajamos en el EJAtlas (el Atlas de Justicia Ambiental) que, en junio de 2020, registró 3.160 casos. El EJAtlas es un mapa interactivo que identifica y sitúa los conflictos ecológico-distributivos existentes. Fue publicado por vez primera en marzo del 2014, con 920 casos, y desde entonces ha añadido muchas más fichas, cada una de ellas de cinco o seis páginas. Está dirigido por Leah Temper y Joan Martinez-Alier, coordinado por Daniela del Bene, y cuenta con muchos colaboradores.
Este reciente artículo en GEC se basa en el EJAtlas. Analizamos 2.743 conflictos ambientales. Su publicación supone un reconocimiento mundial de este proyecto como fuente de datos y permite dar un salto adelante en el campo de la ecología política comparativa y estadística.
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Naciones Unidas definió hace un par de años como ‘defensores ambientales’ a los individuos, organizaciones o comunidades que defienden sus derechos al medio ambiente. La gente necesita tierra, agua y aire limpios. En general, los defensores ambientales se implican en su activismo por necesidad material. Muchas veces no se consideran ecologistas o ambientalistas, pero en realidad lo son. Suelen ser ciudadanos corrientes (frecuentemente campesinos e indígenas, pero también pobladores urbanos, tanto mujeres como hombres) que defienden sus derechos a un ambiente limpio y saludable, amenazado muchas veces por inversiones extractivas y por la evacuación de residuos.
La abundancia de defensores ambientales en el mundo pobre o empobrecido va contra la tesis de Ronald Inglehart, sostenida todavía por muchos politólogos, según la cual el ambientalismo o ecologismo surgió como un cambio cultural post-1968 propio del mundo rico, que se podía permitir el lujo de abrazar valores sociales post-materialistas como la defensa de las ballenas o los osos panda. Según esta tesis, el ecologismo no podía arraigar entre los pobres de las sociedades pobres, las que aún no han llegado al umbral de bienestar que antecede a la germinación de estos valores. Nótese que Inglehart empleó el término ‘post-materialista’ como sinónimo de económico o crematístico, y no en el sentido de ‘menor uso de materiales y energía’. Ese uso, por supuesto, es mucho más alto per cápita en países ricos que pobres, y en cada país entre los más acomodados que entre los menos.
Contra la tesis de Inglehart se argumentó ya hace tiempo que había un ecologismo de los pobres y de los indígenas, que se sustenta en la defensa de sus necesidades materiales contra la depredación exterior y se apoya también en valores sociales propios como, por ejemplo, la sacralidad de la naturaleza o partes de ella. Con los años, se acepta cada vez más que existe un movimiento mundial por la justicia ambiental compuesto por miles de activismos locales contra la extracción de combustibles fósiles, la minería a cielo abierto, las plantaciones de árboles, las represas hidroeléctricas y otras industrias extractivas, así como contra la evacuación de residuos a vertederos o incineradoras. Éste es el ecologismo de los pobres y los indígenas o, como algunos dicen ahora, “el ecologismo de las clases subalternas”. Guha y Martínez-Alier (1997) lo han llamado también el «ecologismo de los desposeídos». Los casos recogidos en el EJAtlas son, en general, de este tipo.
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Para entender las penurias que sufren los defensores ambientales y sus reacciones o contra-movimientos (en el sentido de Karl Polanyi), y para darles apoyo de manera efectiva (como pide Naciones Unidas), es necesario conocer mejor los conflictos ambientales subyacentes, así como los factores que permiten a los activistas movilizarse con éxito por la justicia ambiental. De ahí que echáramos a andar el EJAtlas (un archivo de conflictos ecológico-distributivos), y de ahí también el aumento de las investigaciones de ecología política en todo el mundo, sobre todo en América Latina (con Héctor Alimonda, Horacio Machado, Gabriela Merlinsky, Maristella Svampa, Lucrecia Wagner y tantos otros).
En nuestro artículo en Global Environmental Change hemos caracterizado los conflictos ambientales y a los defensores involucrados, así como las estrategias de movilización que han tenido resultados exitosos. Este análisis se basa en 2.743 casos. Los datos muestran que los activistas son, en su mayoría, miembros de grupos vulnerables que emplean formas de protesta no violentas. Sin embargo, el activismo tiene un coste elevado para sus vidas. En el 20% de los casos de conflicto incluidos en el EJAtlas, tienen que hacer frente a criminalización, y sus acciones de protesta tienen consecuencias en forma de denuncias, multas, persecución judicial y penas de cárcel. En el 18% de los casos, son víctimas de violencia física, y en el 13%, son asesinados. Estas cifras aumentan significativamente cuando están involucradas poblaciones indígenas, alcanzando el 27% en criminalización, el 25% en violencia y el 19% en cuanto a asesinatos. (Fig. 1)
Notas.- a: Consecuencias positivas y negativas de conflictos ambientales (n=2.743, excepto casos con procesos judiciales con n=1.220). b: Violencia y represión en conflictos con participación indígena. Fuente: los autores.
¿Tiene ese ambientalismo popular éxito en conseguir justicia? Un movimiento social que nunca lo tuviera difícilmente podría consolidarse. En el 11% de los casos, las protestas han contribuido a detener proyectos ambientalmente destructivos y socialmente conflictivos, defendiendo el medio ambiente y los medios de vida. La combinación de estrategias de movilización preventiva, la diversificación de protestas y los litigios judiciales pueden aumentar significativamente esta tasa de éxito hasta en un 27% (Figura 2). El artículo en Global Environmental Change también destaca el papel de las mujeres como líderes de las movilizaciones (en el 21% de los casos).
El estudio se basa en datos de todos los países del mundo, pero en trabajos posteriores se hará hincapié en las diferencias regionales.
Constatamos en nuestro trabajo que las movilizaciones de la sociedad civil a favor de usos más sostenibles y socialmente justos del medio ambiente tienen lugar en todo mundo, en países de todos los estratos socioeconómicos en la clasificación del Banco Mundial. Hay un ecologismo popular defensor de la naturaleza en países de ingreso per cápita alto, medio o bajo. Existen, pues, distintos ecologismos de base como fuerzas que empujan hacia la sostenibilidad global y la justicia ambiental. El proyecto EnvJustice produce tesis doctorales y artículos sobre todo el mundo. Son fácilmente accesibles dos números monográficos de la revista Ecología Política (el 56º y el 57º) sobre la India y China, con colaboración de Brototi Roy y Juan Liu.
El argumento general que presentamos es que el aumento y los cambios del metabolismo social (los flujos de energía y materiales) en las sociedades humanas despiertan los “conflictos ecológico-distributivos” y esto, a su vez, lleva al nacimiento y consolidación de movimientos de justicia ambiental tal como los que recoge el EJAtlas. A veces, esos movimientos locales pueden contribuir a transiciones ecológicas (Figura 3).
Fuente: Scheidel et al. 2018.
Tomado de: Agenda Pública El País
