El pasado 6 de junio, en Colombia, junto con organizaciones de América Latina y el Caribe, celebramos una década de un hito crucial: el décimo aniversario de la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esta resolución dio origen al Grupo de Trabajo Intergubernamental, encargado de desarrollar un Tratado Vinculante que jurídicamente regula las actividades de las empresas transnacionales (ETN) y protege los derechos humanos.

Una década de trabajo y perseverancia

Estos diez años han sido testigos de una incesante labor por parte de organizaciones sociales, instituciones gubernamentales y parlamentos. En un esfuerzo conjunto, más de 200 parlamentarios de 20 países han unido sus voces y acciones, promoviendo debates en territorios, academias, sindicatos y diversas organizaciones alrededor del mundo. Esta alianza ha mantenido vivo el debate sobre el tratado, a pesar de los poderosos intereses que buscan clausurarlo en las Naciones Unidas. Este tratado es vital para la defensa de los derechos humanos, y los territorios lo han abrazado y defendido con firmeza frente al poder de las empresas transnacionales (ETN).

Casos como los de Chevron en Ecuador, donde la empresa no ha cumplido con las sentencias de reparación, ilustran la impunidad de las ETN. La lucha incluye la resistencia a presiones políticas y comerciales, persecuciones y campañas de desprestigio, pero también demuestra la necesidad de un marco legal internacional para proteger los derechos de los pueblos afectados por ETN.

Pese a este panorama, hoy somos testigos de un precedente histórico, el 10 de junio del presente año, la multinacional bananera Chiquita Brands, fue condenada por financiar a grupos paramilitares en Colombia. Por tanto la compañía tendrá que indemnizar a ocho víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en dos regiones del país.

Este fallo concluye que Chiquita Brands, financió a paramilitares entre 1997 y 2004, y que dicho financiamiento facilitó la comisión de homicidios, secuestros y otros crímenes atroces como desapariciones forzadas, torturas y extorsiones. Las indemnizaciones establecidas varían entre 1,8 y 2,5 millones de euros por víctima. Es la primera vez que una empresa es declarada responsable en un tribunal estadounidense por complicidad en violaciones de derechos humanos, una razón más para continuar manteniendo vivo este tratado, hablar de él, defenderlo en cada comunidad y reforzar nuestras posturas para que cada vez sean más las reparaciones.

Audiencia pública: un compromiso inquebrantable

En el marco de esta celebración, se llevó a cabo en el Congreso de la República una audiencia pública sobre Marcos Regulatorios en Derechos Humanos para las Empresas Transnacionales, donde Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia hizo parte activa  como promotora de este tratado, que deja en este espacio un mensaje claro y resonante: “Necesitamos frenar el poder corporativo que viola los derechos humanos sin control”. Este es nuestro compromiso inquebrantable. 

Durante este encuentro, se promovieron iniciativas significativas, como por ejemplo,  que Colombia se convierta en un actor activo en la discusión y aprobación del Tratado de Naciones Unidas sobre DDHH y ETN; actualmente, el gobierno nacional apuesta por un tratado vinculante y los Ministerios del Interior, de Minas y Energía, junto con el Departamento Nacional de Planeación y la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, están impulsando la creación de una política pública en materia de empresas y derechos humanos. 

Ya hay un memorando y un proceso de construcción interinstitucional en marcha, pues si bien la Campaña Global por este tratado camina de forma paralela, es fundamental que en Colombia se avance en la obligatoriedad de un marco jurídico, en donde no tengan cabida crímenes contra los pueblos y el saqueo de sus territorios y la naturaleza. Durante décadas, el país ha vivido una disputa por los territorios en el marco del conflicto armado, que atravesado por la presencia de ETN con proyectos extractivos, ha representado una vulneración de derechos, razón por la cual sistemas jurídicos como la justicia transicional, han señalado la co-responsabilidad empresarial en conflictos socio-ambientales, pues se reconoce que además del campo económico, el poder corporativo, tiene una fuerte injerencia, lo político e incluso en acciones de militarización de los territorios, involucrándose con actores armados. 

Es por esto que en el Congreso, además, se están preparando leyes para regular las actividades de las empresas en relación con los derechos humanos, enfocándose en la prevención y mecanismos de justicia. Próximamente, se presentará una ley sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, para posibilitar que las empresas respondan por los delitos cometidos durante sus operaciones en el país. Hoy, más que nunca, es crucial detener el poder corporativo que viola los derechos humanos sin control, exigiendo verdad, justicia, reparación y respeto por las comunidades afectadas y las que continúan resistiendo ante proyectos extractivos.

Seguimos en pie, avanzando colectivamente por el respeto y garantía de los derechos humanos en las  comunidades y el acceso a la justicia. Cada empresa que comete violaciones a los derechos humanos y ambientales debe rendir cuentas y pagar las consecuencias. Esta es una causa por la dignidad, la vida y la justicia. No descansaremos hasta lograr que se respeten cada uno de estos principios fundamentales. Este es nuestro compromiso con la humanidad, un compromiso que permanece inquebrantable, alimentado por la esperanza y la perseverancia de quienes creen en un futuro justo y equitativo.

Les invitamos a conocer la última publicación sobre este Tratado, realizada por Amigos de de la Tierra y el Caribe (ATALC),  donde se presenta la historia del Tratado Vinculante y sus fundamentos: