La democracia ambiental ha sido uno de los temas y reivindicaciones más activos en las agendas de los movimientos ambientalistas populares durante los últimos 15 años en Colombia.

El recrudecimiento del modelo extractivista y la presión para la ampliación de las fronteras mineras y energéticas en el país ha producido acciones diversas de comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbanas, quienes acudiendo a distintas estrategias y repertorios de resistencia han puesto en jaque esa política, cuya expansión ha sido la punta de lanza de los gobiernos Uribe y Santos. 

Como ha sido señalado por Cecilia Roa, el origen liberal de la democracia como concepto y práctica la han ubicado de manera simbiótica junto al crecimiento económico y al capitalismo, pero los movimientos ambientalistas populares y las comunidades involucradas en conflictos ambientales han propuesto formas amplificadas y complejas de entenderla y convertir espacios de pugna por la justicia ambiental en oportunidades de democratización radical, que interpelan las vidas cotidianas de las personas más allá de la institucionalidad y pujan por ejercicios de autogobierno que consoliden sus autonomías. La democracia ambiental propuesta por los pueblos ha puesto en el debate la importancia del reconocimiento, la deliberación y el principio de vinculatoriedad como el principal carácter que debe tener la participación. Además, ha insistido en que estas dimensiones de la democracia ambiental no son exclusivas para momentos en donde los conflictos se hayan exacerbado sino que, por el contrario, la participación y la deliberación vinculante debe ser una condición a priori para avanzar en pactos territoriales que permitan a todas las personas y comunidades tomar decisiones acerca del futuro de sus territorios, paisajes, economías y formas de vida. 

Estos sentidos ampliados de la democracia que se han construido en la movilización social y artística, en propuestas de alternativas económicas y de ordenamientos populares y comunitarios del agua y la energía, en ejercicios legítimos de la participación como las consultas populares y las consultas autónomas, han sido constantemente borrados en las maniobras legales que los sectores extractivistas han impulsado para detener la acción política de los ambientalismos. Este es el caso de la Sentencia SU-095/2018 de la Corte Constitucional, que dejó sin piso jurídico las consultas populares como mecanismos para la participación en temas minero-energéticos. Pese a que esa decisión reconoció un déficit en la participación respecto a la legislación minera y de hidrocarburos y exhortó al gobierno de turno para que avanzara en subsanar este déficit, al día de hoy seguimos sin avances al respecto.

Los vacíos legales producidos por la connivencia de los gobiernos y el sector extractivista (y, lamentablemente también por la actuación de las Cortes que no protegieron de manera plena el derecho a la participación), han generado que las autoridades ambientales y mineras hayan interpretado las normas cada cual a su modo y llevado a cabo procedimientos insuficientes como las audiencias de participación y las actas de concurrencia y participación que distan de las demandas históricas que las comunidades afectadas por los proyectos mineros energéticos han exigido: participación vinculante, efectiva y con vocación transformadora. 

Al respecto los procesos territoriales agrupados en el Movimiento Nacional Ambiental, en conjunto con ONG’s como el Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra y Censat Agua Viva, hemos avanzado en la construcción de un Proyecto de Ley de democracia ambiental, radicado en el Congreso de la República el pasado 23 de septiembre, que busca crear nuevos mecanismos de participación que propicien espacios deliberativos y vinculantes, así como  avances reales en la garantía de los derechos territoriales y ambientales de las comunidades. Este proyecto de ley pretende cubrir y garantizar la participación en todas las fases de la ejecución de proyectos minero-energéticos a través de mecanismos como las audiencias públicas ambientales, cabildos abiertos socio-ambientales, audiencias públicas de control socio-ambiental y cabildos abiertos preparatorios para los cierres de los proyectos extractivos. 

Precisamente este último mecanismo es la primera propuesta formal que se orienta a dar participación plena a las comunidades afectadas por el extractivismo en las fases de cierre y postcierre minero. Esta fase del proceso extractivista está legislada en varios instrumentos dispersos en la legislación minero-energética y ambiental, pero en ninguno de ellos se identifican mecanismos de participación para que las comunidades que han sido afectadas por las actividades mineras puedan decidir sobre el futuro de sus territorios, ni tampoco para que sean actores presentes determinantes en la transformación social y económica que se avecina. Esto aplica también al sector de las y los trabajadores mineros, quienes también deben tener voz en procura de una transición laboral y social con justicia. 

Pese a que en Colombia los procesos de cierre minero han sido pocos, o más bien justamente por ello, es mucho lo que debemos discutir alrededor de los desafíos sociales, culturales, ambientales y económicos que regiones como el Cesar y La Guajira, están enfrentando y enfrentarán en un escenario de clausura de las minas de carbón que existen allí, cuya envergadura y antigüedad, además, implican retos y complejidades importantes. Aunque parece remoto por las actuales condiciones geopolíticas que han puesto de nuevo el carbón en el centro del mercado energético, la urgencia planetaria para la desfosilización de las economías y la necesidad de dejar el carbón y el petróleo en el subsuelo para frenar la crisis climática y ambiental, son imperativas. En este contexto, la democracia ambiental permitirá garantizar la reconstrucción y reparación integral de los territorios de manera participativa y vinculante, además de que las voces de las comunidades indígenas, campesinas y negras del Caribe colombiano puedan decidir sobre el futuro de su región. Participar de manera efectiva para poder decidir, es central para confrontar los proyectos territoriales basados en falsas transiciones que pretenden transformar el Caribe de un territorio de sacrificio, ahora como laboratorio para la transición energética corporativa. 

!Les invitamos a apoyar el proyecto de Ley de Democracia ambiental, vea la transmisión en vivo¡