Censat Agua Viva, organización ambientalista con más de tres décadas de experiencia trabajando en torno a debates energéticos de importancia, analiza los retos y aspectos clave del Programa del nuevo gobierno colombiano para transitar de manera planeada y justa hacia un futuro libre de combustibles fósiles.
En la mañana del 3 de agosto de 2022 se publicó la Carta de los Parlamentarios del Mundo a Colombia, en la que más de 80 firmantes hacen un llamado por un futuro libre de combustibles fósiles. Se trata de una iniciativa de parlamentarios de Asia, África, América Latina y el Pacífico que expresan una fuerte señal de solidaridad a la propuesta de disminución gestionada de la dependencia de las energías fósiles promovida por el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez.
Los pronunciamientos de los parlamentarios resaltan la visión a futuro y la sensatez de esta apuesta del gobierno colombiano, a la vez que ratifican su disposición y colaboración para superar los retos que supondrá este proceso de cambio de paradigma en el ámbito nacional, regional e internacional. “Las propuestas de Gustavo Petro y Francia Márquez muestran valentía, pero también sentido común. La producción de petróleo, gas y carbón tiene que terminar en cualquier caso porque es la causa principal de la crisis climática, de los desastres ambientales y las guerras en todo el mundo“, expresó Charles Santiago, Miembro del Parlamento de Malasia, uno de los firmantes de la carta y fundador del Llamado de los Parlamentarios.
Charles Santiago. Foto: The sun daily.
Por su parte, Marie Toussaint, vicepresidenta del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea del Parlamento Europeo, resaltó: “Como parlamentarios de estados gobernados por líderes que siguen encerrados en los combustibles fósiles y la ideología del crecimiento, enviamos un mensaje al nuevo gobierno colombiano: estamos en disposición para acompañar todas las iniciativas que se tomarán para hacer de Colombia un país pionero en el desmantelamiento planeado de los combustibles fósiles”.
Este respaldo internacional (expresado también hace unos meses, cuando 393 intelectuales de talla mundial firmaron una carta apoyando la propuesta de transición energética planteada por Gustavo Petro y Francia Márquez) muestra la importancia del abordaje propuesto por el nuevo gobierno sobre el tema energético y su decisión de priorizar una transición. Desde nuestro punto de vista, este reto no implica únicamente enfrentar los ya enormes obstáculos que significa el salir de las energías fósiles, sino también la complejidad de asumir la propuesta de trazar un camino diferente como sociedad hacia la creación de otros modelos sociales, económicos y culturales. Es allí donde queremos poner el foco.
El giro es urgente, factible y realizable
Desde Censat Agua Viva promovemos esta manifestación internacional de apoyo y reiteramos que una transición planeada, que disminuya al mínimo nuestra dependencia de los combustibles fósiles, no es una idea delirante, como algunos sectores quieren presentarla. Por el contrario, es una idea que organizaciones ambientalistas y pueblos indígenas de Colombia y del mundo vienen demandando desde hace décadas.
Ubicarnos en la realidad energética implica reconocer los límites físicos del planeta, por lo que un desescalamiento gradual de la dependencia económica del petróleo y del carbón, junto a la no exploración de nuevos yacimientos (incluso en el mar), contribuye a enfrentar las reales causas de la crisis climática y se constituye en un precedente entre los mandatarios de Estado como una respuesta acorde a la magnitud de la crisis, que hasta el momento no cuenta con respuestas gubernamentales efectivas.
Radicación proyecto de ley prohibición fracking. Foto: Corrillos
Tener cuidado con los caminos que se escogen
Analizando el programa de gobierno de Petro y Francia, y con miras a aprovechar al máximo el momento histórico de nuestro país y el apoyo expresado por decenas de parlamentarios en el mundo para impulsar un cambio en el paradigma energético de la sociedad, Censat Agua Viva hace un llamado a tener en cuenta varias consideraciones.
Posicionar a Colombia como potencia mundial de la vida implicará transformar de raíz el modelo energético prevalente caracterizado por el despilfarro, el monopolio, la desigualdad y la inequidad. Es plausible la intención de someter las propuestas a decisiones democráticas emanadas de consultas populares, a lo que debe sumarse que estas se orienten según las necesidades y características de cada territorio, priorizando la soberanía energética local.
Sin embargo, nos preocupan algunas propuestas del programa que consideramos falsas soluciones, que incluyen el impulso del hidrógeno en sus diferentes desarrollos, las pequeñas centrales hidroeléctricas (cuando responden a lógicas economicistas más que a resolver necesidades energéticas de las comunidades, causando agudos impactos negativos), así como los mega parques eólicos y solares que replican las mismas lógicas extractivas que las energías fósiles.
Es de alertar, las denuncias que han realizado comunidades de La Guajira y que han sido documentadas por Indepaz, sobre los impactos negativos de estos proyectos sobre sus territorios. Además, los grandes molinos eólicos requieren significativas cantidades de combustibles fósiles para su elaboración, traslado, instalación y mantenimiento, con una limitada vida útil y tienen una alta demanda de minerales como el cobre, zinc, cobalto, litio y níquel, entre otros.
Proyectos de parques eólicos. Foto: Indepaz
La energía como bien común
En los planteamientos del nuevo gobierno se resalta el interés por vincular activamente “con capacitación y financiamiento público a las comunidades, pequeños productores, cooperativas y ciudadanías, en la generación, distribución, acceso y aprovechamiento de las energías limpias y eficientes». Así mismo, se plasma como una oportunidad para apoyar la soberanía energética que ya camina en los territorios, visibilizando las experiencias de comunidades que han venido impulsando propuestas de transición con esfuerzos propios, sin apoyo estatal, y que aprovechan recursos cercanos como los insumos agrícolas para generar energía a escala local como la biomasa. Todas estas experiencias territoriales crean un escenario valioso para construir una política pública de la energía, que promueva el autoabastecimiento, la gestión comunitaria y ciudadana de cara a alcanzar una de las propuestas bandera del nuevo gobierno: la energía como bien común.
Será importante revisar el papel que tendrá Ecopetrol en el marco de la transición, en términos de promoción de las energías renovables no convencionales bajo un enfoque de gestión comunitaria y ciudadana de la energía. Para evitar riesgos de imposición de economías verdes y poder realizar una evaluación juiciosa en extracción de gas, de metales y en general proyectos de la llamada energía limpia, sería fundamental (además de la propuesta de creación del Instituto Nacional de Energías Limpias) el establecimiento de una mesa de trabajo con organizaciones sociales. La Mesa Social Minero Energética establecida en 2015 por organizaciones sociales, sindicales, ambientalistas y procesos regionales de defensa del territorio, promovió un mecanismo de participación para pensar la política minero energética y para generar propuestas sustentadas en esta materia. También el Movimiento Ríos Vivos ha insistido por años con la propuesta de una Comisión Nacional de Represas, con el fin de realizar diálogos regionales y sectoriales que confluyan en una propuesta de política pública que atienda los conflictos generados por el actual modelo hidroenergético y que construya una ruta para su transformación.
La propuesta de imponer “gravámenes sobre la comercialización de productos altamente intensivos en dióxido de carbono para lograr la descarbonización de las economías” reconoce la cantidad de dinero que el país ha perdido financiando un sector que ha dejado una estela de daños ambientales a perpetuidad. Para esto, es clave la propuesta de ajustar y revisar los instrumentos de vigilancia, contabilidad y fiscalización para garantizar una renta minera justa.
Fortalecimiento de una voz regional pionera
El interés de “promover dentro de la agenda política internacional de Colombia un gran frente americano de lucha contra el cambio climático”, tiene el potencial de alzar una voz conjunta para exigir respuestas efectivas frente a temas comunes como la deuda ecológica, una deuda histórica asociada a la pérdida del patrimonio natural y cultural producto de esa apuesta extractiva sobre la cual se han edificado los sistemas de los países “desarrollados”.
Otro potencial de esta agenda política internacional americana es lograr la protección de la selva amazónica y las personas que tradicionalmente la han habitado, blindando a la región de cualquier explotación mediana o grande de energías fósiles. Desde este marco, el programa de Petro busca obtener compensaciones por dejar enterradas las reservas de carbón y petróleo, revitalizando esta región como “pulmón” y “banco de biodiversidad” mundial. Sin embargo, el tema de las compensaciones se debe asumir con sumo cuidado, pues tiene el enorme riesgo de ser un ejercicio perverso que rompe tejidos sociales, economías locales y que crea dependencias que finalmente no obstaculizan la quema de combustibles fósiles, sino que revitalizan el sistema monetario global con la posibilidad de lavar de verde sus actuaciones.
Para finalizar, la idea de priorizar la “unidad de los pueblos del sur de América y el restablecimiento del Pacto Andino y del Caribe” presenta una gran oportunidad para lograr una integración regional solidaria, en la cual se construyan niveles de complementariedad, reconociendo potencialidades y caminos de mutuo apoyo para buscar un bienestar colectivo que priorice la soberanía alimentaria y energética.
