La demanda de participación ciudadana ha sido uno de los elementos centrales en la discusión ambiental del país, posicionada por sectores y organizaciones sociales y ambientalistas que, por ejemplo, exigieron sin éxito la ratificación del Acuerdo de Escazú, que plantea como objetivos centrales la garantía de participación, justicia y acceso a información en asuntos ambientales.
La demanda de participación ciudadana ha sido uno de los elementos centrales en la discusión ambiental del país, posicionada por sectores y organizaciones sociales y ambientalistas que, por ejemplo, exigieron sin éxito la ratificación del Acuerdo de Escazú, que plantea como objetivos centrales la garantía de participación, justicia y acceso a información en asuntos ambientales. También, sectores del ambientalismo popular, representados en el Movimiento Nacional Ambiental (MNA) presentaron en el actual Congreso un proyecto de ley estatutaria para la democracia ambiental que propone subsanar el déficit de participación ciudadana que se generó luego de las sentencias regresivas que limitaron las consultas populares en materia ambiental.
Frente a estas propuestas no se ha hecho esperar la oposición por parte de algunos partidos y sectores empresariales, que las catalogan como la apertura a una pérdida de soberanía institucional sobre los territorios y el menoscabo del liderazgo del nivel central frente a la gestión ambiental. Este miedo a la democratización se origina en el hecho de que el garantizar que la participación de las comunidades en decisiones sobre sus contextos ambientales sea realmente vinculante, modificaría sustancialmente la manera como se abren paso proyectos extractivos en todos los rincones del país.
Pero existen muchos otros obstáculos en la participación, por ejemplo, la falta de validación de lenguajes populares frente a los académicos e institucionales. Las comunidades tienen un profundo y especializado conocimiento sobre su territorio, es claro que son ellas quienes tienen la mayor experiencia sobre los usos, manejos y dinámicas del mismo, ya que los han vivido y construido históricamente. Sin embargo, en el abordaje de los conflictos ambientales se ha impuesto la primacía de la ciencia occidental moderna y su monopolio de las formas de construcción de conocimiento como un único indicador para establecer pruebas y crear verdades con carga judicial. En innumerables casos no solo no reconocen los saberes populares que expresan maneras diversas de aproximación y entendimiento de las realidades, sino que los invalida y excluye de escenarios decisorios. Estas asimetrías siguen cercando la posibilidad de participación de las comunidades y profundizando una mirada excluyente de otras formas de entender y pensar el territorio.
Frente a este escenario, las comunidades y distintas organizaciones hemos venido impulsando otro tipo de herramientas que exaltan la producción de conocimientos populares y la ubican en el centro de la toma de decisiones en materia ambiental. Una de ellas es el Monitoreo Ambiental Comunitario (MAC), que promueve un ejercicio autónomo para conocer a profundidad los cambios experimentados en el territorio a lo largo del tiempo; permite a las comunidades registrar y construir información propia de manera detallada y sistemática, que es útil en los procesos de fortalecimiento cultural, recuperación de la memoria ambiental, sostenimiento y adaptación de prácticas propias, entre otras. Así mismo, el MAC permite sistematizar y construir conocimiento propio para fortalecer lazos comunitarios, arraigo y de-construir/re-construir interacciones socioecológicas de manera consciente, deliberada, dialogada y democrática.
El monitoreo ambiental comunitario junto a diversas formas de participación ciudadana promueven la justicia ambiental disputando y develando verdades tecno políticas que se presentan como únicas y que desconocen otras ontologías y ecosofías diversas que son producto de la alteridad étnica y cultural de nuestro país. Estas otras formas de entender la naturaleza y el territorio deben ser tenidas en cuenta en escenarios y contextos institucionales y también para la toma de decisiones frente a políticas públicas y proyectos económicos territoriales.
A propósito, en las próximas semanas las organizaciones que hacemos parte del MNA estaremos en el congreso en una gran audiencia pública en apoyo al proyecto de ley para la democracia ambiental, el cual impulsa la importancia del conocimiento y la voz de las comunidades en la toma decisiones ambientales y pone de nuevo en el centro el derecho que tienen los pueblos para deliberar y decidir el destino de sus vidas y de sus territorios.
¡Les esperamos!
