“Mi papá murió a los 70 años y me dijo que antes de que construyeran la represa, en verano, el pescado se cogía con la mano, el pescado abundaba, el pescado era muy sabroso; había mucha pesca, el río era claro, limpio. Los niños y las mujeres podían salir a pescar”.

• El Consejo Comunitario Mayor del Río Anchicayá en el Valle del Cauca recibió el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos, en reconocimiento a su defensa del territorio. 
• “Mi papá murió a los 70 años y me dijo que antes de que construyeran la represa, en verano, el pescado se cogía con la mano, el pescado abundaba, el pescado era muy sabroso; había mucha pesca, el río era claro, limpio. Los niños y las mujeres podían salir a pescar”.

En el 2001, cuando la represa de Anchicayá, hoy en manos de la Empresa de Energía del Pacífico, Celsia, abrió las compuertas para derramar los lodos acumulados durante más de 40 años, se generó una de las peores tragedias ambientales en la historia de la región y del país: una avalancha de más de 4 millones de metros cúbicos de sedimentos putrefacto arrasó con peces, flora, fauna y cultivos de los lugareños, como dice Silvano Caicedo Girón, integrante del Movimiento Ríos Vivos: “dejando moribundo al río Anchicayá y transformando la vida de la comunidad que vivía de él”.

Desde entonces la lucha jurídica del Consejo Comunitario Mayor del río Anchicayá por lograr el reconocimiento al derecho y uso del territorio por parte de la comunidad ribereña de la cuenca, ha sido incesante, sin que logren aún la compensación efectiva por los perjuicios económicos y la recuperación del corredor ecológico del río.

Gracias a su trabajo juicioso y comprometido obtuvieron este año el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos, en la categoría  Experiencia o proceso colectivo del año nivel comunitario. El pasado 6 de octubre, el encargado de recibir este reconocimiento fue el líder Silvano Caicedo Girón quien manifestó que “Esperamos que el Estado colombiano, después de nosotros haber ganado este premio al proceso organizativo en la defensa del territorio y los derechos humanos, pueda tener una mirada más fraterna y más humanista hacia el río Anchicayá”. 

Distintos entes de justicia a los que han acudido fallaron, en su mayoría, a favor de la comunidad ribereña. Sin embargo, estos fallos han tenido reveses debido a las apelaciones y argucias de la empresas encargadas de la hidroeléctrica (actualmente Celsia, pero antes Unión Fenosa y el Sindicato Antioqueño), que han dilatado la concreción de las medidas dictadas a favor de la gente. Por otro lado, instancias como la Procuraduría, la Contraloría o el Ministerio del Medio Ambiente se han convertido en piedras en el camino para una restitución integral y oportuna, en lugar de proteger y ayudar a que a la comunidad ribereña se les reconozcan y se le repare por los daños ocasionados por la hidroeléctrica. 

El pasado 10 de junio de 2021 el Consejo de Estado sentenció a la Empresa de Energía del Pacífico, EPSA, Celsia, del grupo Argos), a la Corporación Regional del Valle del Cauca (CVC) y al Ministerio de Ambiente a indemnizar a las comunidades que resultaron afectadas, pero condicionó la medida a que se haga un nuevo peritaje a los listados de víctimas elaborados por la Gobernación del Valle en el inicio del proceso, lo que se convierte en un nuevo conflicto para quienes han empujado el proceso desde hace tantos años, pues desconoce los avances y acuerdos alcanzados y pone en responsabilidad de los Consejos Comunitarios un tema muy complicado.

Como si fuera poco, hay al menos otros 17 proyectos de generación de energía hidroeléctrica en el país que el gobierno colombiano impulsa (sin contar Hidroituango por su estado de avance), buscando generar 6.832 MW por año de entrada de operación, tales como Termoberrío en Santander, el proyecto hidroeléctrico Micay, en el Cauca, la Central Hidroeléctrica Pipintá, en Caldas, El Tesorito, en Bolívar, entre otros. Estos proyectos son presentados, falsamente, como una opción de “energías renovables, limpias”, pero casos como el de la cuenca del río Anchicayá son una prueba de las nefastas consecuencias del modelo energético, que bajo varios gobiernos neoliberales se implementa en el país. Actualmente, la acumulación de sedimentos en esta represa es igual o mayor a la que originó el primer desastre y, a la dificultad para lograr la reparación, se suma la triste evidencia de que no hay asomos de querer construir garantías de no repetición, pues sigue sin preverse ningún manejo para evitar que vuelva a ocurrir.

Las más de 6.000 víctimas de la catástrofe ambiental, social y cultural en el río Anchicayá en Buenventura, siguen en el calvario que es transitar hacia la justicia en un país como Colombia, catalogado como el más mortífero para los líderes ambientales, según el informe de Global Witness, presentado el pasado mes de septiembre. 

Todo esto contrasta con el tesón de las comunidades anchiguareñas, que hace que líderes como Silvano Caicedo Girón no se den por vencidos:”Nosotros seguimos luchando por nuestra dignidad  y la recuperación de nuestra cuenca porque, como he dicho, el río es para nosotros como un papá, como una mamá, porque del río dependemos todos nosotros (…) sin el río no podemos tener vida, porque para nosotros acá en el Pacífico el territorio es la vida y la vida no es posible sin el territorio”.

Con inmensa gratitud: felicitaciones por ese reconocimiento a una labor que requiere de una juntanza con valentía y de un amor a la vida sin parangón. Celebramos la vida de ustedes y de todos los líderes sociales, ambientales del país.   

¡Gracias por resistir!

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