Activistas y expertas ambientales estuvieron en Egipto del 6 al 18 de noviembre de 2022 para incidir a favor de acciones basadas en los principios de justicia climática en la 27° Conferencia de las Partes -COP- de la Organización de las Naciones Unidas -ONU-. Como Censat Agua Viva estuvimos allí contribuyendo a la importante participación de Colombia en la conferencia, en la que se destacaron las organizaciones sociales y la audaz declaración del presidente Gustavo Petro. Un resultado de la conferencia fue la creación del fondo para pérdidas y daños asociados a la crisis climática. No obstante, las amenazas para Colombia y el resto de naciones del sur global continúan.

Con el fin de compensar los impactos irreversibles del cambio climático se estableció un fondo para las pérdidas y daños en la COP27. Este fondo era uno de los reclamos clave de los países más afectados y es un primer paso que parecía esquivo. Sin embargo, los países del norte global, como Estados Unidos, siguen empeñados en evadir sus responsabilidades e incumplir acuerdos. Cabe recordar su pésima actuación con el aporte a los ya insuficientes 100 mil millones de dólares por año que prometió hace más de una década.

Resultados estructurales débiles
Sara Shaw, integrante de Amigos de la Tierra Internacional, comentó frente a la decisión del fondo para pérdidas y daños: “Es un alivio que el fondo para las pérdidas y daños se haya establecido finalmente, tras décadas de lucha. Pero en este momento es un fondo vacío, y tenemos el gran desafío por delante de garantizar que los países desarrollados contribuyan a él, de acuerdo con los principios de justicia y equidad”.
Por su parte Tatiana Roa Avendaño, coordinadora del Área de Energía y Justicia Climática, de Censat Agua Viva, manifestó “Hemos venido diciendo que el verdadero y real ZERO es dejar los hidrocarburos y carbón en el subsuelo. La justicia climática y la transición energética justa sólo serán posibles con un cambio de sistema que aborde las injusticias con las personas más vulnerables”.

Si bien el resultado de la COP27 incluye un bienvenido reconocimiento a la necesidad de tener una “transición limpia y justa hacia la energía renovable”, en Sharm el-Sheikh no se acordó nada para realmente conseguirlo, ya que el financiamiento para la reducción de emisiones se estancó y los resultados en materia de mitigación fueron débiles. Resulta alarmante que no hubo avances en el texto acordado el año pasado sobre la eliminación progresiva del carbón, lo que se constituye en un beneficio para la industria de los combustibles fósiles que extiende sus fronteras extractivas en regiones como el Caribe colombiano.

Propuestas de solución
Para contener la crisis climática, necesitamos una transición energética justa que nos aleje del petróleo, el gas y el carbón, comenzando por los llamados países desarrollados que construyeron sus economías sobre la base de estas energías sucias. Andrés Gómez, integrante del Área Energía y Justicia Climática de Censat Agua Viva, así lo explicó: “Debemos propender por una transición energética justa que no deje a nadie atrás, es muy importante el proyecto de ley 114 que busca prohibir el fracking y los Yacimientos No Convencionales, pues constituye un gran inicio a la disminución planeada de los combustibles fósiles”.

Falsas soluciones 
El año pasado, la COP26 llegó a un acuerdo sobre los mercados mundiales de emisiones de carbono tras años de debate, a pesar del fuerte rechazo de los grupos de justicia social y ambiental. En la COP27 hubo intentos alarmantes y apresurados para incorporar en los acuerdos sobre los mercados de emisiones de carbono iniciativas tan dañinas como la geoingeniería y la compensación basada en la naturaleza. La negociación en Egipto, aunque retrasó dos años al mercado de carbono, esta vez eliminó toda referencia a los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos laborales.

Hemantha Withanage, presidente de Amigos de la Tierra Internacional, afirmó desde Sri Lanka: “La decisión sobre los mercados de emisiones de carbono es muy preocupante. Si bien la COP27 ha retrasado temporalmente las medidas para incluir la geoingeniería, las tecnologías peligrosas y no demostradas y las llamadas soluciones basadas en la naturaleza en los mercados de compensación de las emisiones de carbono, sabemos que estas amenazas saldrán a relucir nuevamente”.
Advertimos que los mercados de carbono son una fachada para que los contaminadores sigan contaminando, acaparando tierras, bosques y agua de las comunidades vulnerables y violando los derechos de los pueblos. Los cambios meteorológicos inducidos por el cambio climático ya están azotando con fuerza muchas partes del mundo, y afectan principalmente a más de 3 mil millones de personas que viven en zonas sumamente vulnerables al clima, cuya mayoría se encuentra en el sur global, entre ellas Colombia.

Invitamos a las organizaciones sociales, comunitarias, indígenas, de mujeres, campesinas, afrodescendientes y ambientalistas a que luchemos por la justicia climática y continuemos en resistencia a los combustibles fósiles. Al gobierno nacional, por su parte, le hacemos un llamado a continuar el desescalamiento a la extracción petrolera a través de medidas como la prohibición del fracking, los YNC y la declaración de moratoria a nuevas exploraciones petroleras y carboníferas.
Finalmente, somos conscientes de que la COP27 se realizó en un contexto de represión estatal de las y los activistas y periodistas. Por ello, destacamos que no nos olvidamos de las personas privadas de la libertad, presas políticas que permanecen en Egipto. La sociedad civil seguirá presionando a nuestros gobiernos y seguirá solidarizándose, ya que no hay justicia climática sin derechos humanos.