Numerosas investigaciones, informes técnicos, documentales y denuncias públicas han demostrado la violación sistemática de los derechos humanos (DD. HH.) de los pueblos wayuu y las comunidades afrodescendientes en La Guajira, Colombia. Muchas de estas violaciones están vinculadas a la actividad minera de la empresa Carbones del Cerrejón Limited, de propiedad de Glencore. Carbones del Cerrejón opera la mina de carbón a cielo abierto más grande de
Latinoamérica y ha sido objeto de múltiples fallos judiciales por parte de distintas instancias, como las Altas Cortes de Colombia, y de pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), parlamentarios europeos y organismos internacionales.
El propósito de este informe es denunciar dicha violación continua de los DD. HH. ocasionada por la actividad extractiva de Glencore, empresa suiza que ha tenido un control creciente sobre El Cerrejón: desde 1995 fue dueña de la zona centro de la mina, desde el 2002 hasta el 2021 dueña de una tercera parte de la operación y, desde 2021, es dueña total de la mina,
con un accionar caracterizado por la injusticia socioambiental y la impunidad corporativa, que ha condenado a La Guajira al sacrificio. Igualmente, este informe advierte sobre el riesgo que implica una eventual salida de Glencore del mercado de carbón en Colombia, sin cumplir con sus obligaciones históricas con las comunidades y sin llevar a cabo una reparación integral,
como ya lo hizo en sus minas en el departamento del Cesar.
