Por primera vez en casi 50 años, las Naciones Unidas convocan una conferencia para analizar la situación mundial del agua. Del 22 al 24 de marzo de 2023, tendrá lugar la  Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua en Nueva York, un encuentro que ha sido calificado por múltiples expertos como “una oportunidad única en la vida para abordar las causas profundas de esta crisis que afecta actualmente a 2 000 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable y más de 4 000 millones sin saneamiento básico’’.

Y es que en sus más recientes informes, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo, ha señalado que existe una crisis mundial del agua sin precedentes. Uno de los tres factores que la han producido es el modelo de gestión del agua como mercancía, una de cuyas piezas fundamentales ha sido la apropiación privada, a la que recientemente se suma la especulación financiera (mercados de futuro de agua): ‘‘Ver y gestionar el agua como una mercancía o como un activo financiero pone en duda su consideración como bien público y favorece su progresiva privatización, va en contra de la lógica del interés público, margina la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos y pone en riesgo la vida, la dignidad y los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad y de pobreza’’¹.

Teniendo en cuenta las complejas realidades que obstaculizan el ejercicio del derecho a la defensa de las aguas en Colombia, ¿qué puntos cruciales deberían atenderse y gestionarse de forma urgente en este espacio internacional? A finales de 2022, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD) presentó el ‘‘Informe Nacional: Derecho al Agua en Colombia’’, un documento que explora los conflictos que se tejen alrededor del agua, el derecho humano al agua desde perspectivas distintas y el análisis de tres casos emblemáticos en el país. El informe evidencia que para mitigar y superar la crisis del agua, es indispensable retomar la visión de que ella es un bien común y público, como fundamento para adoptar modelos participativos y público-comunitarios del agua en sintonía con las realidades de los territorios. Sólo así la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2023 podría considerarse promisoria en relación con la crisis del agua.

En Colombia, la expansión de la agroindustria ha supuesto una gran inversión de agua. Según el último Estudio Nacional del Agua (2019), todas las actividades agrícolas usan el 43,07% de la demanda hídrica nacional. Los pastos de corte para ganadería, la palma de aceite y la caña de azúcar, emplean más de la tercera parte de los 16 067 millones de metros cúbicos de agua consumidos al año por el sector agrícola. La implementación a gran escala de los monocultivos agroindustriales en Colombia es un claro reflejo de injusticias hídricas, cuyos efectos concretos y desafortunados representan la vulneración del derecho al agua de millones de colombianos. Este asunto, aunado a los efectos ambientales que ocasionan las explotaciones agroindustriales, es examinado por Andrés Jiménez, Marcela Gómez y María Alejandra Villada, de Censat Agua Viva, en el primer artículo del informe, titulado ‘‘Agroextractivismo: afectaciones socioambientales y derecho al agua’’.

Diego Martínez, investigador en temas ambientales e integrante de la Asamblea General de Censat Agua Viva, es autor del artículo ‘‘Garantías y condiciones para la defensa del agua en Colombia’’ del informe, en donde comienza por examinar los obstáculos para la defensa del agua en el contexto colombiano, continúa con una presentación de aprendizajes del agua como causa e inspiración y finaliza exponiendo las condiciones de posibilidad para la defensa del agua en nuestro país. Respecto al último punto, Martínez resalta la necesidad de avanzar en una discusión abierta y democrática sobre el agua, en donde los argumentos y los derechos de los pueblos puedan primar sobre los intereses particulares. De esta manera, se propone un enfoque de la política pública desde el derecho fundamental del agua, el fortalecimiento de los mecanismos de participación vinculantes en torno a su gestión y control, el reconocimiento de gestiones históricas y comunitarias, y su importancia para la implementación en el acuerdo de paz en la búsqueda de la no repetición, son estructurales para construir un contexto favorable para las luchas de los pueblos en torno al líquido vital.

Desde Censat Agua Viva, enfatizamos en la centralidad de continuar fortaleciendo las articulaciones entre organizaciones sociales y comunidades en torno a la gestión, monitoreo, cuidado y ordenamiento territorial alrededor del agua, con el fin de avanzar frente a los retos público-comunitarios que implican los manejos y usos que se dan al líquido vital y a la defensa del agua -que es la misma defensa de la vida- hasta su última gota. 

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1. Naciones Unidas. (2021b). Riesgos e impactos de la mercantilización y financiarización del agua sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Sr. Pedro Arrojo Agudo. Asamblea General, 76º período de sesiones, doc. A/76/159, 16 de julio de 2021. https://digitallibrary.un.org/record/3936723