Por: Equipo de comunicaciones de Censat Agua Viva
Las propuestas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella exponen dos visiones encontradas sobre el país. Una de ellas sitúa en el centro el agua, los territorios y la justicia ambiental. La otra insiste en reducir la naturaleza a un mero recurso económico, a una renta extractiva y a una simple oportunidad de mercado.
El libreto es conocido. Primero llega la promesa del desarrollo. Luego aparecen los proyectos, las licencias rápidas, los contratos de concesión, las compensaciones de papel, los pilotos técnicos y las obras civiles. Al final, cuando el paisaje cambia y la fiebre del oro o del petróleo pasa, en las comunidades rurales e indígenas quedan las preguntas de siempre. ¿Quién decide realmente sobre el agua? ¿Quiénes capturan los beneficios económicos? ¿Quién asume la reparación de los daños ambientales? ¿Qué le queda a la región cuando la riqueza se va?
Estas dudas de fondo también se ponen en las urnas este 21 de junio. La campaña presidencial se ha concentrado en indicadores de economía, seguridad, empleo e inversión. Sin embargo, la agenda ecológica no es un anexo ni un capítulo decorativo. El debate se materializa en el agua que consumen las ciudades, en los alimentos que llegan a los hogares colombianos, en las selvas amazónicas que regulan el clima global y en las regiones fracturadas por la minería de gran escala, el fracking, las represas o los megaproyectos extractivos. Está presente en la resistencia de las comunidades que han custodiado los bienes comunes mucho antes de que la palabra sostenibilidad se transformara en una promesa electoral.
Desde Censat Agua Viva planteamos la necesidad de examinar esta contienda electoral a partir de una premisa fundamental. ¿La naturaleza será tratada como la condición indispensable para la vida o simplemente como un inventario de materias primas disponibles para el negocio?
No estamos ante una simple diferencia de matices programáticos. Se trata de una ruptura profunda en el modelo de país. Una postura reconoce el agua, la biodiversidad, el campesinado, la energía y la gestión comunitaria como los pilares de la democracia ambiental. La otra los clasifica como activos financieros, ventajas competitivas o plataformas de libre mercado.
El agua no es una variable económica más
La propuesta de Iván Cepeda plantea el agua como un derecho fundamental, un bien común y el eje definitivo para el ordenamiento territorial. Bajo esta perspectiva, el desafío institucional consiste en planificar el país y sus actividades productivas alrededor del cuidado de las cuencas hidrográficas, deteniendo la degradación de los ecosistemas esenciales.
El enfoque de Abelardo de la Espriella, por el contrario, ubica el recurso hídrico como un insumo estratégico para la producción industrial, la inversión privada y el crecimiento del Producto Interno Bruto. El discurso puede revestirse de tecnicismos e incluso sonar sensato para los inversionistas, pero encierra un peligro latente. Cuando el agua se subordina a la utilidad económica, su protección jurídica y ecológica cede ante las prioridades del mercado y la rentabilidad de las corporaciones. La verdadera discusión no radica en si el agua es útil para los procesos productivos, sino en si el Estado va a permitir que su valor social y ecológico dependa exclusivamente de los márgenes de ganancia que pueda generar.
El campo no puede pensarse sin tierra
Diseñar políticas de productividad rural omitiendo el problema del acceso a la tierra y la realidad del campesinado es una desconexión propia de la burocracia urbana. Colombia arrastra una deuda histórica marcada por el despojo violento, la extrema concentración de la propiedad rural y la persecución contra los liderazgos sociales. Cualquier programa agrario serio debe responder con claridad quién posee la tierra, quién controla los distritos de riego, cómo se producen los alimentos y qué reconocimiento político tiene el campesinado.
Cepeda plantea una reforma agraria integral, el impulso a la agroecología, la soberanía alimentaria y el estatus del campesino como sujeto de derechos. En su programa, el campo es territorio, soberanía alimentaria, cultura y tejido comunitario. De la Espriella prioriza la agroindustria, el fortalecimiento de las cadenas de valor, la seguridad jurídica para las grandes inversiones y la apertura de mercados internacionales, esquivando el debate estructural sobre el latifundio y la acumulación de tierras. Su modelo promete eficiencia técnica, pero deja flotando una pregunta incómoda. ¿Productividad para beneficio de quién?
La agroecología no es un adorno verde ni una moda de consumo. Es un modelo científico y cultural para producir alimentos protegiendo los suelos, las semillas nativas, la biodiversidad y la economía propia de las familias rurales. Lo que se define en las urnas es si el campo se organiza para alimentar a la población y sostener la vida, o si se entrega como una plataforma financiera más.
La minería también se mide por lo que deja
A decenas de provincias colombianas se les prometió la llegada del progreso a cambio de la explotación minera. Ofrecieron empleo local, regalías millonarias e infraestructura social. Décadas después, el panorama en esos territorios es crítico y la incertidumbre sigue intacta. ¿Qué pasa en las regiones cuando el mineral se agota y las empresas se retiran?
El saldo real suele ser desolador. Fuentes hídricas contaminadas o desaparecidas, afectaciones graves a la salud pública, economías locales desestructuradas, rupturas en el tejido social y pasivos ambientales colosales que el Estado termina asumiendo. Por esta razón, el debate energético y minero no puede limitarse a las metas de producción o al recaudo fiscal. Debe incorporar con carácter vinculante los planes de cierre minero, la reparación integral a las víctimas ambientales, la consulta popular y las alternativas económicas reales para la transición de las regiones.
Cepeda propone la prohibición del fracking, la protección estricta de las áreas de especial interés ecológico, el carácter vinculante de las consultas comunitarias y una ruta clara de reconversión laboral para los trabajadores del sector. Su propuesta introduce una pregunta urgente sobre el futuro económico de las regiones más allá de la dependencia extractivista.
De la Espriella defiende la ejecución de los proyectos piloto de fracking, la agilización de los trámites ambientales mediante el destrabe de licencias y el posicionamiento de los minerales estratégicos como la principal fuente de renta para el crecimiento macroeconómico. Es la conocida receta de acelerar la extracción para financiar el presupuesto nacional, una fórmula que históricamente no responde quién repara los ecosistemas dañados ni qué ocurre cuando la riqueza se exporta y los pasivos ambientales se quedan en el territorio. Un país no puede sostener un debate serio sobre minería si ignora los planes de cierre, ni puede hablar de transición energética si se limita a sustituir un extractivismo por otro.
La transición energética no es cambiar de etiqueta
La necesidad global de abandonar los combustibles fósiles para frenar el colapso climático ya no está en discusión. La verdadera disputa política radica en el cómo se implementará ese proceso. Colombia requiere matriz energética, pero no a cualquier costo ni bajo esquemas de despojo. Una transición justa debe democratizar las decisiones sobre qué energía se produce, quiénes la consumen, quiénes asumen los impactos ambientales y cómo se distribuyen los beneficios económicos. Debe ser un proceso con gobernanza comunitaria, perspectiva de género y arraigo territorial.
El programa de Cepeda apunta a reducir paulatinamente la dependencia del petróleo, el gas y el carbón, impulsando la creación de comunidades energéticas y diseñando planes de justicia laboral para las regiones mineras. De la Espriella propone prolongar la frontera extractiva mediante la exploración de hidrocarburos, validar el fracking y diversificar la matriz de generación eléctrica sin alterar la centralidad del modelo fósil ni las lógicas de acumulación corporativa.
El fracking no es una simple alternativa técnica o de ingeniería susceptible de ser regulada. Implica amenazas severas e irreversibles sobre los acuíferos subterráneos, la estabilidad sísmica, la salud de las poblaciones y las vocaciones productivas locales. Presentarlo como una opción viable bajo controles estatales solo aplaza la planeación de una salida ordenada de la economía petrolera, dejando desprotegidos a los trabajadores y a las comunidades frente a la crisis climática y económica. La transición energética no puede transformarse en una frase retórica utilizada para maquillar la continuidad del carbón y el petróleo.
La selva no es una cuenta bancaria
La disputa por el modelo de conservación de la Amazonía y los bosques tropicales introduce mecanismos financieros complejos como los bonos de carbono, los mercados verdes y los esquemas de compensación ambiental. Aunque estas herramientas se presenten bajo una narrativa moderna y eficiente, con frecuencia evaden las causas estructurales de la crisis ecológica.
La premisa comercial es simple. Una corporación mantiene sus niveles de emisión de gases de efecto invernadero en el norte global y compensa ese impacto financiero financiando la conservación de un bosque en el sur global. Sin embargo, la dinámica climática de la Tierra no opera como un balance contable. Las compensaciones financieras no equivalen a una reducción real de emisiones en la atmósfera, ni los bonos garantizan detener la deforestación legal o ilegal. En muchos casos, estos proyectos de conservación privada imponen severas restricciones territoriales que vulneran la autonomía de las comunidades tradicionales.
Cepeda plantea el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes como las autoridades ambientales legítimas de sus territorios, respaldando el gobierno propio, la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado.
De la Espriella promueve la expansión de los mercados de carbono, la titularización del capital natural, la flexibilización de los tributos verdes y lo que denomina el destrabe ambiental para facilitar las inversiones en infraestructura. Este enfoque corporativo permite que los grandes emisores eludan su responsabilidad de reducción real en la fuente, disminuye el recaudo fiscal del Estado destinado a la adaptación climática y ata a las comunidades locales a contratos privados de largo plazo que limitan sus prácticas tradicionales de soberanía alimentaria y uso del bosque. La Amazonía y las selvas colombianas no necesitan convertirse en activos financieros para asegurar su preservación. Lo que requieren con urgencia es la titulación de derechos territoriales, el fortalecimiento de la justicia propia, presupuestos públicos para la conservación comunitaria y la detención de las economías criminales y legales que destruyen los ecosistemas.
Lo que se vota
Esta elección presidencial define la política ambiental y el modelo económico que regirá a Colombia durante las próximas décadas. El dilema de fondo no es si el país requiere energía, alimentos o minerales. El debate real radica en bajo qué condiciones sociales, con qué límites ecológicos infranqueables, bajo qué mecanismos de participación ciudadana y a costa de qué territorios se obtendrán esos recursos.
Un modelo que acelera la entrega de licencias ambientales, introduce el fracking en las cuencas hídricas, privatiza la biodiversidad a través de los mercados verdes, prolonga la dependencia macroeconómica de los combustibles fósiles y trata la consulta previa como un obstáculo para la inversión privada no ofrece una alternativa real frente a la crisis climática. Simplemente administra el deterioro ecológico para que continúe siendo rentable para unos pocos.
Defender otra posibilidad implica concebir un país que gestione el agua como un bien común inalienable, que devuelva la dignidad política y económica al campesinado, que obligue a la reparación de los pasivos ambientales, que planifique el fin de la era del carbón y el petróleo con justicia social y que proteja las selvas respetando la autonomía de sus pobladores históricos, sin transformar la naturaleza en un permiso corporativo para seguir contaminando.