La compra o venta de bonos de carbono se ofrece a comunidades, pueblos indígenas, afrodescendientes o campesinado en Colombia, como una compensación por cuidar el territorio, pero muchas veces resulta ser a cambio de permitir la extracción de combustibles fósiles, petróleo o carbón. Como consecuencia, si bien las comunidades reciben un pago, terminan, en ocasiones, siendo instrumentalizadas para permitir el lavado verde con el cual las empresas extractivas amplían sus fronteras, desplazando comunidades y alterando sus modos de vida.
Es importante tener presente que, cuando de bonos de carbono se trata, existen dos mercados, el regulado y el voluntario, también llamado no regulado. Este último permite que se ofrezcan contratos y proyectos a las poblaciones locales, sin que exista ningún tipo de control en el país, o incluso a nivel global, pues tampoco ha sido creada una regulación vinculante para el artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono, como se pretendía lograr en la COP 26 de Glasgow.
Estos mercados de carbono son presentados bajo muchos nombres, algunos de ellos con mayor trayectoria, como los Pagos por Servicios Ambientales (PSA), los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) o los proyectos de Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación (Redd), frente a los cuales, incluso la ONU en su documento marco al respecto, ha indicado que podría “privar a las comunidades de sus legítimas aspiraciones de desarrollar sus tierras” y “causar la clausura de los bosques al desvincular la conservación del desarrollo de prácticas de conservación sin fines de lucro, basadas en valores culturales”. Distintas organizaciones han planteado que es por el desprestigio de este último instrumento que se han venido promoviendo las Soluciones Basadas en la Naturaleza, que se amparan en las mismas premisas de compensación de daños ambientales, y no en una disminución real de los mismos.
Así mismo, entre los riesgos de los proyectos en el mercado regulado, organizaciones sociales, comunidades, ambientalistas e indígenas han denunciado prohibiciones para hacer agricultura, cacería, pesca o incluso solo para desplazarse libremente, puesto que se considera que esas actividades generan degradación de los territorios, de manera que las comunidades no pueden continuar habitándolos con sus medios y modos de vida tradicionales. Aceptar estos proyectos termina por hacerles renunciar a sus formas de vida y se convierten en un modo de legalizar el desplazamiento al que la gente podría verse forzada al cabo de un tiempo.
En el mercado no regulado, existen aún mayores riesgos, pues al tratarse de negocios, los componentes ecológico y social pasan a un segundo plano, sin ninguna entidad gubernamental que les haga seguimiento a los proyectos. Evidencias al respecto pueden encontrarse en la solicitud de información que la Contraloría General de la República reseña haber hecho al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, sobre las reducciones de emisiones de un proyecto Redd en la Selva de Matavén, a favor de una empresa privada que tiene potestad sobre más de 1.6 millones de hectáreas, como fue consignado en su Informe de la Auditoría de Cumplimiento de Control a la Deforestación en la Amazonía Colombiana 2017-2019, publicado a inicios de 2020. En su respuesta a la Contraloría, el Ministerio de Ambiente indica que “no tiene porqué (sic) registrar información adicional de este tipo de proyectos en atención a que el territorio es propiedad del Estado”, especificando que, en este caso, “no tiene reglas de funcionamiento establecidas en instrumentos normativos u otros de carácter vinculante proferidos por los gobiernos nacionales”.
Quizás por esta razón, autoridades ambientales como Corpoamazonía han advertido a las comunidades sobre el riesgo de estafa o engaño del cual puede ser objeto la gente al entregar documentos y suscribir este tipo de proyectos o contratos: los mercados de carbono, ya de por sí especulativos, se convierten en un escenario ideal para las estafas de personas inescrupulosas que, literalmente, sacan plata del aire, creando bonos falsos o incurriendo en una doble o triple contabilidad de los mismos. Además, estas personas y empresas (a menudo de papel) suelen ser muy poco claras con las comunidades y a exigirles grandes contraprestaciones a cambio de proyectos sobre los cuales no siempre presentan algún tipo de soporte, lo que se convierte en una puerta adicional para el robo a la población local.
Por eso, hoy volvemos a difundir un comunicado al respecto, elaborado por Corpoamazonía en 2019, cuya vigencia se mantiene debido al incremento de este tipo de proyectos en diferentes territorios del país, sobre los cuales existen numerosas dudas e inquietudes por parte de pueblos étnicos y comunidades locales, quienes a veces ni siquiera comprenden qué es el dióxido de carbono y cómo se comercializa, cómo se distribuyen los beneficios de los proyectos, cuáles son los plazos de los contratos o sus requerimientos, que incluso han terminado por solicitar a las comunidades información que se califica como “antiterrorista”.
Descargue el archivo.
Tipo: pdf. Tamaño: 237.2 kB
