Desde la Cumbre de los Pueblos por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles, realizada el 26 de abril en Santa Marta, comunidades, organizaciones y movimientos sociales entregaron una declaratoria contundente: la salida del petróleo, el gas y el carbón debe ser rápida, justa, vinculante y construida desde los pueblos. Censat Agua Viva acompañó este proceso como parte del Consejo Permanente para la Transición Energética Justa, articulación que impulsa propuestas territoriales para una transición con justicia ambiental, autonomía y vida digna.
Santa Marta fue escenario de un momento político clave para la justicia climática. Del 24 al 29 de abril de 2026, Colombia y Países Bajos convocaron la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, un espacio que abrió una discusión global sobre cómo abandonar el petróleo, el gas y el carbón de manera justa, ordenada y equitativa.
Pero la conversación no ocurrió únicamente en los espacios oficiales. En paralelo, comunidades, organizaciones y movimientos sociales se reunieron en la Cumbre de los Pueblos por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles, precedida por precumbres, diálogos sectoriales y encuentros territoriales en los que mujeres, diversidades, juventudes, comunidades campesinas, pescadoras, pueblos indígenas, afrodescendientes, organizaciones sociales y movimientos populares compartieron diagnósticos, experiencias y propuestas.
Desde Censat Agua Viva, como parte del Consejo Permanente para la Transición Energética Justa, acompañamos este proceso convencidas de que la salida de los combustibles fósiles no puede decidirse de espaldas a los territorios. La declaratoria que surgió de la Cumbre de los Pueblos recoge una idea central que compartimos y defendemos: la transición no puede reducirse a un cambio de fuentes energéticas, ni puede convertirse en una nueva oportunidad de negocio para las mismas estructuras que han sostenido el extractivismo.
La declaratoria plantea una lectura contundente: la dependencia fósil no es únicamente un problema energético. Es una estructura económica, política y geopolítica que alimenta guerras, encarece la vida y profundiza desigualdades. La narrativa política construida hacia Santa Marta advierte que los conflictos en Medio Oriente han tenido efectos inmediatos sobre los precios de la energía, los fertilizantes, los alimentos, el transporte y los servicios esenciales, impactos que recaen con más fuerza sobre trabajadoras, campesinado, comunidades empobrecidas y mujeres.
Desde esa lectura, los pueblos reunidos en Santa Marta exigieron que la salida de los combustibles fósiles enfrente las raíces del modelo extractivo, colonial, racista, patriarcal y militarizado que ha sostenido la acumulación de unos pocos a costa del despojo de muchos territorios. La crisis climática es también una crisis de poder: quién decide sobre la energía, para qué se usa, quién paga sus costos y quién se beneficia de sus ganancias.
Detener la expansión fósil
Uno de los llamados centrales de la declaratoria es detener de inmediato la expansión fósil. Esto implica frenar nuevos proyectos de exploración, licenciamiento e infraestructura de petróleo, gas y carbón, así como redirigir los flujos financieros hacia sistemas energéticos renovables, descentralizados, comunitarios y públicos. Esta exigencia coincide con el pronunciamiento de Oilwatch Latinoamérica, que ha reivindicado durante décadas mantener los combustibles fósiles bajo tierra y establecer una moratoria inmediata a nuevas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
Cancelar deudas injustas para financiar la transición
La Cumbre de los Pueblos también ubicó la deuda externa como una barrera estructural para la transición. Los países del Sur Global siguen atrapados en una economía fósil reforzada por deudas injustas, intereses altos y presiones para sostener la extracción de bienes comunes. Por eso, la declaratoria exige cancelar las deudas insostenibles e ilegítimas, empezando por aquellas asociadas al desarrollo fósil, y liberar recursos públicos para la adaptación climática, la restauración de ecosistemas, la diversificación económica, el trabajo digno y las alternativas comunitarias.
Esta demanda se inscribe en una apuesta más amplia por la justicia reparativa. La transición no puede seguir financiándose con más endeudamiento ni con nuevas formas de subordinación para los pueblos del Sur Global. La deuda histórica, ecológica y climática del Norte Global debe traducirse en financiamiento público, suficiente, directo, no condicionado y no generador de deuda.
Desmontar los privilegios corporativos
Otra demanda clave es desmontar los tratados y mecanismos de inversión que protegen a las corporaciones por encima de los pueblos. La declaratoria llama a cancelar los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado, conocidos como ISDS, excluirlos de futuros acuerdos y evitar que las empresas puedan demandar a los Estados por adoptar medidas climáticas, ambientales o de protección territorial. Ningún acuerdo comercial puede estar por encima de los derechos humanos, la autonomía territorial y la necesidad urgente de dejar los fósiles en el subsuelo.
Desfosilizar las economías: un imperativo de derechos humanos
Esta posición dialoga con el llamado de Elisa Morgera, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y cambio climático, quien calificó la Conferencia de Santa Marta como una oportunidad histórica para ensayar un multilateralismo más inclusivo y una acción climática más eficaz basada en derechos humanos. Morgera insistió en que la discusión debe centrarse en la desfosilización de las economías, no únicamente en la descarbonización del sector energético. También recordó que, según la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre obligaciones climáticas de los Estados, la expansión, producción, consumo y subsidios a los combustibles fósiles pueden constituir hechos internacionalmente ilícitos.
La Relatora también alertó sobre los riesgos de soluciones tecnológicas que retrasan la salida real de los fósiles, como la captura y almacenamiento de carbono o la remoción de dióxido de carbono, por sus impactos sobre biodiversidad, agua, alimentación y salud. Esta advertencia coincide con la declaratoria de los pueblos, que rechaza las falsas soluciones, los mercados de carbono, el gas como combustible de transición y los modelos energéticos que reproducen el despojo bajo un lenguaje verde.
Soberanía energética y autonomía territorial
Frente a ello, la Cumbre de los Pueblos puso en el centro la soberanía energética, la autonomía territorial y la participación efectiva de quienes han sostenido la vida en medio de la crisis. Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinas y pescadoras, mujeres, juventudes, trabajadores y comunidades de primera línea no pueden ser invitadas al margen de las decisiones. Deben tener un lugar real en la planeación e implementación de la salida de los fósiles.
La declaratoria también cuestiona el crecimiento energético desmedido de élites, corporaciones, gobiernos y sectores como los centros de datos y la inteligencia artificial. Una transición justa no puede reemplazar un modelo fósil por otro modelo extractivista destinado a sostener el sobreconsumo. La energía debe orientarse a garantizar derechos, bienestar colectivo y vida digna, no a ampliar las demandas de industrias que profundizan desigualdades y presiones sobre los territorios.
La transición ya está ocurriendo en los territorios
Para Censat Agua Viva, esta declaratoria recoge muchas de las apuestas que venimos caminando junto a comunidades, organizaciones y redes: la defensa del agua y los territorios, la transición energética justa, las energías comunitarias, la reparación integral, la democracia ambiental y la construcción de alternativas al desarrollo. Como parte del Consejo Permanente para la Transición Energética Justa, reafirmamos que la transición ya está ocurriendo en los territorios y que las propuestas comunitarias deben pasar al centro de las decisiones públicas.
La Cumbre de los Pueblos dejó un mensaje claro para los gobiernos que participan en la Conferencia oficial: Santa Marta no puede quedarse en discursos ni declaraciones de intención. Debe traducirse en compromisos vinculantes, con plazos definidos, financiamiento justo, mecanismos de rendición de cuentas y respeto pleno por los derechos humanos, la autonomía territorial y la justicia ambiental.
La salida de los fósiles ya no puede esperar. Los pueblos ya trazaron el camino: dejar el petróleo, el gas y el carbón en el pasado para abrir un futuro donde la vida, y no el lucro, esté en el centro.
Sobre Censat Agua Viva
Censat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, es una organización ambientalista que trabaja junto a comunidades, procesos y articulaciones en defensa de los territorios, el agua, las selvas y la vida. Su apuesta política se orienta hacia la construcción de justicia ambiental, autonomías territoriales, transiciones justas y alternativas al desarrollo. Hace parte de redes y plataformas nacionales e internacionales que impulsan la defensa de los bienes comunes, la acción climática desde los pueblos y la salida justa de los combustibles fósiles.