Por: Área de Conflictos Mineros – Censat Agua Viva

Desde Censat Agua Viva hacemos el llamado a la sociedad civil a sumarse a la iniciativa para hacer tangible lo manifestado en el discurso gubernamental del ‘poder para la gente’, claramente representado en el proyecto de ley ‘Democracia Ambiental’.

En conmemoración de los 10 años de la primera consulta popular sobre temas extractivos realizada en Colombia, se llevó a cabo el pasado 28 de julio, el foro denominado ´Por una participación que cuente’, organizado por el Movimiento Nacional Ambiental, Censat Agua Viva y Siembra, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll. Al evento asistieron representantes de organizaciones promotoras de diversas consultas populares que fueron votadas y reconocidas por distintos entes del Estado colombiano en zonas como Piedras y Cajamarca (Tolima), Arbeláez, Cabrera y Fusagasugá (Cundinamarca), Pijao (Quindío), Cumaral (Meta), Tauramena (Casanare), Jesús María y Sucre (Santander); así como de consultas autónomas y legítimas que, por medio de ejercicios de democracia directa, manifestaron su sentir sobre los proyectos extractivos .Algunas de estas fueron realizadas en San Lorenzo (Nariño), Mercaderes (Cauca), el resguardo indígena wayúu de Provincial en La Guajira, entre otras zonas.

La consulta popular que se conmemoró fue la realizada el 28 de julio de 2013, en Piedras, Tolima, y con la cual se logró frenar las pretensiones de la transnacional AngloGold Ashanti (AGA) de instaurar en ese municipio la piscinas de lixiviación de oro con cianuro para el proyecto de minería a cielo abierto conocido como La Colosa. La importancia de su conmemoración radica en que dicho ejercicio dio paso a otras apuestas similares que comenzaron a usar ese mecanismo de participación ciudadana, exigiendo la democratización de las decisiones sobre el modelo de desarrollo en Colombia, convirtiéndose en un hito para la toma de decisiones sobre el método extractivista.

Entre los aportes y repercusiones políticas que han tenido las consultas populares sobre el extractivismo en Colombia, según Viviana Tacha, directora de Siembra y panelista en el foro, tenemos que las consultas populares “cuestionaron la distribución del poder político y la toma de decisiones sobre el modelo de desarrollo al poner sobre la mesa discusiones sobre quién y desde qué ámbito se debe tomar las decisiones de fondo sobre el ordenamiento territorial, impulsando el debate sobre la vinculatoriedad del derecho a la participación. Asimismo, aportaron en la politización de los debates sobre el extractivismo, promovieron debates jurídicos que enriquecieron el contenido de derechos fundamentales y ampliaron la comprensión de conceptos legales, y profundizaron discusiones sobre el futuro y la vocación del país más allá del extractivismo”(…)

Frente a este último punto, expresiones como las de Camilo Delgado, representante del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo (TCAM) y de la consulta autónoma y legítima de San Lorenzo, Nariño, quien mencionó “no sólo es decir no, es cuidar y proteger la vida” es muestra de cómo los reclamos por la profundización de la democracia en temas ambientales frente a proyectos extractivos en el país, son un mecanismo para continuar en la construcción de autonomías territoriales alrededor de la protección de la vida en sus múltiples expresiones. 

De ahí que, como una de las propuestas que han seguido abanderando desde su territorio después de los procesos consultivos, como respuesta a la imposición de los proyectos mineros, sea la organización de una red de acueductos comunitarios y, más recientemente, una política pública del agua para que se prioricen los ordenamientos propios alrededor de este bien común, por encima del modelo extractivista. 

La pretensión de las consultas populares ante la aceleración de las concesiones mineras en los territorios, fue constituirse en mecanismos de ejercicio democrático con efecto vinculante, que obligara a que las decisiones tomadas por las comunidades de aceptar o no los proyectos extractivos en sus territorios fuesen cumplidas, sin embargo estos mecanismos fueron frenados, precisamente al no aceptar su vinculatoriedad, de ahí que las comunidades y organizaciones sociales continúen en la búsqueda de mecanismo no solamente jurídicos, para frenar los proyectos extractivos en los territorios.

Panorama de consultas populares en Colombia

Se han realizado 21 consultas populares sobre proyectos extractivos en Colombia, 10 de ellas avaladas por entes como la Registraduría, la Contraloría y los Tribunales Administrativos, que tuvieron lugar en los municipios de Piedras y Cajamarca (Tolima); Arbeláez, Cabrera y Fusagasugá (Cundinamarca); Pijao (Quindío); Cumaral (Meta); Tauramena (Casanare); Jesús María y Sucre (Santander). Todas ellas no solo superaron el umbral de votación, sino que además ganó el No con mayorías que superaron siempre el 90%, lo que demostró el abrumador rechazo a la implantación de proyectos extractivos mineros y de petróleos en esos territorios.

De otro lado, se han realizado 11 consultas populares autónomas y legítimas en los municipios La Cruz, Belén, San Lorenzo, San Pedro de Cartago, San José de Albán, Colón Génova y San Pablo (Nariño); en el Resguardo Indígena Provincial (La Guajira); El Peñón (Santander), Florencia, Mercaderes y en el corregimiento Arboleda (Cauca). En estos casos, ante el cierre de la institucionalidad para garantizar el derecho a la participación, avanzaron en procesos de democracia directa y popular en sus comunidades, sin ningún apoyo institucional.

Proyecto de ley de democracia ambiental: un complemento necesario a las consultas populares

El jaque en que se puso al Estado con el boom de consultas populares en el país, generó que en el año 2018 la Corte Constitucional frenara este mecanismo, mediante una decisión regresiva en temas de participación, expresada en la Sentencia SU-095 de 2018 donde desafortunadamente se le dio un giro a los avances, al establecer que estas no eran el medio idóneo para tomar decisiones sobre la llegada de proyectos mineroenergéticos, bajo el argumento de que los municipios no tienen la autonomía de prohibir la actividad minera en sus jurisdicciones (concepto que se ha mantenido en disputa en sentencias del Consejo de Estado); por el contrario, estableció y exhortó al congreso a reglamentar, mediante ley orgánica, mecanismos de participación amplios y efectivos, basados en principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. 

Pese a lo anterior, la propia Corte Constitucional reconoció que es fundamental suplir el déficit de protección a la participación frente a proyectos extractivos, como respuesta a la carencia de mecanismos vinculantes. Es por eso que organizaciones y procesos sociales se pensaron una propuesta que tuviera como eje las necesidades de acceso a la información, deliberación y decisión desde los territorios, que fue recogida en el proyecto de ley de democracia ambiental, presentado ya antes en julio de 2021 y septiembre de 2022, y radicado nuevamente el pasado 27 de julio de 2023 en el Congreso de la República, abanderado por el Movimiento Nacional Ambiental, Censat Agua Viva y el Centro Sociojuridico para la Defensa Territorial (Siembra).

Radicación del proyecto de Ley “Democracia Ambiental”, el 27 de julio de 2023 en el Congreso de la República. Fuente: Censat Agua Viva.

Este proyecto de ley es una muestra de que la decisión de la Corte Constitucional en el año 2018 no sólo no frenó la exigencia de una participación activa, eficaz y vinculante en Colombia, sino que también, las organizaciones sociales y la sociedad civil que promovieron las consultas, hemos continuado pensando estrategias para profundizar y que se garantice la participación vinculante, de modo que el derecho de las comunidades a establecer sus planes de vida, a pensar y a decidir sobre sus territorios, sea respetado.

Desde Censat Agua Viva hacemos el llamado a la sociedad civil a sumarse a la iniciativa para hacer tangible lo manifestado en el discurso gubernamental del ‘poder para la gente’, claramente representado en este proyecto de ley por una democracia ambiental ya.