El pasado 20 de marzo se realizó en el Capitolio Nacional la primera audiencia pública sobre los mercados de carbono en Colombia. En este espacio, comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de regiones como Tolima, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca, Cauca, Santander, Guainía, Vichada y Caquetá visibilizaron los conflictos generados por estos mecanismos en sus territorios. Las denuncias se centraron especialmente en los proyectos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+) que, bajo el discurso de la conservación ambiental, han derivado en vulneraciones de derechos fundamentales y colectivos, tensiones sociales y formas de despojo, evidenciando la necesidad urgente de revisar y regular su implementación.
Estos mercados surgieron tras el Protocolo de Kioto en 1997 como una herramienta para enfrentar el cambio climático mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), a través de mecanismos principalmente dirigidos a los países industrializados. Desde entonces, se han desarrollado dos tipos de mercados: los de cumplimiento, regulados por los Estados para cumplir metas obligatorias de reducción, y los voluntarios, en los que actores privados compran créditos de carbono de forma opcional. Con el Acuerdo de París en 2015, estos mercados cobraron mayor relevancia al establecer que todos los países, no solo los industrializados, asumieran compromisos de mitigación, y se abrió la puerta a una mayor participación de los mercados al permitir que las reducciones de emisiones pudieran transferirse entre países como unidades contables—toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq)— que se comercializan a través de créditos de carbono bajo el artículo 6. Esta lógica ha incentivado el desarrollo de proyectos que prometen compensar emisiones mediante la compra de créditos de carbono, aunque su impacto real, como se evidenció en la audiencia, está siendo cada vez más cuestionado por las comunidades afectadas.
Para profundizar en esta materia, se sugiere consultar la publicación: Detrás del humo verde de los mercados de carbono en Colombia.
Este espacio surge como resultado de acciones de articulación en el marco de la tercera edición del curso sobre economía verde y financiarización de la naturaleza realizado por Censat Agua Viva en conjunto con el Colectivo Ambiental de Cumbal, en el municipio de Cumbal (Nariño), en el cual, las comunidades plantearon la necesidad de denunciar la problemática ante instancias nacionales; y, fue posible gracias a la articulación de esfuerzos de los representantes a la Cámara Martha Alfonso Jurado, Andrés Cancimance López, Leyla Rincón Trujillo, el senador Robert Daza Guevara, la Red de vigías y defensores del Bosque de Galilea, el semillero CISC Infocrear, el Departamento Ciencia de la Información – PUJ y Censat Agua Viva, quienes respaldaron la convocatoria y garantizaron su realización.
Ante la falta de respuestas claras por parte de la institucionalidad frente a los crecientes y evidentes conflictos socioambientales derivados de estos proyectos REDD+, la audiencia pública se convirtió en un espacio clave para cuestionar no solo la efectividad de los proyectos REDD+ en la lucha contra la crisis climática, sino también para visibilizar las nuevas formas de despojo y vulneración de derechos que están generando en los territorios.
Durante la audiencia, las comunidades denunciaron las prácticas sistemáticas de imposición y ejecución de proyectos sin la realización de la respectiva consulta previa y sin que existiera el debido consentimiento previo, libre e informado para la suscripción de los contratos de mandato , lo que vulnera los derechos fundamentales y colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; este es el caso del Resguardo Indígena del Gran Cumbal, el Resguardo Indígena Inga de San Andrés, la Asociación de Cabildos Indígenas Inga del municipio de Villagarzón Putumayo (Acimvip), el Consejo Comunitario de la Cuenca del río Mayorquín, el Consejo Comunitario del río Raposo y el Resguardo Cuenca Alta y Media del Río Inírida. En este sentido, mediante las denuncias hechas por estas comunidades, ha sido posible identificar patrones reiterados en las formas de implementación de los proyectos, pues parten del desconocimiento de los derechos fundamentales y colectivos, ya que lo común es que los proyectos se implementen de manera silenciosa, a espaldas de las comunidades, socavando sus formas tradicionales de autogobierno y toma de decisiones.
Sobre las denuncias, la Dirección de Autoridad Nacional y Consulta Previa del Ministerio del Interior intervino afirmado que, frente a las consultas previas, se destaca que el Ministerio actúa cuando alguno de los implicados hace una solicitud y, por lo mismo, se señala que el Ministerio está tomando atenta nota de las intervenciones de las comunidades étnicas. Aunque la consulta previa es un derecho fundamental colectivo reconocido para las comunidades étnicas, no siempre es suficiente en la práctica, ya que no siempre es vinculante y por ende, no siempre exige que haya un consentimiento de parte de los pueblos; pero aún así, es un mecanismo de participación que no debe limitarse a un simple proceso formal, sino que debe involucrar una verdadera deliberación de la comunidad en su conjunto, asegurando que todos los miembros, sin excepción, puedan participar activamente en la toma de decisiones sobre la gestión del territorio que habitan, y no una mera formalidad administrativa que pase por alto sus verdaderos intereses y el respeto a sus formas tradicionales de autogobierno.
Otro patrón que se ha identificado es el acaparamiento de tierras por parte de las empresas; un ejemplo claro de ello es el caso de los Consejos Comunitarios del río Mayorquín y Raposo, donde la empresa Tángara Forest ha reclamado ser propietaria de 14.000 hectáreas dentro de los límites del consejo comunitario; de manera que este alegato de propiedad fue la base para el inicio del “Proyecto de Conservación Tángara REDD+”, que, lejos de beneficiar a la comunidad, ha generado conflictos y desconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos. De manera similar, el “Proyecto de compensación de emisiones Conservación del bosque Galilea-Amé” ha impactado negativamente al campesinado del oriente del Tolima, específicamente en los municipios de Villarrica, Cunday, Dolores, Purificación y Prado, pues, se “ha ignorado sistemáticamente la territorialidad de la comunidad campesina que habita en la región de Galilea”, afectando su acceso y control sobre la tierra que históricamente han habitado.
Otro patrón de implementación está relacionado con la falta de transparencia por parte de las empresas promotoras de los proyectos REDD+, el cual no se limita únicamente a la ausencia de acceso a la información, sino que también involucra la falta de garantías para que las comunidades puedan comprender plenamente los impactos y detalles de los proyectos que afectan sus territorios. En este sentido, la transparencia, no sólo se entiende como la disponibilidad de datos asociados con los proyectos del mercado de carbono voluntario, sino como un proceso dinámico de adaptación de la información, de manera que sea comprensible, accesible y útil para todas y todos los involucrados en la gestión de los bienes comunes. Pese a lo anterior, en la práctica, la información sobre estos proyectos rara vez se presenta de forma clara y entendible, y los esfuerzos para traducirla en formatos accesibles para las comunidades son mínimos, perpetuando la desigualdad en los procesos de toma de decisiones.
Puede ampliar la información de los proyectos REDD+ en Colombia en: https://geo-grafiarmc.com/mapa-de-mercados-de-carbono/
Los puntos comunes que emergen de las denuncias presentadas por líderes y lideresas de los diferentes territorios sugieren que las problemáticas no son meramente errores aislados de implementación, sino que parecen ser parte de un patrón más amplio y deliberado en la manera en que se llevan a cabo estos proyectos, pues podría implicar una estrategia consciente de despojo, desinformación y deslegitimación de las estructuras de gobierno propio, en la que las comunidades son sistemáticamente excluidas de los procesos de toma de decisiones que afectan sus territorios.
Entre las conclusiones presentadas por el senador Robert Daza, se destacó que los mercados de carbono, y en particular los proyectos REDD+, están operando sin garantizar el derecho a la consulta previa, lo cual ha derivado en conflictos que vulneran la autonomía y el tejido social de comunidades étnicas y campesinas. Señaló, además, que el Estado ha incumplido con su deber de proteger a los ciudadanos y a los territorios, delegando la responsabilidad del manejo de estos mercados al ámbito privado, sin vigilancia ni control efectivo. Frente a ello, enfatizó en la necesidad urgente de reglamentar el negocio de los mercados de carbono, incorporando en ese proceso la participación activa de las comunidades y pueblos afectados, como lo han exigido reiteradamente en distintos escenarios.
De acuerdo con lo anterior, es importante poner en cuestión la efectividad de la regulación de los proyectos REDD+, especialmente a la luz de las denuncias que presentaron las comunidades, puesto que, estas denuncias evidencian que las prácticas que violan los derechos colectivos y fundamentales no son incidentes aislados, sino patrones repetidos bajo un modelo de desarrollo que no toma en cuenta las realidades y necesidades locales. Ante esto surge una pregunta clave: ¿cómo puede la regulación de un mecanismo financiero como REDD+ cambiar este escenario? La respuesta a esta cuestión radica en entender la naturaleza misma de los proyectos REDD+, diseñados bajo la lógica de la compensación ambiental más que en la reducción directa de las emisiones en la fuente. Por ende, los proyectos REDD+ no buscan cambiar las prácticas que generan las emisiones, sino compensarlas. Esta lógica permite que las emisiones continúen, siempre y cuando sean compensadas por acciones como la supuesta conservación de bosques, pero sin tocar las causas estructurales de la contaminación. Es entonces claro, que por más que se regule la implementación de estos proyectos, la lógica subyacente de compensación no aborda el problema principal, la reducción de las emisiones en su origen.
La audiencia pública permitió visibilizar las múltiples afectaciones que los mercados de carbono, y en particular los proyectos REDD+, han generado en diversos territorios del país, además de ser un espacio de escucha y denuncia, permitió la articulación entre comunidades, organizaciones sociales y parlamentarios comprometidos con la defensa de los derechos colectivos, fundamentales y ambientales.
Como resultado de la audiencia pública, se lograron compromisos importantes por parte de las y los parlamentarios, orientados a atender las preocupaciones expresadas por las comunidades y organizaciones presentes. Entre los compromisos asumidos se encuentran:
- La reforma de la Ley 2169 de 2021 de Acción Climática, con el objetivo de fortalecer los criterios de verificación de salvaguardas sociales y ambientales, evitando la validación de proyectos REDD+ que afectan los derechos territoriales y ambientales, y promoviendo acciones de mitigación que beneficien realmente a las comunidades locales y a los ecosistemas.
- Convocar una mesa técnica con el Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Personerías) y organizaciones sociales, para establecer una ruta sancionatoria ante el incumplimiento de la Sentencia T-248 de 2024.
- Realizar un debate de control político en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes sobre el mercado de carbono en Colombia, con participación de las entidades involucradas.
- Conformación de un grupo jurídico que brinde acompañamiento a las comunidades afectadas, y que pueda escalar las denuncias a nivel internacional cuando no se les dé respuesta dentro del país.
A manera de cierre, se comparte el mensaje de preocupación expresado por una lideresa indígena de Putumayo, “traemos a este espacio la reflexión del sentir, del pensar y del hacer de las mujeres indígenas como gestoras y dadoras de vida, queremos expresar con preocupación que los proyectos REDD+ que están llegando a nuestros territorios, son un gran problema de preocupación para los pueblos indígenas, porque son un mecanismo de debilitamiento de la autonomía y soberanía a los indígenas en los territorios.”, quien además, se cuestiona sobre el rol del Estado en la permisividad que tienen las empresas para llegar a implementar proyectos en los territorios; así mismo, destacó el papel de “los pueblos indígenas, especialmente las mujeres indígenas, que son nuestras maestras, con quienes recorremos, caminamos el territorio para hacer el reconocimiento del territorio y de nuestras plantas sagradas, para garantizar autonomía, soberanía desde la espiritualidad, nosotros defendemos lo visible e invisible, que es la protección del cuidado de nuestra madre tierra”.
En este sentido, se cuestiona profundamente que, en lugar de fortalecer las condiciones materiales, políticas y culturales que permiten a las comunidades continuar con sus prácticas ancestrales de cuidado territorial, el Estado y los mecanismos internacionales de financiamiento climático insistan en promover instrumentos de mercado como vía para la conservación, pues esquemas como los proyectos REDD+, trasladan la lógica mercantil al corazón de los territorios, desdibujando el sentido comunitario del cuidado, condicionando las prácticas tradicionales a métricas externas y fragmentando los vínculos espirituales y culturales que sustentan la relación de los pueblos con sus territorios.
Esta problemática que ya empieza a mostrar sus impactos en Colombia, también se presenta en múltiples comunidades del Sur Global, que están siendo instrumentalizadas para que los emporios extractivos y de explotación de la naturaleza, aparenten estar protegiendo al ambiente mediante la compra de créditos de carbono, cuando en la práctica perpetúan sus prácticas industriales que profundizan la crisis socioambiental y climática. La conservación no puede seguir dependiendo de contratos que benefician a terceros mientras subordinan a las comunidades; debe nacer del reconocimiento real de sus formas de vida, sus conocimientos, que promueven la convivencia y el cuidado de la naturaleza y su autodeterminación para proteger la vida en todas sus formas.