Como organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos y acompañantes de procesos sociales, ambientales y territoriales, queremos manifestar nuestro desacuerdo con las recientes actuaciones del Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios en relación con el Decreto 044 de 2024 proferido por el Gobierno Nacional, el cual tiene por objeto regular la declaración y delimitación de reservas de recursos naturales temporales en el marco del ordenamiento minero-ambiental.
Consideramos que este decreto es un avance importante en el cumplimiento e implementación de lo ordenado en el fallo del Consejo de Estado denominado “Ventanilla minera” de radicado No. 25000234100020130245901 de noviembre de 2022, el cual evidenció la relación entre la falta de coordinación del sector minero y ambiental y la vulneración de derechos colectivos y ambientales.
Denunciamos que en los territorios de las comunidades que acompañamos existen títulos mineros aprobados sin respetar los derechos a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Además, gran parte de estos territorios están en proceso de solicitud para actividades mineras, a pesar de estar ubicados en zonas de conservación in situ, por lo que genera una protección temporal en zonas de importancia ambiental, zonas estratégicas de conservación de recursos hídricos y zonas degradadas que requieren restauración. Con el Decreto 044 de 2024 se intenta subsanar una deuda del Estado Colombiano con el ambiente y quienes defendemos los territorios y todas las formas de vida. Según datos del Ministerio de Minas y Energía, un 19% de los títulos mineros vigentes están ubicados en zonas excluibles de minería (áreas donde no se puede desarrollar minería). Por su parte, el informe de sostenibilidad 2023 del Ministerio de Ambiente sobre el cumplimiento de la Sentencia de la Ventanilla identifica que a noviembre 2023, se identificaron 1021 superposiciones de títulos con áreas excluibles; sobre este tipo de datos el procurador debería desarrollar sus funciones de control y seguimiento.
Asimismo, recogiendo lo señalado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en el fallo de la Ventanilla Minera, se entiende zanjada la discusión sobre los derechos adquiridos de la titulación minera, reconociéndolos desde el derecho público como situaciones jurídicas consolidadas, que no son inmutables (pero tampoco desconocen los principios de legalidad y de buena fe), por lo que consideramos que continuar con narrativas a favor de los derechos adquiridos es desconocer los distintos pronunciamientos de las Cortes. Este ya no es momento para dar discusiones resueltas por el Consejo de Estado.
Si bien, expresamos nuestro apoyo público al Decreto 044 de 2024, consideramos pertinente hacer algunas observaciones ante lo que vemos riesgoso en él. Es por ello que instamos al Ministerio de Ambiente y las autoridades competentes a que tomen las medidas necesarias para que este no se convierta en otro instrumento para el saqueo de los territorios y la perpetuación del actual modelo económico extractivo en Colombia, por lo que solicitamos se aclare cuál es el alcance de este decreto, ¿qué pasaría si después del periodo de los 5 años de duración de estas zonas de reserva temporal, los estudios científicos pagos por capitales extranjeros de multinacionales, logran burlarse, como siempre lo han hecho, del principio de precaución, del gobierno y de la autonomía de los pueblos y se termina considerando que estos territorios son aptos para el desarrollo de la minería? Sería esta una medida que a corto plazo frenaría los proyectos, pero que a largo plazo dejaría la puerta completamente abierta al desarrollo de cualquier proyecto minero en estos territorios.
Finalmente, manifestamos que el Decreto 044 de 2024, es tan sólo una de las tantas acciones que debe realizar la institucionalidad minero-ambiental para el integral cumplimiento del fallo de la Ventanilla Minera, por lo que les exigimos que sean diligentes en el cumplimiento de las órdenes mandatadas por el Consejo de Estado, y al Ministerio Público, en especial a la Procuraduría, le exigimos que sea garante del cumplimiento, en lugar de entorpecer la protección de los derechos fundamentales por cuya efectividad debe velar.
