Durante los meses transcurridos de pandemia, territorios, naturaleza y derechos ambientales han sufrido graves embates, los cuales no pueden considerarse aceptables, mucho menos benéficos o carentes de interés, como se han pretendido presentar.

La campaña presidencial de Iván Duque es recordada por su promesa de no permitir el fracking en Colombia, pero su política ha sido la de promover dicha técnica, incluidos proyectos pilotos. Tampoco debería pasar inadvertido el intento del Gobierno de propiciar la participación ambiental por medios virtuales en medio de la cuarentena, como en el caso de audiencias públicas ambientales y consultas previas, en tanto el acceso de pueblos indígenas y comunidades rurales a internet es visiblemente dispar en comparación con el de poblaciones urbanas. En 2020 la deforestación se mantuvo como una de las principales problemáticas ambientales del país, en tanto que los focos de fuego incrementaron ostensiblemente en la Amazonía.

En este periodo también se ha trabajado desde el Gobierno por desmontar y/o reducir el control y licenciamiento ambiental para industrias extractivas y contaminantes, y más recientemente se retiró del cargo a la anterior directora de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales, Julia Miranda. Aunque existan diversos asuntos por debatir y transformar en la gestión de las áreas que hacen parte de dicha entidad, de la anterior gestión se subraya la oposición a proyectos turísticos y de infraestructura en áreas protegidas, proyectos que podrían cobrar viabilidad bajo la nueva dirección de Orlando Molano, dado su perfil en arquitectura, gerencia de construcciones y administración de negocios. Puede querer imponerse el cuidado y manejo del patrimonio ambiental como mercado, pero esto de ninguna manera puede llegar a ser aceptable.

Sin duda el análisis y retrospectiva de 2020 está marcado por la pandemia de Covid-19, sobre la que mencionamos su relación con la crisis ambiental, determinada por su posible origen en la destrucción antrópica de hábitats en los cuales los virus se encuentran en condiciones controladas, subrayando entonces la responsabilidad humana al respecto. Es imprescindible abogar e incidir por una recuperación justa, que conduzca a transformaciones urgentes. De ninguna manera puede considerarse corriente o natural el estado de cosas promovido desde el Gobierno y sectores de poder.

Hoy día, a pesar de contar con el Acuerdo de Paz que llevó a las FARC-EP a dejar las armas y emprender la lucha política pacífica y democrática, y contar con un punto específico para buscar la solución a la problemática de cultivos de uso ilícito, el gobierno no solamente incumple su aplicación sino que entorpece la misma. De manera procaz desde el Ministerio de Defensa se justifica la erradicación mediante la aspersión con glifosato como forma de acabar con la generación de recursos que son utilizados por los responsables de masacres y asesinatos de líderes y lideresas en el país.

De esa forma se levanta una cortina de humo para evadir la responsabilidad del Estado ante la crisis humanitaria y de derechos que vivimos este año como en los peores ciclos de violencia en Colombia. Lo anterior en lugar de adoptar medidas urgentes y efectivas para proteger las vidas, de garantizar que la impunidad no siga siendo el común denominador de las investigaciones y se detenga el fenómeno de violencia y asesinatos. Pero no se trata sólo de la desprotección y carencia de políticas y medidas adecuadas, sino de los ataques y acciones lesivas de parte de diversas instituciones del Estado hacia la población y la inacción y validación por parte del Gobierno.

El incremento de los asesinatos y masacres afectan de manera particular a personas defensoras ambientales y derechos humanos, miembros de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, con inadmisibles niveles de impunidad y sobre todo la responsabilidad de miembros del Estado en los mismos. No puede aceptarse que integrantes del Ejercito estén involucrados en el asesinato de campesinos, o que oficiales de la policía torturen y asesinen ciudadanos, y que ante la justa indignación y movilización social, la respuesta sea más asesinatos a manos de la fuerza pública y la falta de acción y condena desde los mandos centrales. La memoria colectiva no puede dejar en el olvido la violación de niñas y mujeres indígenas por miembros del Ejercito en distintos departamentos.

Dichos niveles de violencia son exacerbados mediante la criminalización estatal hacia líderes y lideresas sociales, como acaba de repetirse en días recientes con las detenciones arbitrarias de tres líderes campesinos, instaurando el mensaje de amenaza y represión a la legitima organización social.

Frente a todo lo anterior, la resistencia, movilización, unidad y creatividad no sólo tienen que ser un deber, sino cobrar mayor vigencia. El momento actual de país nos demanda unirnos, pensar y crear nuevos caminos y formas de lucha contra las violencias y por la defensa de la vida, los territorios y la naturaleza.

Tiene que ser un principio y una obligación la búsqueda de condiciones de vida digna, con justicia social, económica, de género y ambiental. Es necesario insistir en la transformación cultural y de relaciones con la naturaleza de la cual hacemos parte; apelamos a la creatividad entendiendo la necesidad de generar otros lenguajes, escuchar otras voces e iniciativas, y sobre todo avanzar en propuestas concretas para las transformaciones que citamos como urgentes: transición energética, agroecología y manejo comunitario de bienes comunes, entre otras.