Censat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, lamenta profundamente la intensificación de los incendios forestales en el país, particularmente en la Amazonía, donde la emergencia se repite año tras año en la temporada seca, desde enero hasta abril, en zonas de bosque húmedo donde el fuego difícilmente puede achacarse a condiciones climáticas. En esa vía, reprobamos la gestión gubernamental para prevenir y evitar esta situación, pues las condiciones propicias para los incendios se gestan desde fines del año previo con la tala y roza de las selvas que posteriormente serán incendiadas; así, quienes más se benefician de estas prácticas parecen operar sin que se evidencie claramente una intervención de entidades estatales para evitarlas o sancionarlas.
En los últimos años la pérdida de cobertura boscosa se ha convertido en uno de los mayores problemas ambientales que enfrenta Colombia: entre 2012 y 2018 se perdieron más de un millón trescientas mil hectáreas, dejándonos entre los países con mayor superficie arrasada en el mundo. Además, megaincendios como los de Brasil o Bolivia, que han encendido alarmas en todo el mundo, son una realidad cada vez más próxima en Colombia, por la extensión y frecuencia de los mismos, que los hará imposibles de apagar, como señala Dolors Armenteras, una de las personas que más ha estudiado los incendios forestales en nuestro país. En el mes de enero de 2022, satelitalmente se detectaron 156 puntos de calor en la Amazonía colombiana, es decir escenarios de incendios o potenciales puntos de fuego, lo que es ocho veces más que en enero de 2021, cuando la cifra fue de 19. No obstante, el fuego se extiende también por zonas de la Orinoquía y otros departamentos como Cundinamarca, Boyacá y Bolívar.
Diferentes organizaciones sociales, academia y congresistas, hemos expresado nuestra preocupación por el lamentable abordaje gubernamental de un fenómeno complejo que conjuga variables políticas, sociales, económicas y culturales, con las ecológicas. Tristemente, lo que se ha privilegiado en el gobierno de turno es una respuesta militar a través de la Operación Artemisa, con la que se han realizado detenciones y judicializaciones que, más allá de su espectacularidad mediática, se han centrado en el campesinado empobrecido y no atienden las causas estructurales de la pérdida de selvas. Así mismo, resulta irresponsable el asociar las quemas principalmente a actores ilegales, como ha sugerido el ministro de Defensa, Diego Molano, desconociendo los entramados ya identificados por analistas, que relacionan acaparamiento de tierras, deforestación y poder político en Colombia.
Rechazamos, además, el reduccionismo gubernamental de las selvas a sumideros de carbono, una importante función en materia de regulación climática, pero a la cual parece limitarse la importancia de su preservación, ignorando que de su buena salud dependen también ciclos hidrológicos, conservación de suelos e incluso la prevención de enfermedades infecciosas y virus, cuya emergencia suele ir asociada a la pérdida de hábitat de distintos animales. En esa medida, queremos retomar la consigna de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, “Amazonía viva, humanidad segura”, para reclamar también unos Andes, una Orinoquía, un Pacífico y un Caribe donde la vida en todas sus formas, incluida la humana, estén en el centro.
Las alertas en 597 municipios del país por incendios forestales, las denuncias de campesinos y campesinas en Meta y Guaviare por abusos en el marco de la Operación Artemisa, la inequidad en la distribución de tierras en el país, e incluso la inseguridad alimentaria que padece Colombia, son elementos que nos llaman a un debate amplio, plural, territorializado que permita plantear alternativas reales para hacer frente a la retórica ambiental del Estado colombiano, cuyas acciones parecen limitarse a un aumento de pactos nacionales e internacionales, promesas, programas y operaciones, pero sin asidero en la realidad nacional.
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