El llamado de las comunidades en La Guajira al Gobierno del presidente Gustavo Petro es pasar del discurso a las acciones de hecho, que materialicen la transición energética justa, dando solución a las problemáticas ambientales latentes en el territorio.

La falta de acceso a agua potable, el hambre y la desnutrición, son algunas de las principales problemáticas socioeconómicas que han mantenido al departamento de La Guajira en una profunda crisis humanitaria. Pero el hecho de que sean problemáticas de larga data, no significa que sean inherentes a la zona, sino que son consecuencia del abandono estatal y el sacrificio del territorio y sus habitantes, principalmente causado por la actividad minera de carbón a gran escala. 

En la semana de Gobierno Territorial desde La Guajira realizada los últimos días de junio de 2023, cuyo propósito fue atender la crisis latente que enfrenta el departamento y las comunidades wayúu, afroguajiras y campesinas por la escasez del agua y sequía (situación cada vez más agudizada por la vulnerabilidad del territorio a la crisis climática), el presidente Gustavo Petro y su gabinete, visitaron la ranchería de Paradero en el municipio de Albania. Tal como lo introdujo la ministra Susana Muhammad, este encuentro fue un espacio para “dialogar sobre los efectos de un desarrollo mal planificado (…) de aquellos impactos y efectos lentamente acumulados, poco identificados, no vistos, que terminan generando desastres humanitarios como la situación de hambre que tenemos en la alta Guajira, porque hemos sido incapaces como gobierno de ver las conexiones de corto, mediano y largo plazo”. 

El reconocimiento por parte de un gobierno nacional de la relación entre la situación humanitaria en el departamento y la actividad minera a gran escala es histórica, como histórica es que haya sucedido en una de las rancherías que se han opuesto al proyecto carbonífero con más fuerza, tanto así que fue denominada por Carbones del Cerrejón como territorio de resistencia, tal como lo señaló su autoridad tradicional Aura Robles: “Cerrejón nos llamó territorio de resistencia y nos gustó que nos llamaran así, porque eso es dignidad y la dignidad no se vende”. 

De ahí que uno de los puntos centrales anunciados por el mandatario, con el que concuerdan sectores de la sociedad civil y organizaciones como las articuladas en la plataforma La Guajira le habla al país conformada por el Cinep, Cajar y Censat Agua Viva, es que no es viable realizar más extracción minera de carbón en ese departamento, por las afectaciones socioambientales que ocasiona la minería a gran escala, entre ellas la agudización de la crisis climática por la extracción y quema de carbón, la contaminación del aire, el acaparamiento de agua y el desplazamiento de comunidades. Al respecto, el presidente se refirió al conflicto socioambiental latente causado por el desvío del arroyo Bruno intervenido por la multinacional Suiza Glencore, única dueña de El Cerrejón, y señaló: “el arroyo Bruno no debe ser desplazado” ni tampoco explotado para la obtención de ganancias por parte de la empresa.

Ver: Diálogo de Petro con las comunidades de Albania en La Guajira

La desviación del arroyo Bruno, un conflicto socioambiental latente en La Guajira

El caso del arroyo Bruno en La Guajira es una de las muestras más fehacientes de los impactos y afectaciones ocasionadas por la expansión de la extracción minera de carbón a las fuentes de agua locales, como lo ha documentado Censat Agua Viva en la investigación “La urdimbre del agua y del carbón”, El Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de Latinoamérica, en el año 2017 desvió el arroyo en la parte baja, reorientándolo 700 metros hacia el norte, para luego devolverlo a su cauce natural hasta desembocar en el río Ranchería, con el fin de ampliar la exploración y explotación por medio del tajo minero conocido como La Puente. 

Ver: “Liberen el arroyo Bruno”.

La lucha de las comunidades Wayúu por devolver el afluente a su cauce natural y evitar la explotación de su lecho, cobra aún más relevancia en un territorio semidesértico como La Guajira, con dificultades de acceso al agua potable y bajos niveles de lluvia durante el año. Las comunidades, en la búsqueda por la protección de sus derechos y del afluente ante su desviación, interpusieron en el año 2017 una acción de tutela que fue fallada a su favor por la Corte Constitucional a través de la Sentencia SU698-17, emitida para proteger el derecho a la salud, al agua y a la seguridad alimentaria de la población local, vulnerados a causa del desvío.

Para proteger esos derechos, en la Sentencia se contemplaron una serie de medidas de protección, como la creación de una mesa interinstitucional con entidades estatales y representantes de las comunidades, para determinar, con base en estudios técnicos, si se debía mantener el desvío del arroyo o devolverlo a su cauce natural; sin embargo las comunidades denunciaron que la orden no estaba siendo acatada. Justamente, a finales de 2021 Censat Agua Viva, Cinep y Cajar hicimos una  misión en terreno para la verificación del cumplimiento de las órdenes, donde comprobamos la reanudación e intensificación de actividades mineras en inmediaciones al tajo La Puente, pese a la orden de la Corte Constitucional de suspender las obras hasta tanto se realizara una estudio de impacto social, ambiental y cultural de la obra en el lugar.

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Por lo anterior Luis Misael Socarrás líder Wayúu de La Gran Parada, hizo un llamado al presidente y al Ministerio de Ambiente a devolver el arroyo Bruno a su cauce natural porque “sin agua no tenemos vida en La Guajira”, y destacando la necesidad de que “se revisen y no se otorguen más permisos para exploración y explotación donde están las fuentes hídricas de La Guajira”. En esta misma vía, Petro recalcó que, en la actualidad, más que hablar de ampliación de los tajos mineros debe hablarse y planearse el cierre de las minas, teniendo en cuenta que “la humanidad decretó el fin del carbón”. Además declaró que la planificación del cierre de minas, como eje central del gobierno en el sur del departamento, “debe ser discutido con las comunidades”.

El tema del cierre minero ha sido uno de los que desde Censat Agua Viva consideramos que es esencial analizar y abordar, a partir del robustecimiento de la normativa colombiana al respecto, de forma que se garantice plenamente que las empresas respondan por los impactos de su accionar durante décadas de actividad, y reparen integralmente a las comunidades y los territorios afectados por la explotación minero energética. Para ello, es necesario contemplar, gestionar y financiar el manejo de los impactos a perpetuidad, tanto ambientales como socioculturales, que, como algunos líderes mencionaron durante la semana de gobierno en La Guajira Guajira, “son heridas profundas que quedarán por generaciones”. Entre las peticiones que desde el municipio de Albania recalcaron las comunidades, está la ampliación de los tiempos del postcierre y la exigencia específica a Carbones del Cerrejón, de hacer proyecciones más realistas para esta etapa, que se piensa apenas para cinco años en su Plan Preliminar de Cierre. 

Este es un tema que también hace parte del proyecto de Ley sobre Democracia Ambiental que impulsamos desde el Movimiento Nacional Ambiental, en la cual se plantean mecanismos de participación para la sociedad civil y particularmente para las comunidades afectadas por la actividad minera frente a las distintas etapas que implican los proyecto, incluyendo la de cierre, que poco ha sido pensada en Colombia. Se busca que las necesidades y propuestas de quienes han vivido directamente los conflictos e impactos de la explotación sean tenidas en cuenta en la planificación de la fase final de la actividad extractiva, que es obligación de la empresa. Esta iniciativa legislativa podría ser un camino para materializar lo que el presidente declaró como eje central del accionar del Gobierno al sur de La Guajira: el seguimiento y evaluación a la planificación del cierre minero.

Como lo mencionó Maria de los Ángeles García, líder afroguajira de Manantialito y Crucetal, es importante “revisar que la transición energética no imponga más cargas a las comunidades y el territorio que durante décadas ha sido condenado al sacrificio”.