Cada 22 de julio, el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto nos recuerda que la disputa nunca ha sido únicamente por la extracción de minerales. Ha sido, sobre todo, una disputa por el poder de decidir qué territorios pueden convertirse en zonas de sacrificio, quiénes se benefician de la explotación de la naturaleza y quiénes asumen sus costos sociales, ambientales y culturales.
Durante décadas, comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y organizaciones ambientales han demostrado que la megaminería no puede evaluarse únicamente por sus indicadores económicos ni por el cumplimiento formal de requisitos administrativos. Lo que está en juego es un modelo de desarrollo que concentra riqueza, externaliza los impactos ambientales y reduce los territorios a reservas de materias primas para abastecer mercados cada vez más distantes de quienes soportan sus consecuencias.
Sin embargo, el debate público ha sido desplazado hacia otro terreno. La creciente preocupación por la minería ilegal —plenamente justificada por su relación con economías criminales y por los graves daños que ocasiona— ha terminado configurando una falsa dicotomía: mientras la minería ilegal aparece como el gran enemigo, la minería «legal» comienza a presentarse implícitamente como parte de la solución.
Ese desplazamiento discursivo resulta profundamente funcional al poder corporativo.
Combatir la minería ilegal es una obligación del Estado, pero convertirla en el centro exclusivo del debate invisibiliza preguntas mucho más profundas: ¿puede considerarse legítima cualquier explotación minera por el solo hecho de contar con un título o una licencia? ¿La legalidad administrativa basta para garantizar justicia ambiental? ¿Quién decide dónde puede hacerse minería y quién responde cuando los impactos persisten durante décadas?
La experiencia colombiana demuestra que no. Algunos de los conflictos socioambientales más profundos del país han surgido precisamente alrededor de proyectos plenamente autorizados. La legalidad no ha impedido la degradación de ecosistemas, la afectación de las fuentes hídricas ni la fractura de las dinámicas sociales de los territorios. La licencia ambiental no puede confundirse con una licencia social ni, mucho menos, con una licencia ética.
Aun así, cuestionar esta realidad ha comenzado a tener un costo político. Expresiones como «falso ambientalismo» o «ambientalismo histérico» buscan desacreditar las voces críticas y desplazar el debate desde los impactos estructurales de la megaminería hacia la supuesta irracionalidad de quienes los denuncian. Mientras la minería ilegal evade al Estado, la gran minería disputa crecientemente la orientación del Estado. Ese es el verdadero problema.
No hablamos únicamente de extracción de minerales. Hablamos de poder corporativo: de la capacidad de influir sobre la regulación, orientar la planificación territorial, moldear la opinión pública y presentar determinados proyectos extractivos como una necesidad incuestionable para el desarrollo nacional. Hoy ese poder encuentra un nuevo argumento en la crisis climática.
La urgencia por abandonar los combustibles fósiles ha disparado la demanda de cobre, litio, níquel, grafito y otros minerales considerados estratégicos para la transición energética. A ello se suma la expansión acelerada de la inteligencia artificial, los centros de datos y la infraestructura digital, que incrementan exponencialmente el consumo de minerales, agua y energía.
No asistimos únicamente a una transición energética. Asistimos a una profunda reconfiguración del capitalismo contemporáneo.
La respuesta dominante a la crisis climática no está transformando las relaciones económicas que hicieron posible esa crisis; está reorganizando el extractivismo para adaptarlo a una nueva etapa tecnológica. Cambian las fuentes energéticas, pero no necesariamente las formas de acumulación, la concentración del poder ni la lógica de convertir los territorios en proveedores de recursos para sostener el crecimiento económico.
Por eso es pertinente hablar de una transición corporativa.
Se trata de una transición que promete descarbonizar la economía sin democratizar el poder. La naturaleza deja de ser únicamente una fuente de materias primas para convertirse en el soporte material de la economía digital, la inteligencia artificial y las nuevas cadenas globales de suministro. La paradoja es evidente: la respuesta dominante frente a la crisis ecológica corre el riesgo de profundizar los mismos mecanismos de desposesión territorial que la originaron.
Esta dinámica tampoco puede comprenderse al margen de la geopolítica. Los minerales estratégicos/críticos/necesarios ocupan hoy un lugar central en las políticas de seguridad nacional de las principales potencias. Bajo nuevos lenguajes asociados a la resiliencia económica y la competencia tecnológica reaparece una lógica histórica según la cual América Latina continúa siendo concebida como un espacio destinado a garantizar el abastecimiento de recursos indispensables para el Norte Global. Cambian las tecnologías; persiste la división internacional del poder.
La pregunta entonces deja de ser únicamente cómo enfrentar la crisis climática y pasa a ser quién asumirá los costos de la transición.
Ese interrogante adquiere mayor relevancia cuando, en nombre de la urgencia climática, comienzan a relativizarse derechos alcanzados durante décadas. La participación ciudadana, la consulta, el acceso a la información ambiental e incluso la protesta social son presentados con frecuencia como obstáculos para acelerar proyectos considerados estratégicos. Existe el riesgo de que la crisis climática termine legitimando formas cada vez más autoritarias de gobernanza ambiental, donde determinados territorios son convertidos en zonas permanentes de sacrificio para garantizar la seguridad energética y tecnológica de otros. Colombia enfrenta hoy ese dilema.
El fallo del Consejo de Estado sobre la Ventanilla Minera representa una oportunidad para corregir décadas de otorgamiento irresponsable de títulos y reafirmar que el ordenamiento ambiental del territorio no puede subordinarse a la expansión indiscriminada de la frontera extractiva. Las instituciones del Estado deberían actuar en plena coherencia con ese precedente, especialmente cuando aumenta la presión por acelerar proyectos asociados a los llamados minerales para la transición.
En esa misma dirección, el Decreto 742 de 2026 sobre cierre de minas abre un debate impostergable. Cerrar una mina no puede significar únicamente cumplir un procedimiento técnico. Significa asumir responsabilidades por los impactos acumulados, garantizar la restauración de los ecosistemas, reparar integralmente los daños ocasionados y evitar que los pasivos ambientales terminen siendo trasladados a la sociedad una vez las empresas abandonan los territorios.
Los debates que hoy atraviesan proyectos como Carbones del Cerrejón (Glencore), Minera de Cobre Quebradona (Anglo Gold Ashanti), Copper Giant (Libero Copper) o Santurbán (Aris Mining) muestran que la discusión ya no puede limitarse a la viabilidad técnica de la minería. Lo que está en juego es quién decide sobre los territorios, cuáles son los límites democráticos al poder corporativo y qué entendemos realmente por desarrollo en tiempos de crisis climática.
Por eso, este 22 de julio no debería convocarnos únicamente a denunciar los impactos de la megaminería. Debería invitarnos a disputar el sentido mismo de la transición.
Necesitamos abandonar la falsa elección entre minería ilegal y minería «legal». La primera debe ser combatida con toda la capacidad del Estado. Pero la segunda no puede seguir refugiándose en la legalidad para eludir el debate sobre sus impactos, sobre la concentración de poder que produce y sobre los límites democráticos que toda sociedad debe establecer cuando están en juego el agua, la biodiversidad y la vida.
La verdadera transición no será aquella que sustituya combustibles fósiles por minerales críticos mientras mantiene intactas las relaciones de dominación que organizan el extractivismo. Será aquella capaz de redistribuir el poder sobre los territorios, fortalecer la democracia ambiental y reconocer que existen bienes comunes cuya protección debe prevalecer sobre cualquier interés económico.
Ese es el sentido que conserva el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. No recordar únicamente los impactos de la megaminería, sino advertir que la disputa decisiva de nuestro tiempo no es solo por los minerales. Es, sobre todo, por quién decide el futuro de los territorios y bajo qué proyecto de sociedad queremos enfrentar la crisis climática.