Por: Catalina Serrano – Área de Agua, bien común
El lunes 8 de abril el nuevo alcalde de Bogotá anunció racionamientos de agua, como medida de emergencia ante el descenso en los niveles de los principales embalses que conforman el sistema de acueducto de la ciudad, situación que hace visible la crisis de agua.
La disposición se aplicará de manera escalonada y se extenderá durante el tiempo necesario hasta que se presenten cambios en la tendencia, definida por el descenso en los niveles de los embalses: de acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, de los tres subsistemas centrales, el Agregado Norte tiene un nivel descendente de 55%, el Agregado Sur mantiene una tendencia estable de 42% y el sistema Chingaza, el más afectado, tiene una tendencia descendente y un nivel de 16% de su capacidad total.
A partir de este anuncio, los medios de comunicación y las redes sociales han abordando la problemática desde diferentes puntos de vista, aunque coincidentes todos en el uso de adjetivos como preocupante y alarmante, al tiempo que se impulsan campañas que invitan a cambios en el comportamiento a través de lemas como “cada gota cuenta” y “seamos solidarios con Bogotá”. Las consecuencias del problema y de las decisiones del Gobierno Distrital, sin embargo, no afectan a todo el mundo por igual, y por eso proponemos analizar la crisis desde el punto de vista de la justicia hídrica.
Un concepto que ha ganado creciente espacio en el debate público, es el de seguridad hídrica, usado no sólo en medios sino también en documentos de gobierno como el Plan de Seguridad Hídrica de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAP-E, que lo define como el “acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua”, de la mano con un segundo concepto central, el de la gobernanza del agua.
De acuerdo con Germán Villa, en el libro de Censat Agua Viva “Las políticas del agua hoy: nuevos mecanismos de privatización en la era de la economía verde”, lo problemático con estos conceptos es que son profundamente ambiguos, pues pueden significar tanto el fomento de la conectividad ecológica, como el creciente protagonismo del sector privado en el control del agua.
De hecho, no existen parámetros específicos que definan qué es acceso sostenible al agua y, tampoco cómo favorecer la equidad en el acceso. En sus vertientes más conservadoras, la seguridad hídrica puede significar la garantía de un acceso mínimo para algunos, al tiempo que el acaparamiento de grandes cantidades para otros.
“Es necesario cuestionarse en cuántas manos está distribuida el agua, si esto es justo o no, y quiénes son los excluidos de este sistema”.
Francisco Peña, 2022
Por eso instamos a poner en cuestión el concepto de la seguridad hídrica para apostar, en consonancia con lo planteado por diferentes movimientos sociales y sociedad civil, por un horizonte de justicia hídrica, el cual nos trae a la vista realidades invisibilizadas. La pregunta por la distribución del agua en Colombia presenta datos inquietantes sobre el índice de concentración de este bien común en pocas manos. Si bien el Índice Gini de concentración de la tierra en el país es el más alto del continente acercándose a 0,8 (mientras más cerca de 1, más desigualdad existe en la distribución de un bien común), nos sorprenderá saber que, de acuerdo a estudios de la última década, el Índice Gini de concentración de agua en Colombia es del 0,9.
De acuerdo con María Cecilia Roa y Sandra Brown quienes realizaron este estudio, que se fija en las concesiones de agua, es decir los derechos sobre el agua otorgados por las Corporaciones Autónomas con un volumen determinado a diversos actores, los sectores que más consumían agua en el país son la agricultura, seguida por la industria hidroeléctrica. El 58 % de las concesiones, así como el 58 % del volumen de agua se asigna para actividades agrícolas, y el 32 % de las concesiones son para uso doméstico, que representan el 16 % del volumen total de agua asignada.
Los datos varían de acuerdo a si se cuentan el número de concesiones otorgadas, o el volumen de agua otorgada. De cara al número de concesiones asignadas, los mayores concesionarios del país son los ingenios azucareros, seguidos por el sector de hidrocarburos. Pero si se tiene en cuenta el volumen asignado, el sector hidroeléctrico concentra el 60 % de las concesiones con volúmenes superiores a 150 millones de m3/año.
De lo anterior se desprenden varias conclusiones, la primera es que la concentración del agua en Colombia está asociada a la concentración de la tierra. El hecho de que sean los ingenios azucareros quienes cuentan con mayor número de concesiones en el país, llama la atención sobre el fuerte impacto que tienen los monocultivos agroindustriales en el acaparamiento del agua, según el Estudio Nacional del Agua, citado en el Informe Nacional del Derecho al Agua en Colombia, la gran demanda del agua del sector agrícola se concentra especialmente en actividades como los pastos, el plátano, el arroz y la caña de azúcar.
En la medida en que el mercado mundial es el destino de los productos agroindustriales, cuya elaboración requiere gran cantidad de agua, su exportación implica exportaciones indirectas de agua.
Censat Agua Viva, 2022
Ante una crisis de agua en el ámbito nacional, tiene sentido que los racionamientos no recaigan en el sector doméstico, sino que se concentren en los sectores que tienen un mayor consumo del líquido. En Bogotá el 91% del consumo es residencial y el otro 9% se distribuye entre usuarios comerciales, industriales, oficiales, y usuarios especiales. De acuerdo con el estudio de Indicadores de Consumo de Agua y Energía Eléctrica de Bogotá de 2020 el mayor consumo de litros de agua por día se concentra en los estratos 2 y 3, sin embargo al cruzar esta información con el número de habitantes por estrato, se constata que los mayores consumos por persona se encuentran en los estratos 4, 5 y 6, que consumen 115, 139 y 171 litros de agua por persona al día, lo que contrasta con los 68 litros al día que consume una persona de estrato 1.
La desigualdad en términos de acceso y uso del agua se expresa de diferentes maneras, sin embargo, una que es muy clara tiene que ver con las desigualdades entre el campo y la ciudad. De acuerdo con Selene Lozano, habitante del territorio rural de La Calera (uno de los municipios en los que se encuentra el Parque Nacional Natural Chingaza y aloja el embalse de San Rafael y la Planta de Tratamiento Wiesner, cumplir con este rol de servicio para Bogotá “significa una gran injusticia, una forma de colonización y subordinación de nuestro territorio que afecta todos nuestros derechos”.
Su afirmación se basa en que la construcción del embalse generó desplazamientos de familias campesinas, así como el descenso de los niveles freáticos del sector, lo que se traduce en menos agua disponible para el desarrollo de las actividades cotidianas. Por otro lado, las elevaciones de nivel del embalse se han superado a través de descargas sobre el río Teusacá que atraviesa el municipio, lo que ha generado en el pasado importantes inundaciones. De hecho, parte de los acuerdos incumplidos por parte del Acueducto de Bogotá con el municipio de La Calera tienen que ver con la elaboración de un Plan de Gestión de Riesgos que atienda a estas previsibles contingencias.
Este es solo un ejemplo de las diferentes afectaciones territoriales que enfrentan quienes son vecinos de Bogotá. En la Orinoquía por su parte, se han denunciado los fuertes impactos que para toda una región tuvo la construcción del proyecto Chingaza I que extrae de las cuencas hídricas de la Orinoquía 14 metros de agua por segundo, dejando una cantidad mínima en el caudal del río Guatiquía, anteriormente navegable y uno de los más importantes para Villavicencio, Meta. Las afectaciones a este cauce desconocen los flujos cíclicos de este ecosistema y le generan desequilibrios como una menor sedimentación y, por ende, una mayor tendencia a las inundaciones.
Ante esto, es importante objetar a aquellas voces que, en medio de la crisis, reclaman vociferantes la construcción de un Chingaza II como solución al problema. Lo que nos enseñan experiencias como las de la ciudad de Montevideo, Uruguay, que enfrenta una fuerte emergencia hídrica desde el año pasado, es que el miedo en la ciudadanía contribuye a justificar medidas de emergencia tendientes a la privatización del agua, bajo el ensueño de que el sector privado podrá operar con mayor eficiencia y eficacia. Se trata de políticas cuyo desastroso desempeño ya ha sido demostrado, como en el caso de los llamados Planes Departamentales de Agua que, en lugar de contribuir al abastecimiento de manera equitativa, han generado procesos de alto endeudamiento del país con la banca multilateral. Como alternativa, hay que insistir en que la ciudadanía y las organizaciones tengan una mayor autonomía y participación en las decisiones sobre el agua y su gestión, ya sea a través del fortalecimiento de los acueductos comunitarios en las zonas rurales, como con la participación y representación política de la ciudadanía en la formulación de herramientas y programas de ordenamiento territorial y acción climática para Bogotá.
