Por: Johana Paola Peña Gómez – Área de Selvas y Biodiversidad

Desde que Gustavo Petro se posesionó como presidente de Colombia el término “canje de deuda por naturaleza o por acción climática” comenzó a circular en las discusiones públicas. Se ha especulado sobre si este mecanismo financiero traería consigo grandes beneficios económicos, sociales y ambientales, al tiempo que detractores, incluso dentro del mismo gobierno, argumentan que no es una propuesta viable porque Colombia ni siquiera tiene moratoria de deuda externa que pudiera permutar por sus bienes naturales.

Pero de fondo ¿en qué consiste el canje de deuda por naturaleza o por acción climática?

Se trata de un mecanismo financiero que surgió en la década de los ochenta, durante la crisis de la deuda en América Latina y el Caribe. Se originó en Estados Unidos mediante la iniciativa de dos grandes ONGs conservacionistas, The Nature Conservancy (TNC) y World Wildlife Fund (WWF), que “constataron” la forma en que los países de rentas bajas y medias recortan el gasto público y los programas de protección de los “recursos naturales” para honrar el pago de la deuda externa y sus intereses (Guerrero-Cupacán, 2023; Vargas, 2023).

La gran mayoría de los canjes de deuda por naturaleza son procesos en los que un país del norte global (acreedor) negocia el recorte de la deuda externa de un país de renta baja o media (deudor), a partir de lo cual, un banco comercial del país acreedor vende en el mercado financiero los títulos soberanos de la deuda¹ restantes con un descuento. Posteriormente, estos títulos son comprados por una ONG internacional (nuevo acreedor privado) que se encarga (en algunos casos a través de la creación de fondos o fiducias) de cobrar los intereses de la deuda en moneda local, para invertirlos en proyectos de conservación ambiental o en estrategias de mitigación y/o adaptación al cambio climático (Ortega, 2008; Laixhay, 2023; Vargas, 2023).

Para ejemplificar mejor este concepto, supongamos que usted le debe 1.000 dólares a un vecino (país del norte global), pero por la mala situación económica que usted atraviesa (caso de Colombia), su vecino empieza a desconfiar de que usted le pueda pagar y por eso él, como acreedor de la deuda, trata de encontrar una solución que los “beneficie a ambos”: le propone que, en lugar de devolverle los 1.000 dólares, solo le retorne 400 dólares para saldar parte de la deuda, pero a cambio, lo condiciona a invertir los 600 dólares restantes en algo que sea “útil” para usted.

El vecino transfiere esos 400 dólares de deuda restante (vende los bonos de deuda) al negocio de un familiar (grandes ONGs conservacionistas), y le pide a usted que le siga pagando el resto de la deuda (por un valor más bajo) en pesos colombianos a dicho familiar. El nuevo acreedor, por un lado, se contactará con usted para definir la forma de pago del préstamo y, por otro, se le indicará qué acciones tiene que realizar para no tener que pagarle intereses, por ejemplo, capacitarse en los temas que él le sugiera, eso sí, pagando usted esas acciones sugeridas que usted no tiene contempladas entre sus gastos (estrategias de conservación y/o acciones para hacer frente a la crisis climática, determinadas por el propio acreedor).

En palabras del Fondo Monetario Internacional (FMI), “los acreedores ofrecen alivio de la deuda [agravada por los efectos fiscales durante la pandemia de covid-19] a cambio de que el gobierno se comprometa, por ejemplo, a descarbonizar la economía, invertir en infraestructura resiliente al clima o proteger la biodiversidad de los bosques o los arrecifes”.

A primera vista, el canje de deuda por naturaleza o por acción climática parece ser una buena propuesta, sin embargo, la implementación de este mecanismo financiero en diferentes países del sur global (como Ecuador, Perú, Belice, Barbados, Costa Rica, entre otros), ha demostrado que los beneficios aclamados por gobiernos, Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) y organismos multilaterales, favorecen únicamente los intereses de empresas privadas, con lo cual estamos frente a una apuesta colonial que perpetúa la relación de dominación de los países del norte sobre los del sur global.

La razón de esta afirmación es que los países deudores se han tenido que enfrentar a una serie de desventajas sociales, económicas y ambientales como resultado de estos canjes, que se resumen en:

• La apropiación de los bienes comunes por parte de acreedores privados: a través de este “canje” el gobierno le entrega el control de territorios altamente biodiversos a agentes externos (grandes ONGs internacionales), que asumen la función del Estado en la toma de decisiones. Según Ortega, este tipo de mecanismos permite que organizaciones conservacionistas se apropien del territorio “a través de programas de investigación, bioprospección, trabajo con la comunidad, mapeamiento, resguardo de los bosques, agua, etc.”, y por ende, conllevan a la privatización de bienes comunes y la pérdida de soberanía.
• La falta de transparencia en los procesos de negociación: este tipo de intercambios se han generado bajo negociaciones sombrías y mantenidas en secreto (Laixhay, 2023). Incluso, se ha podido constatar que se constituyen organizaciones, por lo general en paraísos fiscales, específicamente para manejar los fondos conformados por los intereses que el país debe pagar al acreedor (Ortega, 2023).
• Una recompra que puede aumentar la deuda externa: es clave resaltar que este mecanismo financiero no se constituye en un canje real de la deuda externa, de hecho, se trata de un reemplazo de la deuda antigua con una deuda nueva. Incluso, en casos como el de Belice, se ha identificado un endeudamiento mayor posterior al proceso de “canje”, pues el monto requerido para las acciones de conservación obligó al país a reducir el 10 % en los salarios del sector público, y suspender los incrementos salariales entre los años 2021 y 2022 (Fresnillo, 2023).
• La nula participación de la sociedad civil en las negociaciones: no se han ejercido procesos participativos con las comunidades locales que habitan los territorios de los países donde se ha implementado este mecanismo (Laixhay, 2023), pese a que el control de un lugar por parte de grandes ONGs conservacionistas (financiadas por empresas transnacionales) afectaría seriamente a la población local, que ya no puede transitar libremente por su territorio, sin mencionar que, además, se empezarían a implementar programas de preservación que desconocen las realidades locales y que conllevan al abandono de prácticas culturales y comunitarias.

En el caso de Colombia, el canje de deuda por naturaleza se ha ejecutado en dos oportunidades, la primera entre 1992 y 1993, cuando el país realizó un “canje” con Canadá y Estados Unidos por un total de US$322,8 millones, y un pago adicional al Ecofondo (creado para canalizar los recursos del canje) por un valor de US$54,4 millones (OCDE, 2007 citado en Guerrero-Cupacán, 2023). 

La segunda experiencia se dio en el año 2004, cuando Colombia acordó con Estados Unidos un “canje” por un valor de US$10 millones. Aquí, tanto Estados Unidos como las grandes ONGs conservacionistas, TNC, WWF y Conservación Internacional (CI), contribuyeron con más de US$8 millones (canalizados a través del Fondo Acción) para financiar proyectos de conservación en los bosques tropicales de tres regiones del país (Andina, Orinoquía y Caribe), lo cual le dio mayor poder a las grandes ONGs internacionales en Colombia e invisibilizó el papel de las organizaciones colombianas (Ortega, 2008; Vargas, 2023). 

A pesar de las desventajas retratadas frente a la implementación del canje de deuda por acción climática y/o naturaleza, que en el caso colombiano se evidenció en la pérdida de autonomía del Estado frente a actores privados, imposibilitando el manejo autónomo de los recursos económicos y dando apertura a ONGs para el manejo de bienes comunes a favor de grandes corporaciones transnacionales, el gobierno de Gustavo Petro retoma como propuesta “innovadora”  cambiar la deuda externa para obtener “beneficios” ambientales y climáticos en la Amazonía colombiana (respaldada recientemente por el Gobierno de Joe Biden (Cancillería, 2023; Presidencia de la República, 2023a). A esto se le suma una invitación internacional al FMI para emitir Derechos Especiales de Giro (DEG)² que respalden el pago de la deuda externa del grupo de países endeudados (Presidencia de la República, 2023b).

Paradójicamente, el Gobierno nacional pide ayuda al FMI para solucionar el problema de sobreendeudamiento a través de los DEG, pero pasa por alto que las condiciones del FMI en los casos donde se solicita el repago de la deuda, consisten básicamente en la expansión de actividades extractivistas en el país deudor, que le permite obtener divisas en moneda extranjera y pagar los servicios de las deudas (Rocco 2023). En este sentido, aceptar los DEG para favorecer el pago de la deuda externa legitima la continuidad del extractivismo en Colombia. Por ende, hay una disonancia entre la hoja de ruta del FMI y las acciones climáticas que el presidente Petro pregona se deben implementar para enfrentar la crisis climática.

Ahora bien, considerando que Colombia será el anfitrión de la XVI Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, COP16, (a llevarse a cabo entre el 21 de octubre al 01 de noviembre de 2024 en Cali), es necesario enunciar los riesgos e incoherencias del mecanismo de canje de deuda por naturaleza o acción climática, pues, conforme a lo señalado por la ministra de Ambiente Susana Muhamad en la sexta edición de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-6), una de las apuestas fundamentales para abordar los retos de la crisis climática será “la promoción de enfoques comunes para aumentar iniciativas de canje de deuda por naturaleza”.

Insistimos en que acudir al mecanismo de canje de deuda por naturaleza o acción climática legitima las deudas externas de los países del sur global, deudas que a todas luces son odiosas, inmorales, no éticas e impagables, no solo porque en muchas ocasiones son aceptadas por gobiernos sin una autoridad legítima que, además, no usan el dinero para el beneficio de sus habitantes, sino porque “socavan la capacidad de los países deudores de proteger los derechos humanos de sus pueblos ahora o en el futuro”.

Así mismo, es imperante recordar que los verdaderos acreedores de las deudas son los países y los pueblos del sur global. Es imposible negar que la crisis climática y ecológica de la actualidad es principalmente generada por las excesivas emisiones históricas de los países ricos, y ponerlo de manifiesto resulta fundamental para lograr una justicia socioecológica y climática.
Por ello, más que negociar una deuda ilegítima y promover mecanismos falsos que perpetúan el extractivismo y la destrucción, como la figura del canje de deuda por naturaleza y/o acción climática, es importante partir de la búsqueda por el reconocimiento de la deuda ecológica y climática que países del norte tienen con los pueblos y países del sur “por la destrucción gradual como efecto de las formas de producción y consumo”. Hablamos, entonces, del reconocimiento de responsabilidades, pérdidas y daños generados, así como de la demanda por mecanismos eficaces y reales para la reparación de las deudas históricas, que deben estar ajenas al endeudamiento y condicionalidades.

1. Los títulos soberanos de deuda o bonos son fracciones de deuda que los gobiernos ponen en el mercado (exterior e interior) para ofertar sus necesidades de dinero. Estos vinculan cláusulas de pago e intereses. ↩︎
2. Los DEG son medios de pago propios del FMI que tiene como finalidad completar en divisas extranjeras las reservas nacionales de los países asociados, y ayudarles a cumplir sus compromisos internacionales, como el servicio de la deuda externa (Toussaint y Rivié 2021). ↩︎

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